La mayoría de los deudores de casas comerciales sospechan que las “demandas” patrocinadas por abogados y que llegan a sus domicilios representan un ultimátum fatal. Pero no es así. Citaciones a confesión de deudas y amenazas de embargo van de la mano en las cartas timbradas por tribunales que llegan a miles de morosos en Chile, muchos de quienes ni siquiera comprenden del todo el lenguaje legal.
“Se sirva tener por entablada demanda de cobro (…) con el objeto de proceder a la notificación, al requerimiento de pago y al embargo de bienes del demandado”. Definitivamente no suena bien. Esta es una de las frases que contienen miles de cartas que han llegado a los domicilios de los deudores de La Polar hasta, al menos, mayo de este año. Pero “de más de 50 mil demandas anuales que se pueden enviar a los clientes, sólo unas 80 terminan en resolución”, dice Wilson Rodríguez, Secretario General de Tribunales.
Se trata de citaciones a confesar deudas (muchas basadas en montos repactados ilegalmente), que son ingresadas a la Corte de Apelaciones, y que cumplen la misión de advertir a los clientes a través de una gestión prejudicial, que existe la remota posibilidad, en caso de asumir la deuda o no presentarse a la citación, de que se inicie la tramitación de una demanda que eventualmente puede terminar en embargo. Pero esta información no aparece detallada en las cartas y hay muchísimos deudores que, ante palabras como exhorto, demanda, juez y embargo, acompañadas de un timbre de Tribunales, caen en estados de pánico.
Max Zambrano y su esposa son clientes de La Polar. Hace seis años que ambos sacaron la tarjeta. El cupo que les dieron para cada una de las tarjetas fue de $200 mil. Max se atrasó y la deuda de $200 mil aumentó a $1.500.000 y la de su esposa a más de un millón. “Cuando fui al Sernac hace algún tiempo, me dijeron que estaban inhabilitados para interceder”, dice Max. El caso suena familiar, sin embargo Max asegura que él estaba poniéndose al día con la deuda, cuando le llegó una causa distribuida en un Juzgado de San Miguel.
“En mayo me llegó una demanda en que me cobraban la suma de $800 mil, aproximados, en un pagaré”. La carta menciona que “por medio de esta demanda y sólo a partir de su notificación viene a hacer exigible el pago…”. Sin embargo, la gran mayoría de las veces estas demandas son repartidas por funcionarios que no son receptores judiciales, es decir, no tienen ninguna validez en términos de que la notificación de la demanda no adjunta ningún estado de resolución.
“Todas estas demandas son lícitas, pero sin duda tienen un tono amenazante y llegan a las casas, trabajos y se mencionan en las llamadas telefónicas a los clientes, lo que contiene claramente un tono acosador”, dice Claudia Candiani, abogada que trabaja recopilando casos de afectados de la tienda para su representación gratuita.
Max tiene dos hijos de 15 y 11 años. Cuando se endeudó en La Polar ganaba entre el sueldo de él y el de su esposa unos $600 mil. Hoy su situación ha mejorado. “Por la deuda de mi esposa ofrecí pagar $800 mil al contado. “Me dijeron que la política de la empresa no permitía ningún ‘beneficio’ más que el que le estaban aplicando, es decir, cobrar una suma que equivales al 500% de la original”. Max vendió su auto para poder terminar con las deudas de La Polar y dice que “siempre tuve la intención de pagar, pero ellos nunca me ofrecieron una solución y ya es muy tarde”.
Todo cabe en el marco de la legalidad. Sin embargo, hay citaciones que llaman a confesar deudas por menos de $250 mil, alertando a los deudores ante un posible embargo de bienes por un monto que sobrepasa al debido. Estas demandas distribuidas son patrocinadas por abogados que firman cartas que corresponden a demandas tipo, es decir, se cambia el nombre, el monto y el domicilio del cliente. Los abogados patrocinantes trabajan para empresas de cobranza externas a las casas comerciales y deben firmar las demandas para avalar su distribución.
