El mismo empresario cuya compañía cargaba con un muerto por derrumbe, accidentes, multas de la Dirección del Trabajo y con fuertes encuentros con sus sindicatos, recibía de manos del presidente de Sonami de la época, Hernán Hochschild premios por su aporte al sector y trayectoria en 2004. Desde esa fecha San Esteban suma 42 multas, tres muertos, 45 millones de multa sólo al ISP y 8 a la Asociación Chilena de Seguridad. Además de los 33 mineros atrapados que han tenido en vilo a todo el país.
Marcelo Kemeny se vistió de gala la noche del 18 de agosto de 2004. En medio de la Cena Anual de Minería, y rodeado por la crème de la crème del mundo minero, el presidente de la Compañía Minera San Esteban Primera, fue premiado por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), en reconocimiento por su aporte al sector y su trayectoria.
El líder de Sonami en esa época, Hernán Hochschild, entregó personalmente el incentivo al empresario.
Cinco meses antes, el 4 de marzo de 2004, la mina San José, en la región de Atacama, no vivía ninguna fiesta. A las 21:15 horas, un derrumbe sepultaba al minero Pedro González Rojas, la primera víctima de esa faena.
El 6 de marzo los sindicatos ligados a San Esteban en forma conjunta interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó. “Entregamos mucha información. Teníamos filmaciones con testimonios de los mineros, dando cuenta de las precarias condiciones de trabajo. Además de documentación que acreditaba las innumerables denuncias hechas desde 1999 a Sernageomin, la Seremi de Salud, la Superitendencia de Seguridad Social y la Intendencia”, explica Javier Castillo, secretario del sindicato Nº 2 de Minera San Esteban.
La familia de González también acudió a tribunales y recién hace unas semanas el Séptimo Juzgado Civil de Santiago determinó que la empresa debía pagar una millonaria indemnización por la falta de medidas de seguridad. Pero según explicó a Terra.cl el abogado Jaime Gatica, “la empresa ha estado dilatando ese juicio y a la familia no le ha dado ninguna solución. Incluso la jueza dictaminó un embargo de bienes, se despacharon las órdenes de embargo y el banco informó, imagínense el nivel de envergadura de la operación que en la cuenta corriente tenía apenas 70 mil pesos”.
Los problemas de seguridad de la compañía San Esteban, de Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, se venían arrastrando desde hace años. No sólo en la mina San José: su hermana, la mina San Antonio, ubicada en la misma área, sufrió un enorme derrumbe en noviembre de 2003.
[cita]En su discurso de esa noche Hochschild destacó que a pesar de la existencia de sectores “dramáticamente” afectados por la caída en el precio del cobre, como la pequeña y la mediana minería “creemos que en el futuro, gracias a la fortaleza y a la capacidad que ha caracterizado al minero chileno.[/cita]
“Esa noche había un turno de unas 20 personas. Por suerte estábamos de nocheros varios miembros del sindicato. El taller de la minera San Esteban estaba arriba de la mina San Antonio y desde ahí se empezaron a escuchar una serie de derrumbes. Nos dimos cuenta que la mina estaba planchonando -o sea se estaba cayendo el cerro- y tuvimos que convencer al jefe, Sergio Polanco, que había que sacarlos a todos. Como a las 3 de la mañana estaban fuera”, relata Castillo.
De esta forma San Antonio colapsó y se hundió, por lo que tuvo que cerrarse.
El técnico oleohidráulico industrial, asegura que los colapsos de las minas de San Esteban tienen un factor común: el método productivo, que debilita la resistencia de pilares de la mina.
Luego del colapso de San Antonio los trabajadores iniciaron una serie de reuniones con las autoridades. Entre ellas la entonces intendenta de Atacama, Yasna Provoste, con la que sostuvieron diversos encuentros para coordinar una mesa técnica con las autoridades fiscalizadoras para reunir los elementos técnicos, administrativos y legales para poder cerrar la mina San José, que según explica Castillo, tenía los mismas características de la mina San Antonio, por lo que se preveía un inminente colapso.
“Pero jamás se concretó nada. La última carta que le mandamos a la intendenta el 19 de febrero de 2004 sobre el tema no fue respondida, y en marzo de 2004 se cumplió lo anunciado y el cerro se llevó a Pedro González”.
Tras la muerte de González se cerró San José. Allí empezó una larga batalla por lograr que no se reabriera: conjuntamente al recurso de protección presentado por el sindicato, iniciaron una gestión política para que la Dirección del Trabajo aplicará el artículo 79, que no permite el funcionamiento de una mina sin dos vías de escape. Se aplicó, pero perdieron el recurso en la Corte. “Sabíamos que la minera apelaría a la decisión de la Dirección del Trabajo. Por ello llegamos a un acuerdo en el que los dueños se comprometieron a mejorar las condiciones de seguridad para poder abrir la mina en forma segura y retomar los trabajos”.
