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Acciones sin dueño debieran ser rematadas y plata quedaría en el municipio

El botín de $ 10 mil millones que el alcalde Zalaquett se disputa con la Bolsa de Comercio

por 29 junio 2010

El botín de $ 10 mil millones que el alcalde Zalaquett se disputa con la Bolsa de Comercio
La instancia financiera mantiene en su poder más de seis millones de papeles sin que nadie sepa a quién le pertenecen, tal como lo reconoció ante la Superintendencia de Valores y Seguros. La entidad no quiso entregarlas para su remate, ya que la ley estipula que es el municipio quien recibe el 60 por ciento de la venta. El otro 40 queda en manos del particular que denunció el hecho. La Bolsa inició acciones legales y la Corte de Apelaciones resolvió que un tribunal civil será la instancia apropiada para dirimir el destino de los papeles.

A mediados de 2008, un hombre llegó hasta el estudio jurídico Elton y Compañía, ubicado frente al palacio de La Moneda. El sujeto era portador de una información tan valiosa que lo puede hacer ganar varios millones de dólares. De allí que la primera condición que puso al bufete para contratar sus servicios, fuera que su identidad quedase en el más estricto secreto. El caso fue tomado por el abogado Gonzalo Alvarado.

Esa sola conversación mantuvo a la Municipalidad de Santiago -dirigida por el UDI Pablo Zalaquett- involucrada en una lucha judicial con la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), por más de seis meses en la Corte de Apelaciones y se apronta a tomar un nuevo rumbo en un tribunal civil. ¿La razón? Seis millones de acciones que guarda la BCS, algunas desde la década del 30 -que no tienen dueño conocido- y que el edil puede reclamarlas y llevarlas a remate. Entre ellas figuran papeles del BCI, Concha y Toro, Pizarreño, Quiñenco, entre otras.

Del dinero que se obtenga por la operación, el 60 por ciento queda para la sede edilicia y el 40 por ciento restante para quien denunció los hechos. Si nadie reclama las acciones cuando se convoque al remate, entonces Zalaquett embolsaría a las arcas del municipio la no despreciable suma de 10 mil millones.

Estela de pistas

La historia comenzó en 2008 cuando el sujeto que pidió reserva de su identidad, supo que existían estas acciones en la Bolsa, pues están contabilizadas en los estados financieros anuales.

Gonzalo Alvarado entonces se dio a la tarea de investigar cómo se podía comprobar la existencia de los títulos y halló la memoria de la Bolsa de principios de los 90, demorando más de un año en lograrlo.

El 2 de febrero de 2009 envió una carta a Pablo Yrarrázaval, presidente de la Bolsa de Comercio. En ella le indicaba que, como los dueños no han reclamado los papeles, debía ponerlos a disposición de la municipalidad para su remate.

Ese mismo 2 de febrero, Alvarado envió otra misiva, esta vez al edil Pablo Zalaquett, denunciando la existencia de estos valores en la Bolsa, señalándole que debía actuar en consecuencia y pedirlas para ser rematadas (ver documentos adjuntos). Ocho días más tarde, Zalaquett hizo lo propio y envió una comunicación escrita a Yrarrázaval, donde le pidió confirmar la existencia de las acciones y ponerlas a disposición de la municipalidad para ser vendidas.

El 3 de marzo, Yrarrázaval contestó la solicitud de Alvarado, explicándole que las acciones en cuestión estaban inscritas a nombre de personas y sociedades por lo que no podía acceder a su solicitud (ver adjunto).

Sin embargo, Alvarado volvió a la carga el 18 de marzo del año pasado e hizo una presentación la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), para que el organismo requiriera información a la Bolsa.

La SVS, a través del superintendente, acogió el escrito y le pidió los datos al gerente general de la BCS, José Antonio Martínez, el 15 de mayo de 2009. Cuatro días más tarde, en la respuesta de la instancia financiera, vendría la primera luz.

Martínez, en su comunicación escrita a la SVS, reconoció que la Bolsa mantenía en su poder acciones por $ 9.800 millones y que “no tiene conocimiento de los dueños de estos valores”, salvo de una persona que poseía una cifra menor.

La situación se volvía cada vez más compleja para la BCS, por lo que resolvieron contratar los servicios del abogado José María Eyzaguirre, del Estudio Claro y Compañía, y recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, a través de un recurso de nulidad, el que fue presentado el 29 de enero de 2010.

Mientras la Bolsa respondía, Zalaquett, a través de la administradora municipal María Loreto Silva, ingresaba otro escrito a la SVS, reclamando información sobre las acciones. Transcurrieron casi seis meses -donde Alvarado sostuvo varias reuniones con el departamento jurídico comunal- sin que llegara una respuesta de la autoridad, por lo que Zalaquett pasó a la ofensiva y, tras reunirse con el Concejo dictó un decreto donde reconoció al abogado y su estudio, como los legítimos denunciantes. Y en la misma línea, ordenó que se realizaran todas las acciones legales para que los papeles fueran rematados y los dineros pasaran a las arcas comunales (ver documento adjunto).

