Beatriz Corbo es una de las representantes del gobierno en la instancia creada por Pablo Longueira para aunar criterios frente al proyecto de ley que podría permitir la entrada de nuevos actores a la industria de la pesca. Su padre Canio Corbo es director de Coloso, compañía que es parte interesada en la discusión y que se opone a la licitación de cuotas de pesca.
La abogada y directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Beatriz Corbo es una de las representantes nombradas por la Presidencia de la República en el Consejo Nacional de Pesca. En esa calidad participa en la mesa de trabajo creada por Pablo Longueira que el próximo lunes debe entregar una propuesta final al ministro de Economía sobre resistido proyecto de ley que busca promover la competencia en el sector pesquero a través de la licitación de cuotas de pesca.
El padre de Beatriz Corbo, Canio Corbo, es uno de los siete directores de la Pesquera Coloso, empresa de la familia Lecaros Menéndez, y parte interesada en la discusión, ya que se opone a la entrada de nuevos actores, al igual que el resto de los industriales del sector.
Este negocio, que factura US$2.200 millones anuales, es manejado por siete familias que, desde 2001, tienen asignadas sus cuotas de pesca. Coloso, a través de su filial San José, es socia minoritaria del grupo Angelini en el norte y en el sur y conforman el mayor conglomerado pesquero: capturan el 36,4% del jurel que habita en las costas chilenas.
Cuando Longueira asumió el ministerio de Economía echó por tierra las pretensiones de su antecesor. Y creó una mesa de trabajo para que industriales y pescadores artesanales lleguen a un consenso antes del envío del proyecto al Parlamento de tal forma que éste no incluya la licitación de hasta el 50% de las cuotas anuales de pesca. Juan Andrés Fontaine era partidario de abrir la competencia permitiendo el ingreso de nuevos actores a un negocio dominado por siete familias. De no haber abandonado el cargo, el proyecto ya estaría tramitándose en el Congreso.
Frente al peligro de que el negocio se vea reducido, el grupo Angelini dejó a un lado las diferencias históricas que ha mantenido con el resto de las pesqueras que lo acusa de capturar jureles bajo la talla mínima argumentando que se trata de pesca de investigación. Las pesqueras del fallecido empresario ítalo-chileno se retiraron primero de Asipes, que agrupa a las pesqueras de la zona centro sur, y a comienzos del año hicieron lo mismo en Sonapesca, que representa a todas las empresas del país.
[cita]El padre de Beatriz Corbo es uno de los siete directores de la Pesquera Coloso, parte interesada en la discusión, ya que se opone a la entrada de nuevos actores, al igual que el resto de los industriales del sector.[/cita]
La mesa está conformada por 30 personas: representantes de dos confederaciones de pescadores artesanales, del mundo laboral, y de las agrupaciones gremiales del norte, centro sur y sur –Francisco Mujica (grupo Angelini), Roberto Izquierdo (Alimar), Carlos Vial (Friosur), Rodrifo Sarquis (Itata)- Beatriz Corbo y Andrés Couve, por el Consejo Nacional de Pesca, y Pablo Galilea, subsecretario de Pesca.
En su calidad de representante nombrada por la Presidencia en el Consejo Nacional de Pesca, Corbo es una de los seis profesionales que deberá entregar su punto de vista para el informe con el cual Longueira tomará una decisión antes de enviar el proyecto de ley al Congreso.
Corbo también es uno de los cuatro consejeros designados por el Presidente Piñera en el Consejo de Alta Dirección Pública y fue designada en el Consejo Nacional de Pesca por Michelle Bachelet cuando no se discutía un proyecto que podría cambiar el mapa de poder en un sector cuyos protagonistas han sido, históricamente, los mismos:
Están los Sarquis, cuya pesquera Itata se fusionó con El Golfo, del grupo Yaconi Santa Cruz; Jorge Fernández y Francisco Cifuentes, dueños de Camanchaca, que se fusionó con Bío Bío de la familia Stengel; y Roberto Izquierdo Menéndez, propietario de Alimar. Entre todos concentran más del 80% de las cuotas de jurel. “Es un verdadero club de amigos que tienen cuotas asignadas y han hecho lo imposible para que no se implemente el proyecto para 50% de las cuotas existentes”, sostiene el economista Manuel Cruzat.
El negocio se ha ido achicando y ha obligado a las empresas a fusionarse. Como origen se señala la sobreexplotación del jurel: en su mejor época se llegó a capturar 4,5 millones de toneladas. Este año se autorizaron 315 mil toneladas, un 76% menos que el año pasado.
El Mostrador trató de comunicarse telefónicamente con Beatriz Corbo y le envió correos electrónicos para consultarle sobre el tema. La profesional se excusó de responder señalando que se encontraba de vacaciones.
