Primero fue por el terremoto. Cuando ya existían los recursos necesarios para ello se argumentó que la enajenación se debía a la necesidad de garantizar recursos para blindar créditos a las pymes y de inyectar recursos a empresas estatales. Pero no está claro por qué es necesario hacerlo deshaciéndose de un negocio rentable y estratégico para el país. Las críticas vienen desde diversos sectores e incluso desde la propia Alianza.
La necesidad de obtener recursos frescos para la reconstrucción después del terremoto fue el objetivo con que el gobierno justificó el año pasado la propuesta de vender lo que quedaba de la propiedad pública de las sanitarias.
Sin embargo, a más de un año del desastre natural la reconstrucción ya está financiada por proyectos de ley con financiamiento extraordinario adicional al presupuesto ordinario, aprobados por el Congreso en 2010. Pese a ello el próximo viernes Corfo rematará el 24,43% de las acciones de Esval y 38,44% de las acciones de Essbio que aún posee, completando así el proceso iniciado el 15 de julio pasado, cuando la corporación de derecho público remató el 30% de su participación en Aguas Andinas. Gracias a esta venta se recaudaron US$ 984 millones.
El fin de esta operación, que ha sido bastante silenciosa, no está claro. Tampoco lo está por qué sería ventajoso para el Estado desprenderse de empresas cuya rentabilidad garantizada por ley es del 7 % anual, y cuya rentabilidad real figura, según el informe de gestión del sector sanitario 2010 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), entre el 10 % y el 20 % anual.
De hecho, el país dispone depositados en fondos soberanos, de más de US $ 10 mil millones de dólares que rentan entre un 2,5% y un 7% anual.
Según un abogado vinculado al sector -que junto a otros profesionales preparó una minuta sobre el tema- “es un completo absurdo económico y financiero (…) es decir el Estado cambió una inversión muy rentable por otra menos rentable“. De hecho, parte del presupuesto anual ordinario de Corfo se financia con los dividentos de Aguas Andinas, Esbbio y Esval. ¿Cómo va a financiar ahora CORFO esa parte de su presupuesto? Disminuyendo sus gastos y sus préstamos blandos en programas para Innovación y Pequeñas y Medianas Empresas, que son esenciales para el desarrollo de Chile“.
Por otra parte ni el Estado ni CORFO tienen un déficit de caja, sino que poseen excedentes deberían seguir incrementándose por el alto precio del cobre.
[cita] El miembro de la comisión de Obras Públicas, Antonio Horvath (RN), rechaza la operación liderada por el gobierno, ya que considera que “no es necesario privatizar la fracción que tiene aún el Estado en las empresas sanitarias para poder financiar instrumentos Corfo para las Pymes o poner recursos frescos en el Metro, Codelco o Enap. Para estos efectos se aseguran los fondos con la última Reforma que hicimos en el Congreso”.[/cita]
Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de CORFO, Hernán Cheyre, señaló que en vista de que durante el gobierno de Eduardo Frei estas empresas fueron privatizadas y ya no existen un mínimo de 35% de propiedad, “nos pareció que no era conveniente mantener un volumen de inversiones financieras pasivas de tanta magnitud, habiendo otras iniciativas de mayor rentabilidad económico-social que requieren de financiamiento”.
Además señaló que al mantener el 5% de la propiedad en cada una de ellas “permite mantener el derecho a veto en materia de transferencias de derechos de aguas”.
En cuanto a los objetivos actuales de esta venta, detalló que serán enfocados en el fortalecimiento de los programas de Corfo orientados a garantizar créditos a las pymes, la capitalización de empresas estatales que requieren recursos frescos para poder llevar a cabo proyectos de expansión socialmente rentables y la mantención de inversiones financieras en Corfo para fortalecer la base patrimonial de la Corporación.
La Comisión de Obras Públicas del Senado, encabezada por Camilo Escalona (PS), analizó el tema de esta venta el pasado 6 de julio. Allí asistió Cheyre, que a través de una presentación explicó los objetivos, fundamentos y alcances de la decisión.
El profesional descartó que la enajenación de las sanitarias -cuyos dividendos representaron durante 2010 un 13% del presupuesto de ingresos de la institución- afectara su funcionamiento.
A la sesión también asistió el abogado y profesor titular del departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, Felipe Zuñiga, que planteó que realizar la venta de este tipo de bienes del Estado sería ilegal, ya que la decisión y procedimiento de enajenación “de tales bienes son materias de dominio legal, y no sólo decisiones de gobierno corporativo” de empresas del Estado como Codelco o de CORFO”. El profesional además señaló que “en ningún caso son decisiones político gubernamentales o de gobierno corporativo o meramente administrativas”.
El miembro de la comisión de Obras Públicas, Antonio Horvath (RN), rechaza la operación liderada por el gobierno, ya que considera que “no es necesario privatizar la fracción que tiene aún el Estado en las empresas sanitarias para poder financiar instrumentos Corfo para las Pymes o poner recursos frescos en el Metro, Codelco o Enap. Para estos efectos se aseguran los fondos con la última Reforma que hicimos en el Congreso”.
El senador critica además que los recursos obtenidos no se destinen al área hídrica. “En la zona centro norte hay menos agua, por lo que por ejemplo se debería destinar a generar desaladora de agua, búsqueda de embalses. Y no llevar estas platas a otros servicios”, señala.
Por ello, junto a sus compañeros de partido Lily Pérez, Francisco Chahuán, José García y los independientes Carlos Bianchi y Carlos Cantero, enviaron el jueves en la tarde un oficio al ministro de Economía y presidente de Corfo, Juan Andrés Fontaine, solicitándole que revise la decisión de la privatización de la fracción estatal de estas sanitarias “por tratarse de un recurso estratégico como el agua y por la necesidad de asociar un plan estratégico sobre dicho recurso, que incluya el manejo integrado de cuencas”.
En caso de que se persistiera en la decisión, los senadores piden que “los dineros se destinen para proveer y asegurar el recurso de agua en las cuencas y sectores que presenten escasez y en trabajo y planificación estratégica en las propias cuencas”.