Christian Chahuán, primo del Fiscal Nacional, ha trabajado como abogado patrocinante de estas demandas y asegura que “era imposible cuestionar los montos que aparecían, porque a nosotros nos llegaba un listado de la empresa externa. Jamás me enteré de que se trataba de montos repactados unilateralmente, no había cómo saberlo”. Por otro lado, Chahuán asegura que “decirle a la gente a lo que se expone a través de estas demandas no constituye una amenaza”. Tal vez no es una amenaza, pero difícilmente los clientes afectados de La Polar se manejen en términos legales.
“Si la persona demandada acude a la citación y niega la cantidad adeudada, fracasa la gestión” (información que obviamente no aparece en las cartas dirigidas a los clientes), afirma Diego Vergara, egresado de Derecho que ha trabajado como patrocinante de demandas a empresas. Vergara agrega que “más casas comerciales funcionan así. La amedrentación se produce en términos de que la gente cree que esto es una demanda tramitada y con alguna resolución y claro, en el caso de La Polar el tema es que además son montos que no corresponden”.
La Polar trabaja con varias empresas de cobranza, una de ellas es Sercom. Francisco Pérez, gerente general de la empresa, asegura que “las cartas las hace La Polar, nosotros sólo coordinamos procesos de demandas y gestiones pre judiciales”. Sercom tiene una cartera de unos 50 mil clientes de la tienda y funcionan como call center, de manera que la gente puede reconocer o no las deudas vía telefónica. “La Polar nos enviaba la información y nosotros la tomábamos para realizar una estrategia de cobro a los morosos”, afirma Pérez.
[cita]María, funcionaria de una empresa de cobranza con call center, señala que “había una cierta intuición de los ejecutivos respecto de las listas que nos llegaban de La Polar, porque se llamaba a la gente para cobrarles y nos decían que esa no era su deuda. Fueron miles las veces en que la gente por teléfono negó los montos que les decíamos”.[/cita]
El gerente de Sercom asegura que trabajan hace sólo un año y medio con la casa comercial. Actualmente aislaron los casos de La Polar que están sometidos a repactación y sólo llaman a los morosos que no están en esta situación. Pérez dice que “antes no sabíamos sobre las irregularidades de la tienda”. Sercom trabaja además con Johnson’s e Hites entre otras empresas.
Otra instancia de cobranza a través de demandas y gestiones pre judiciales que realizó La Polar fue a través de estudios jurídicos. Uno de ellos es Hidalgo, Lecaros y Cía., que trabaja además con Tricot, Salco Brand y Presto. En sus instalaciones funciona un call center donde se reúnen los listados de morosos que tienen que ser firmados por los abogados patrocinantes del estudio.
María San Juan trabaja hace tres años en el estudio Hidalgo, Lecaros y Cía y paradójicamente es una de las afectadas por las repactaciones automáticas de La Polar. Dice que al menos hace un año que el estudio está trabajando con la tienda y que actualmente La Polar dio la orden de paralizar los cobros. María fue víctima de la repactación de un 1.500.000 siendo que su deuda original alcanzaba a los $300 mil.
“Por trabajar en el estudio pude solucionar el tema de que me retiraran más rápido del Boletín Comercial y decidí acatar la deuda finalmente, porque necesitaba que me aprobaran un crédito para pagar otras deudas”, dice. Al preguntarle sobre el conocimiento de los funcionarios del estudio respecto de las repactaciones automáticas, señala que “había una cierta intuición de los ejecutivos respecto de las listas que nos llegaban de La Polar, porque se llamaba a la gente para cobrarles y nos decían que esa no era su deuda. Fueron miles las veces en que la gente por teléfono negó los montos que les decíamos”.
Alberto Cuevas es ingeniero naval y actualmente está jubilado. De manera voluntaria ha decidido colaborar con la abogada Claudia Candiani reuniendo casos de afectados de La Polar. Le han llegado muchos documentos que dan cuenta de los mecanismos que utilizó la tienda para cobrar las deudas que adjudicaban a sus clientes. A su juicio “las demandas funcionaron como un escrito legítimo que se ha usado para fines poco éticos, ya que se instrumentaliza el aparato judicial para amedrentar a clientes que tienen deudas mucho menores a lo que dicen las demandas distribuidas”.
