Conocido en el sector como el hombre con la llave energética de Codelco, el ingeniero cuenta con contactos políticos transversales. Además de su compañía, que ha estado detrás de emblemáticos proyectos, hasta hace unos meses Solari era miembro del directorio de la Corporación para el Desarrollo Sustentable, ONG con la que trabajan mano a mano para vincularse con las comunidades en proyectos complicados. De esta tuvo que desvincularse por conflictos de interés, pero aún siguen trabajando juntos.
Luego de 12 años como miembro del directorio de la Corporación para el Desarrollo Sustentable (CDS), el también gerente general de la consultora en gestión ambiental SGA S.A., Jaime Solari, tuvo que dejar su cargo de tesorero en la ONG.
La salida de la Corporación hace unos meses del hermano del vicepresidente del PS y asesor estratégico de la campaña de Eduardo Frei, Ricardo Solari, no fue casual: estuvo marcada por la molestia de la Conama de Iquique frente a una situación que, según le hicieron ver, mostraba claros conflictos de interés.
Desde el organismo ambiental descubrieron que SGA, encargada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Termoeléctrica Pacífico, donde participan los empresarios Rodrigo Danús y Paul Fontaine, había contratado los servicios de CDS para construir vínculos entre el proyecto y la comunidad.
El objetivo, según explicó Solari, era “lo usual: en vez de generar anticuerpos, explicar el proyecto, identificar los líderes comunitarios, decirles lo que pensamos hacer, cómo podemos ayudarlos y cuál es el proyecto a futuro”.
Pero la ONG liderada por Cecilia Suárez, fue más allá y presentó observaciones en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en contra de otro proyecto termoeléctrico que quería instalarse al sur de Iquique, a una distancia de tres kilómetros de la apuesta de Danús y Fontaine: la Central Patache 2, detrás de la que está la corredora Larraín Vial y ex ejecutivos de Gener.
Técnicamente ambos proyectos son bastante similares, a pesar de lo cual la ONG no realizó observaciones sobre la Central Pacífico.
Al respecto, Cecilia Suárez, explica que “cuando fue la presentación del EIA de Patache, como corporación presenté observaciones pertinentes y no le pregunté a Jaime Solari, porque actuamos independientemente de SGA. Ni se nos ocurrió que pudiera malinterpretarse o que hubiera conflicto de interés”.
[cita]Cuando Jaime Solari salió del Ministerio de Minería en 1994, se fue a trabajar a SGA, que había fundado un año antes, y consolidó su vínculo con Codelco.[/cita]
Solari, en tanto, señala que “yo ni siquiera supe, porque el jefe de proyecto decidió contratar directamente a la Cecilia para que trabajara con nosotros en el proyecto Pacífico y cuando me contaron de la situación decidí renunciar a la Corporación porque estoy en conflicto de interés con el cliente. No era algo que yo hubiera aprobado”.
Jaime Solari tiene un amplio currículum en el mundo ambiental. Su consultora SGA ha estado detrás de proyectos emblemáticos, como la exploración geotérmica del Tatio, las mini centrales hidroeléctricas de pasada Palmar-Correntoso, o el sistema de respaldo de Metrogas en Peñalolén.
También ha asesorado a importantes compañías, como Barrick Gold, Aes Gener, Enap Endesa y Colbún.
Solari tiene vínculos transversales en el mundo político: el padrino de su hija mayor es el abogado de la UDI José Antonio Urrutia. Además es muy cercano al senador Guido Girardi. El socialista asegura que “siempre he pensado que la amistad no tiene ribetes políticos”.
En el sector se lo conoce como el profesional que tiene “la llave energética” de Codelco, lo que él niega. Su relación con el gigante estatal data de principios de los 90’, cuando era jefe de la Unidad Ambiental del Ministerio de Minería. Según explica el ingeniero civil de minas, se valoró su amplia experiencia en el área ambiental, y empezó a trabajar con temas mineros “porque la minería estaba causando serios problemas”.
