Una pelea de perros grandes por el bien más preciado de un negocio: la información. Multitiendas, supermercados y farmacias tendrán que entregar los datos de cada uno de sus deudores si se aprueba el tercer proyecto de ley sobre la materia. Del primero, el retail se salvó por un fallo del Tribunal Constitucional. Del segundo, por la falta de voluntad del gobierno al que recurrieron los peces gordos del negocio. El sector tiene los guantes listos para impedir que la banca vaya detrás de sus mejores clientes.
Cuando el miércoles 17 de agosto el Presidente Sebastián Piñera, y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, estamparon sus firmas en el proyecto de “deuda consolidada”, que ingresó anteayer a la Congreso, el retail acusó al gobierno de “entrometido” y de “favorecer a uno de los sectores más poderosos del país, otorgándole, en la práctica, un subsidio encubierto”.
Las más enfurecidas son las multitiendas que defienden el trabajo hecho, desde comienzos de los 90, para captar clientes despreciados por la banca. Un negocio que, en promedio, representa entre el 40 y 50% de sus ingresos. Y al que los bancos esperan echar mano cuando el retail –que incluye también a supermercados y farmacias- deba informar la nómina con nombre y apellido de cada uno de sus clientes al Sistema de Sistema de Obligaciones Económicas (SOE), un registro centralizado de deudas, que será licitado a una empresa privada.
Aunque la información de los créditos de consumo aparecerá consolidada, es decir, el total de la deuda por cliente, sin especificar cuánto corresponde a bancos y cuánto al retail, los primeros irán raudos tras de los buenos pagadores y de mayores ingresos. Por eso, lo llaman subsidio encubierto y, además, una “expropiación” porque alegan que se trata de entregar bases de datos privadas construidas a partir de su esfuerzo e inversión. Lo que es discutible porque el SOE registrará los datos a partir de la aprobación del proyecto; no será retroactivo.
“El banco va a llamar y decir venga a conversar conmigo y le voy a consolidar su deuda en un solo crédito. Y le voy a ofrecer dos cosas: alargar el plazo para que su cuota mensual sea más chica y como premio le voy a otorgar un crédito de libre disponibilidad”, describen con ironía los representantes del retail.
Así, según el comercio, no se cumplirá uno de los puntos centrales del proyecto: bajar el sobreendeudamiento. Alegan que los bancos juegan con la “teoría del copamiento”. Ofrecen un préstamo de consumo, abrir una cuenta corriente, tarjeta y si es posible un préstamo hipotecario con el gancho de una menor tasa de interés. Lo de la ventas atadas no quedó más que en buenas intenciones: el cliente puede negarse a contratar un pack pero accederá a condiciones menos ventajosas.
Mientras la banca no arriesga nada y observa tranquila los acontecimientos, el retail se prepara para ejercer todo su poder como la hecho desde 1997. Ese año se aprobó en el Congreso un proyecto similar, pero a último minuto se salvó. Gracias a un requerimiento presentado por el presidente del Senado, Sergio Romero, quien votó en contra y era aún accionista de Dicom, fue declarado inconstitucional por una cuestión de forma. Era una indicación posterior introducida en un proyecto que modificaba la ley general de bancos.
[cita]Andrés Velasco no se interpuso a sus intereses, pero Felipe Larraín, su sucesor, es visto con otros ojos. “Él es pro-bancos. La Superintendencia de Bancos depende de Hacienda y hay que recordar los correos que la Asociación de Bancos envió a la superintendencia para cambiar las cláusulas abusivas, anunciadas por el mismo superintendente Carlos Budnevich y Larraín”, dicen en el comité de retail.[/cita]
En 2008, cuando se envió la segunda iniciativa, Juan Cúneo, el vicepresidente de Falabella, la mayor empresa del retail, y Pablo Alcalde, entonces gerente general de La Polar, acudieron al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. Entre la batería de argumentos entregaron aquel que consideran más trascendente: la vulneración del derecho de propiedad amparado en el artículo 19 de la Constitución. En simple, las bases de datos son mías y no tengo porque entregárselas a nadie.
El secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, recibió a Juan Benavides, gerente general de Falabella, y Sergio Hidalgo, entonces vicepresidente corporativo de Ripley, quienes también reiteraron la ilegalidad de proyecto. Las reuniones fueron públicas: se trataba de dar señales potentes a los bancos.
Finalmente, el proyecto murió después de unas pocas sesiones en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. “Nunca tuvo suficiente apoyo del gobierno; el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, no quiso involucrarse. En la bancada nuestra también había diferencias”, dice el diputado PS, Carlos Montes, miembro de la comisión.
Velasco no se interpuso a sus intereses, pero Felipe Larraín, su sucesor, es visto con otros ojos. “Él es pro-bancos. La Superintendencia de Bancos depende de Hacienda y hay que recordar los correos que la Asociación de Bancos envió a la superintendencia para cambiar las cláusulas abusivas, anunciadas por el mismo superintendente Carlos Budnevich y Larraín”, dicen en el comité de retail.
Los bancos, a diferencia del comercio, operan como un solo cuerpo. Conocen las deudas vigentes y morosas de todos los clientes del sistema, ya que envían la información a la superintendencia del ramo la, que a su vez, las distribuye a los bancos. El retail, en cambio, no la comparte con sus pares; cada empresa sabe lo que presta. A pesar de la competencia, frente al peligro de sufrir un mordisco de su jugoso negocio, en 2007 creó el comité del retail que integran Falabella, Cencosud, Líder, Ripley, La Polar, ABC Din e Hites. Algunos, tan poderosos como los bancos. Falabella, la primera en otorgar tarjetas y que tiene el 35% del mercado de los créditos del comercio, es la empresa de valor en la bolsa chilena: US$21 mil millones de dólares.
El Banco Santander, el más grande de la plaza, está por debajo con US$15.500 millones. El Banco de Chile, el segundo en el ranking de ganancias, es superado por Cencosud: US$ 12 mil millones versus US$ 14 mil millones, respectivamente.
Pero el retail asegura que su presencia en los créditos de consumo es menor a la que cita el proyecto de ley: no es el 46,5% de los créditos, sino el 35%.
La pelea, finalmente, se cifra en 300 mil clientes. Según calculó el gobierno anterior, son los buenos pagadores que debieran, supuestamente, ser premiados con menores tasas de interés por cumplir sus compromisos. Y que serían las presas por las cuales irán sus poderosos competidores.
