Alegan que existe un conflicto de interés porque las AFP son acreedoras y, al mismo tiempo, accionistas. Y a la hora de votar no tendrán un sombrero único como los bancos, cuya exclusiva motivación es que les paguen sus créditos. Las AFP deben preocuparse de que la empresa en la que poseen el 19% y que vale un 87% menos desde que estalló el escándalo, remonte. Abogados califican pretensión como abuso sin asidero legal.
Usando el argumento de que son acreedores “puros”, los bancos estarían buscando impedir que las AFP voten el convenio judicial que definirá cuál será el plan de negocios de La Polar y los plazos y condiciones en que pagará los US$ 1.100 millones que debe.
La información, que comenzó a circular la semana pasada, fue confirmada a El Mostrador por los abogados de dos administradoras de fondos. El argumento es que existe una dualidad: las AFP son acreedoras, porque tienen bonos, y a la vez accionistas. “Según los bancos existiría un conflicto de interés, ya que a la hora de votar las AFP no estarían actuando desde la perspectiva de un acreedor, sino velando por la continuidad de la empresa, porque eso le da viabilidad a los accionistas”, explica uno de los abogados de una administradora.
Efectivamente, son dos sombreros en una misma cabeza que operan con distinta lógica: al ser dueñas de un 19% de La Polar –el porcentaje bajó cuando AFP Capital vendió su paquete de acciones en julio- quieren que la compañía siga funcionando y mejore sus resultados para no perder aún más su inversión, y como tenedoras de bonos que cumpla sus obligaciones financieras sin demoras ni facilidades. Y las dos cosas no se dan en paralelo.
“¿Cómo va a ser posible que por tener acciones dejes de ser acreedor? No tiene asidero legal. Es un abuso gigantesco”, afirma el abogado consultado. Mientras, el de otra AFP apunta: “Buscar subterfugios para desconocer la condición de acreedor no conduce a ningún lado. Esto es tratar de poner el pie sobre otros acreedores, no sé lo que pretenden, pero si no llegan a acuerdo para un convenio judicial, no queda otro camino que la quiebra”.
Al excluir a las AFP de la votación, los bancos lograrían mejorar su posición negociadora. “Hoy las AFP tienen la mayoría de las acreencias, por lo cual es un voto muy importante. Al banco le interesa que le paguen y si deja afuera a las AFP obliga a La Polar a proponer un convenio más interesante para sus intereses”, afirma el primero de los abogados.
[cita]Para aprobar o rechazar el convenio judicial se requiere el voto del 75% de los acreedores. Que las AFP tengan el peso mayor a la hora de acordar condiciones que puedan hacer más viable a La Polar en desmedro del interés de los bancos por cobrar lo suyo ante todo -rechazan el período de gracia de 15 años propuesto inicialmente por la multitienda-, es lo que explica el intento por hacerlas a un lado.[/cita]
Como ningún acreedor posee garantías están todos en la misma condición. A los bancos La Polar les adeuda US$ 290 millones. El BCI concentra un 40%; el Banco Chile, 14,4%; BBVA, 8,9%; Corpbanca, 7,1%, Security, 6,6%, y Santander, 6%.
Y las AFP tienen comprometidos US$ 375 millones en bonos de la empresa, lo que las convierte en las mayores acreedoras con el 65% de estos instrumentos de deuda. Al 31 de mayo, Cuprum figura como la más expuesta con US$ 141 millones; Provida, US$ 130,7 millones; Habitat US$ 92,5 millones y Planvital, US$11,37 millones. Capital y Modelo no poseen bonos de la multitienda.
Para aprobar o rechazar el convenio judicial se requiere el voto del 75% de los acreedores. Que las AFP tengan el peso mayor a la hora de acordar condiciones que puedan hacer más viable a La Polar en desmedro del interés de los bancos por cobrar lo suyo ante todo -rechazan el período de gracia de 15 años propuesto inicialmente por la multitienda-, es lo que explica el intento por hacerlas a un lado.
Quien decide quiénes tienen derecho a votar en la junta del 7 de noviembre es Luz María Jordán, árbitro nombrada por el presidente de la Corte de Apelaciones y cuyo currículo incluye haber sido socia del estudio Philippi; premios Montenegro y Tocornal a la mejor alumna de su promoción en la UC y ex abogada integrante de las cortes de Apelaciones y Suprema. Ella hace las veces de jueza, pero bajo la figura de árbitro desde la última modificación a la Ley de Quiebras en 2005.
“Soy el juez a quien la ley le ha encargado dirimir las diferencias que se susciten. Hasta ahora (los bancos) no me han planteado nada. Cualquier petición debe ser hecha formalmente por escrito”, explica Jordán, quien trabaja en el estudio de abogados Acuña y Cía.
“Con toda certeza le digo que nunca he recibido presiones de nadie. Si los bancos tienen la idea de que las AFP no pueden votar en este convenio, por la doble calidad de acreedores y accionistas, seria un tema que tendría que resolver conforme a derecho como toda petición que se me formule”, aclara.
Desde que La Polar reconoció, el 9 de junio pasado, que debía hacer provisiones por haber repactado unilateralmente a 418 mil clientes –que luego subieron a un millón- la acción ha caído un 87%. Y los bonos, un 67%.
Si se aprueba el convenio judicial el paso siguiente es materializar el aumento de capital de US$ 210 millones aprobado por los accionistas en junio y que podrían suscribir las AFP o también un nuevo socio. Si se rechaza, se declara la quiebra, se venden los activos de La Polar, se paga primero a los trabajadores y el resto se reparte en partes iguales entre los acreedores.