“La empresa que estaba más atrasada producto de las políticas que habían primado en la década anterior era Codelco, entonces tuve que trabajar mucho con el personal de la compañía trasladando las políticas del ministerio en el tema ambiental hacia la empresa, haciéndoles ver lo que tenían que hacer. Lo mismo con Enami. Ahí conocí a la gente de Codelco”.
Luego, cuando salió del ministerio en 1994 y se fue a trabajar a SGA, que había fundado un año antes, consolidó su vínculo con la empresa del cobre, a la que ha asesorado en grandes proyectos, como la central Termoeléctrica Farellones y el Proyecto Energía Minera.
En 2005 la UDI cuestionó la adjudicación de millonarios proyectos sin licitación por parte de Codelco con Solari, frente a lo cual él rechaza cualquier irregularidad.
Durante esos años, Solari ingresó al Comité medioambiental del Partido Socialista, que funcionó en conjunto con el PPD hasta mediados de los 90. Allí conoció, entre otros, al senador Guido Girardi, al director ejecutivo de Chile Ambiente, Patricio Rodrigo, y a Cecilia Suárez, que también pertenecía al PS.
Con Suárez, que trabajó para la campaña de ME-O, fundó en 1997 la Corporación para el Desarrollo Sustentable. Según ella “éramos la comisión de medioambiente del PS pero finalmente quedamos un grupo y yo personalmente estoy trabajando de lleno en la ONG”. Solari era parte del directorio y fue presidente entre 2001 y 2005, luego de lo cual se transformó en el tesorero, donde entre otras tareas, se encargaba de firmar cheques.
Desde sus inicios, la ONG y la empresa de Solari han trabajado codo a codo. En la web de la corporación se detalla en el ítem “proyectos” un convenio de asesoría en proyectos de participación ciudadana con SGA Ltda.
Consultado por el convenio, Solari explica que el fuerte de su empresa es el diseño estratégico ambiental, “pero en los temas sociales somos bastante más débiles, sobre todo porque no es un tema que me motive mucho, soy ingeniero, no tengo mucha habilidad en eso. Entonces cuando alguien nos pide que trabajemos con la comunidad, subcontratamos a terceros. Dado que la corporación y la Cecilia tienen mucha habilidad en esa materia, los subcontratamos para ciertos trabajos, así que el convenio debe tener que ver con eso”.
Además de la Central Pacífico, hay varios proyectos donde la ONG y la consultora han trabajado juntas. Una de ellas es la Central Termoeléctrica Farellones, en la IV Región, de Codelco. Allí SGA contrató a la corporación liderada por Suárez para establecer un vínculo con el sindicato de pescadores de Totoralillo, donde, según explica Suárez “se estableció una metodología y mesa de trabajo. Fuimos garantes entre las conversaciones entre el sindicato y la empresa”.
El sindicato, representado por los abogados Lorenzo Soto y Álex Quevedo, alcanzó a recibir 350 millones de pesos, ya que antes de que terminaran las negociaciones, Codelco desistió y retiró el proyecto.
En la página de la Corporación aún está publicado el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, realizado por SGA.
Además, trabajaron juntos en torno a la comunidad en la planta de tratamiento de aguas servidas La Farfana, de Pudahuel. “La primera vez que trabajamos en Aguas Andinas fue por invitación de Solari para un trabajo de estudio de impacto ambiental de manejo integrado de lodo en la Farfana. Pero hace tiempo que trabajamos con Aguas Andinas sin hacerlo a través de SGA. Hace como 3 o 4 años hay un convenio directo”, asegura Suárez.
[cita]SGA tiene entre sus clientes a Electroandina, donde Codelco tiene una participación de 67 por ciento. Su Central Termoeléctrica Tocopilla ha sido cuestionada por los pobladores.[/cita]
Según Solari “durante el conflicto con Pudahuel, nosotros le pedimos a Cecilia que nos ayudara a establecer vínculos con la comunidad y ver formas de mitigar los efectos, compensar y establecer relaciones con ellos”.
