A través de un requerimiento presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la entidad dirigida por Felipe Irarrázabal acusó a las embotelladoras de la marca Coca Cola de otorgar a negocios y botillerías una serie de incentivos a cambio de no publicitar o vender bebidas de bajo costo, «disminuyendo artificialmente la competencia» y «afectando a los consumidores de segmentos socioeconómicos de menores ingresos».
La Fiscalía Nacional Económica presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento en contra de Embotelladora Andina S.A. y Coca-Cola Embonor S.A., por prácticas exclusorias en el mercado de la distribución y comercialización de bebidas carbonatadas.
En el escrito, la FNE explica que «dichas prácticas han consistido en el otorgamiento de incentivos, tales como descuentos, entrega de equipos de refrigeración y otros aportes, a miembros del canal tradicional de distribución, esto es, a almacenes de barrio, botillerías, kioscos, panaderías y similares, supeditados a la no publicidad, exhibición y/o venta de bebidas alternativas de bajo costo -conocidas como Marcas B- dentro de sus respectivas áreas de distribución, lo que ha impedido, retardado y entorpecido su ingreso y crecimiento, disminuyendo artificialmente la competencia y, además, ha terminado afectando a los consumidores de segmentos socioeconómicos de menores ingresos».
La FNE solicitó que se aplique a cada una de las empresas requeridas una multa de 10 mil Unidades Tributarias Anuales (aproximadamente, US$ 19 millones), y una serie de medidas correctivas y de prevención específicas, tendientes a evitar el otorgamiento de incentivos para excluir bebidas Marcas B y permitir que éstas puedan ser debidamente publicitadas, exhibidas y comercializadas, procurando inyectar de este modo una mayor competencia en el mercado.