Se abre una nueva mina San Antonio en una propiedad vecina. Luego se reabre San José y entre 2004 y 2005 se trabaja en implementar un sistema de gestión, administración de riesgos y planes de prevención. Como encargado de esto asumió el experto en prevención de riesgos Vincelot Tobar.
“Para San Antonio, Sernageomin exigió una chimenea de 270 metros, la construcción de un camino y una rampa. Pero en San José no se hicieron medidas fundamentales para afrontar emergencias como la que vemos hoy”, asegura el ingeniero civil en minas.
Tobar, relata que “ambas minas estaban produciendo y alcanzaron buena producción el 2006 pero mientras más producción exigía el gerente más accidentes teníamos”.
En un mundo paralelo, la Minera San Esteban continuaba recibiendo premios.
El 10 de agosto de 2005, el Día del Minero, en la Asociación Minera de Copiapó (Asomico) diversas autoridades celebraban la conmemoración.
El diputado Carlos Vilches (ex RN, ahora UDI), el senador Baldo Prokurica (RN), el presidente de Sonami, Hernán Hochschild, presenciaron cómo el ministro del ramo, Alfonso Dulanto, entregaba el premio “San Lorenzo” a Marcelo Kemeny.
El galardón, en honor al Santo Patrono de los mineros, se otorga como reconocimiento a quienes hayan realizado un aporte significativo a la actividad, liderando al sector en algún tema específico que contribuya a un quehacer más moderno y competitivo de la minería nacional.
¿Por qué Kemeny era merecedor de este reconocimiento? Desde Sonami sólo señalan que en “razón de su aporte y trayectoria”.
En su discurso de esa noche Hochschild destacó que a pesar de la existencia de sectores “dramáticamente” afectados por la caída en el precio del cobre, como la pequeña y la mediana minería “creemos que en el futuro, gracias a la fortaleza y a la capacidad que ha caracterizado al minero chileno, lograremos generar las condiciones que nos permitan modernizarnos, diversificarnos y crecer con una fuerza insospechada”.
Lo que si crecía en San Esteban eran las multas de la Dirección del Trabajo. Desde 2004 hasta hoy suman 42. También se abultaban las deudas con los trabajadores. Según el boletín de deudores previsionales, actualmente esta asciende a 45 millones de pesos sólo al Instituto de Previsión Social (ISP). Y 8 millones de pesos a la Asociación Chilena de Seguridad.
Un año después del premio recibido por Marcelo Kemeny, el 30 de noviembre de 2006 un nuevo accidente tiñe a la mina San Antonio. Esta vez un chofer de camiones, Fernando Contreras, fallece aplastado por un derrumbe.
Muerte por la cual Kemeny y Bohn fueron formalizados por “cuasidelito de homicidio”, acusación de la que se libraron, porque en junio de 2008 acordaron con la familia pagarles una indemnización de 90 millones de pesos.
Dos meses más tarde, el 5 de enero de 2007, muere el ayudante del geólogo, Manuel Villagrán Díaz en la mina San José, a raíz de una explosión de roca. Una vez más se cierran ambos yacimientos. “El 2006 termina con muchos accidentes: 182 lesionados, con 56 accidentes graves. Mil días perdidos en el año y dos muertos”, explica Tobar.
El experto asegura que había poco compromiso de la gerencia, liderada por Alejandro Bohn, en el tema de seguridad, ya que “se prioriza empujar la producción. El experto en prevención era yo solo, sin computador, secretaria y ni siquiera teléfono. Así es difícil imponer nuevas políticas, se pierden los esfuerzos”.
En 2007 se reabren ambas minas, llega una empresa contratista -E-mining Operation- que, explica Tobar, se hace cargo de todo, incluida la prevención. Esta vez se hacen trabajos de fortificación, pero “el sistema de ventilación y el segundo camino que se exigía a San José nunca se hizo”.
Según el experto la nueva gestión fracasó totalmente en la producción y en seguridad. “El 6 de noviembre de 2009 renuncié -se autodespidió-, porque veo que van a venir más muertos, accidentes graves con amputaciones y no pensaba pasar por esa situación. Ya me habían sentado antes al banquillo por el fallecimiento del geólogo y el chofer”.
Una profecía que se cumplió: el 3 de julio de este año Gino Cortés sufrió la amputación de su pierna izquierda por la caída de un planchón de roca en San José.
Un mes después, 33 hombres quedaron atrapados bajo el cerro y hoy esperan ser rescatados, labor que podría tardar unos cuatro meses. Pero su futuro económico y el de sus familias es incierto: Alejandro Bohn señaló que no hay certeza que la empresa pueda seguir cancelando el sueldo de sus funcionarios.