También se encontraron en Tocopilla. Allí, desde 1999 la CDS mantiene un convenio de asesoría ambiental, técnica y legal al Comité de Defensa del Medio Ambiente de Tocopilla, (Codemat).
SGA tiene entre sus clientes a Electroandina, donde Codelco tiene una participación de 67 por ciento, cuya Central Termoeléctrica Tocopilla -junto a otra termoeléctrica de Norgener- ha sido fuertemente cuestionada por los pobladores y la Codemat, que fue creada por iniciativa de trabajadores de la salud que hicieron lo posible para impedir la aprobación del proyecto.
Solari, señala que “como SGA una vez hicimos una auditoría ahí, hace mucho tiempo atrás. Como CDS lo que queríamos estratégicamente era que en Tocopilla alguien reconociera que es zona saturada y eso fue lo que se hizo y partimos trabajando con Edna Delgado -de Codemat- y el trabajo concluyó cuando el gobierno reconoce que es zona saturada, hay que descontaminarla y emprender acciones. Fue un trabajo de varios años”.
-¿No hay conflicto de interés si ustedes como SGA estaban asesorando a Electroandina?
-Lo de Electroandina es muy anterior, como del 95, dice Solari. (Lea la entrevista completa)
En la presentación en la web de la Corporación para el Desarrollo Sustentable, se define como una “corporación de derecho privado sin fines de lucro, por un grupo de profesionales interesados en la sustentabilidad del desarrollo”.
Su misión es “promover los conceptos del desarrollo sustentable en la sociedad chilena. Sus objetivos son el estudio del desarrollo económico y social ambientalmente sustentable, y las políticas públicas y privadas conducentes a estos fines, así como la difusión de estas ideas. Junto con ello, procura introducir en la comunidad temas relacionados con el desarrollo sustentable y promover la protección del medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad”.
Según explica Cecilia Suárez, estos objetivos no se contraponen con el trabajo que realizan con SGA. Y enfatiza que lo primero que hacen al contactarse con las comunidades es explicarles que representan a la empresa interesada en instalar un proyecto en la zona. “Cuando tomo contacto con los dirigentes les explico las razones de por qué como organización participamos porque nuestro nicho es la participación ciudadana y la resolución de conflictos”.
“Además evaluamos los proyectos en términos de si estamos de acuerdo y luego cotizamos. Como no nos basamos en el lucro tampoco son tarifas tan altas”.
Suárez señala que el convenio que tienen con SGA está en regla con la ley medioambiental 19.300 en lo referido a participación ciudadana. “Cuando tiene proyectos de estudios de impacto ambiental nos cotiza, así como muchas otras empresas con respecto a estudios de participación ciudadana y relación con las comunidades, donde el titular se encarga de los gastos de esos trabajos”.
Según un experto en el tema, que prefiere no revelar su identidad porque trabaja ligado al gobierno, “hay muchas cosas que se llaman participación ciudadana que técnicamente no lo son. La participación que regula la ley es muy simple: las comunidades deben estar debidamente informadas del proyecto, conocer, acceder a la información, formular observaciones y recibir respuestas. Eso es lo normado”.
Los que tienen derecho a participación ciudadana, explica, “son los directamente afectados y las ONG. Pero la ley piensa en las ONG como sujetos que realizan observaciones, no como mediadores”.
“Las empresas contratan a terceros para hacer el vínculo con la comunidad. Lo que me cuentas no tiene que ver con participación. Están ocupando la figura de una ONG para realizar intermediación cuando la ley piensa en estas organizaciones como un medio para realizar observaciones a los proyectos porque ellos tienen derecho a reclamo. No las asume como colaboradoras del proyecto. La empresa puede contratar a quien quiera para relacionarse con las comunidades. Pero cuando contratas a una ONG hay una distorsión en la práctica. Es como que contrataras a Greenpeace”, señala la misma fuente.