La SVS, en tanto, respondió la denuncia presentada por Alvarado en marzo de 2009, recién el 17 de diciembre. En el documento la autoridad explicó que la BCS tenía dichos valores, pero agregó un detalle: todos los papeles tenían una fecha anterior a la modificación de la Ley de Valores, ocurrida en 1981. Por lo tanto, según la Bolsa, no le eran aplicables los nuevos parámetros legales que indican que no pueden existir acciones a nombre de una entidad, sin que existan dueños legítimos e identificables con nombre y apellido.

Indicó al mismo tiempo que los dividendos que producían estas acciones estaban debidamente registrados en los balances, dejando constancia, nuevamente, que no conocían a sus dueños porque carecían de una relación detallada (ver documentos adjuntos).

De acuerdo a la versión de Alvarado, antes de la modificación legal de la Ley de Valores de 1981, “los corredores de bolsa recibían mandatos de sus clientes para comprar acciones, lo que se hacía a nombre de la Bolsa, pero los traspasos se cursaban en blanco, hecho que hoy esta prohibido por la legislación, ya que no pueden existir acciones al portador”, dijo en entrevista con este medio.

“Esta es una situación de oscuridad total de la Bolsa. No sabemos si esos dividendos tributan, básicamente sabemos muy poco. Incluso podrían haber algunos problemas, porque hoy existe la ley de Lavado de Activos que impide la existencia de las acciones al portador. Lo único meridianamente claro es que los dividendos podrían llegar a otros 5 mil millones que se suman  a la cifra de 10 mil millones de las acciones propiamente tales”, explicó.

Inquirido si mantuvieron contacto con Zalaquett, Alvarado lo negó, indicando que “nosotros hemos hecho todo por los canales formales. Enviamos la denuncia a la Municipalidad y sostuvimos reuniones con el departamento jurídico para ponerlos en conocimiento de nuestras acciones. Lo hicimos así para evitar que este tema se contaminara”, explicó.

El contragolpe

A la Bolsa no le gustó el decreto ni menos la respuesta de la SVS, por lo que recurrió por escrito a Zalaquett para que revocara su decisión, que los obligaba a poner las acciones a disposición de la comuna para su remate. Pero transcurrido el plazo no hubo respuesta, lo que implicaba que el decreto estaba “a firme”.

La situación se volvía cada vez más compleja para la BCS, por lo que resolvieron contratar los servicios del abogado José María Eyzaguirre, del Estudio Claro y Compañía, y recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, a través de un recurso de nulidad, el que fue presentado el 29 de enero de 2010.

El libelo de Eyzaguirre intentó echar abajo el decreto, aduciendo que si bien no había conocimiento de quiénes eran los dueños, no podían entregar los papeles porque, eventualmente, en algún momento alguien podía reclamarlos. También argumentó que la Bolsa perdería prestigio y credibilidad si la justicia acogía los argumentos de la contraparte (ver documento  adjunto).

A los pocos días de haberse presentado el recurso, la municipalidad se hizo parte del juicio a través del abogado Juan Pablo Pozo, y Gonzalo Alvarado lo hizo en representación del denunciante, aunque sin revelar su identidad.

Sin embargo, la tramitación no sería tan sencilla, porque Eyzaguirre planteó un incidente a los magistrados de la Novena Sala del tribunal de alzada capitalino, en torno a que Alvarado y su estudio no podían participar del juicio. Pasaron algunas semanas y Eyzaguirre perdió en su estrategia judicial, ya que la Corte estimó que si podían participar como “terceros coadyuvantes”.

Pasaron varios meses de escritos y solicitudes, hasta que a mediados de mayo se llevaron a cabo los alegatos y recién la semana pasada el tribunal de alzada resolvió. En un dictamen de 18 páginas los ministros Juan Cristóbal Mera, Emilio Elgueta y Adelita Ravanales, estimaron que no son la instancia para discutir la propiedad de las acciones, como también que el decreto de Zalaquett no tiene fuerza vinculante para obligar a la Bolsa a llevar a remate los papeles (ver documento adjunto).

Sin embargo, la Corte señaló que todo debe zanjarse en un juzgado civil, hasta donde recurrirá el abogado Alvarado, más no está claro si lo hará la municipalidad. Por esta razón, la batalla legal recién comienza y podría tardar varios años en resolverse.

Este medio intentó obtener una versión de parte de la Bolsa de Comercio, pero aunque se enviaron correos solicitando información, no hubo respuesta. Lo mismo sucedió con el abogado de la BCS, José María Eyzaguirre y con el alcalde Pablo Zalaquett.

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