«Esta es una medida que contempla la OMC, por lo tanto está absolutamente dentro de nuestro esquema económico y dentro de los compromisos internacionales que ha tomado Chile», dijo el titular de Hacienda, Felipe Larraín.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín y el titular de Agricultura, José Antonio Galilea, anunciaron este jueves que en marzo próximo se enviará al Congreso una indicación para modificar y ampliar, en un 100%, el período máximo de vigencia de medidas de salvaguardias, cuando éstas sean resueltas por la Comisión de Distorsiones de acuerdo a las normas que establece la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Tras visitar el molino La Estampa, ubicado en la comuna de Independencia, los secretarios de Estado precisaron que la indicación del Ejecutivo se presentará a un proyecto de ley en discusión en el Congreso desde 2007, que busca modificar el artículo 7 de la Ley 18.525, que regula la aplicación de medidas de salvaguardias en el país.
El proyecto de ley amplía este plazo de 2 a 3 años, y la indicación anunciada hoy por los ministros lo extiende de 2 a 4 años, siempre en el marco de lo establecido por la OMC, que permite hasta 8 años en total (4+4).
Es decir, si esta indicación es aprobada por el Congreso, una medida de salvaguardia podría aplicarse en Chile por 2 años, siendo posible prorrogarla por otros 2 años (4 años en total).
El ministro Larraín, explicó que una salvaguardia es una medida excepcional que establece una protección temporal frente a un aumento súbito, imprevisto y significativo de importaciones de un determinado producto, de cualquier rubro, que causan daño o amenazan causar daño a un sector de la producción nacional.
«Esta es una medida que contempla la OMC, por lo tanto está absolutamente dentro de nuestro esquema económico y dentro de los compromisos internacionales que ha tomado Chile», dijo Larraín.
El jefe de las Finanzas Públicas agregó que luego de más de una década de aplicación de la Ley de Salvaguardias, «hay determinados casos en que pensamos que puede no ser suficiente el esquema actual (1 año prorrogable por 1 año adicional)».
Por su parte el ministro de Agricultura, subrayó que el cumplimiento de este compromiso es vital para el sector agrícola por la distorsión con que muchas veces operan los productos de este rubro en los mercados internacionales.
El titular del Agro dejó en claro que el establecimiento de salvaguardias no sólo puede hacerse posible para productos agrícolas sino que para cualquier otro producto nacional, con el objeto de proteger de aumentos súbitos de importaciones que amenacen o dañen directamente a la producción nacional.
Galilea recordó que la aplicación de salvaguardias, si procede, sólo se realiza después de un acabado análisis y estudio por parte de la Comisión de Distorsiones, que en definitiva es el organismo que recomienda su implementación.
En este sentido, el ministro de Hacienda precisó que el Gobierno también se encuentra trabajando en una propuesta para hacer más expedito el funcionamiento de esta comisión, que integran representantes de los ministerios de Hacienda, Agricultura y Economía, el fiscal Nacional Económico y cuya secretaría técnica radica en el Banco Central.
