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Alstom condenada a pagar 31 millones de euros por negligencia corporativa

por 22 noviembre 2011

Alstom condenada a pagar 31 millones de euros por negligencia corporativa
En tres casos identificados en Malasia, Letonia y Túnez, según la Justicia suiza, se observaron "pagos impropios" a funcionarios de esos países por parte de la compañía francesa dedicada a la fabricación de trenes y compañías eléctricas.

La empresa francesa Alstom informóeste martes  que fue condenada por la Justicia suiza a pagar 31 millones de euros (41,8 millones de dólares) por "negligencia corporativa" a la hora de evitar actos de corrupción por algunos de sus empleados.

El grupo fabricante de trenes y plantas eléctricas fue citada ante los tribunales a raíz de una investigación iniciada en octubre de 2007, en la que se han analizado varios centenares de contratos comerciales firmados desde la década de 1990, con el objetivo de determinar si se había violado la ley que prohíbe pagar a funcionarios o trabajadores estatales para ganar concursos.

En tres casos identificados en Malasia, Letonia y Túnez, según la Justicia helvética, se observaron "pagos impropios" a funcionarios de esos países.

El comunicado precisó que en dos de esos casos la compañía sería en sí misma una "víctima de las acciones de algunos de sus trabajadores", que se habrían enriquecido a expensas del grupo, y en el tercero Alstom estaba subcontratada por un consorcio.

La condena llega por dicha "negligencia corporativa", por la que se le obliga a pagar una multa de unos 2 millones de euros (2,6 millones de dólares), y otro pago de unos 29 millones de euros (39,1 millones de dólares) en concepto de beneficios estimados y procedentes de tales operaciones.

En su nota Alstom hace hincapié no obstante en que las autoridades judiciales suizas no encontraron pruebas de que la empresa tuviera algún tipo de "sistema o cajas negras utilizadas para sobornar a funcionarios para obtener ilegalmente contratos".

La compañía destacó además que no va a recurrir la sentencia, e insiste en que desde la apertura del caso, mantiene su postura de que nunca ha autorizado, organizado o permitido cualquier acto de soborno o de ruptura de la actual legislación.

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