Jorge Bofill dice tener un antecedente muy importante para revisar la cautelar que afecta al ex gerente de la multitienda y asegura que el dictamen influye “no sólo en la penalidad de las conductas, sino que también en las supuestas motivaciones que haya podido tener para eventualmente incurrir en las conductas que se le imputan”.
Jorge Bofill, abogado del ex presidente de la multitienda La Polar, Pablo Alcalde, solicitará en los próximos días la libertad de su cliente, luego que el fallo de la SVS anulara el cargo de información privilegiada, “porque por fin alguien empezó a escuchar algo que nosotros venimos diciendo desde el primer día».
En entrevista con La Tercera, el abogado explica —sobre la anulación de uno de los cargos imputados a Alcalde— que “es positivo para nosotros que uno de los cargos que se les ha formulado se haya demostrado como un cargo sin fundamento. Eso influye no sólo en la penalidad de las conductas, sino que también en las supuestas motivaciones que Pablo Alcalde haya podido tener para eventualmente incurrir en las conductas que se le imputan”.
Ante la pregunta respecto a que la SVS no dice que sea inocente, sino que no se formó la convicción de la participación de Alcalde en ese delito, Bofill sostuvo: “el mismo fallo cita pruebas que demuestran que Pablo no intervino en esas operaciones. Que pudo el superintendente escoger palabras distintas, sí. Pero como en definitiva las personas tienen que ser sancionadas cuando se reúne un cierto estándar de prueba, en la medida que el superintendente diga que no se formó la convicción respecto de eso, a mí me basta para lo fundamental, que es que el cargo por uso de información privilegiada finalmente cayó. Hay que tener presente otra cosa en materia administrativa: el estándar de prueba es distinto que en materia penal. En materia penal, lo que se exige es la prueba de la responsabilidad más allá de la duda razonable”.
Sobre la decisión de pedir la libertad de Alcalde, el profesional precisó que quiere estudiar aún más el fallo de la SVS, pero “con certeza va a ser pronto después de este fallo”.
“No quiero adelantar argumentos, pero es indudable que en el caso de Pablo Alcalde, para evaluar su situación es relevante que uno de los fundamentos de la medida cautelar, el supuesto uso de información privilegiada, no tuvo lugar. Esta sentencia constituye por sí un nuevo antecedente para la carpeta de investigación. Indudablemente que la vamos a acompañar y la vamos a utilizar”, sostuvo.
Ante el hecho que no se garantiza que el juzgado lo acoja, porque el dictamen de la SVS no es vinculante, Bofill estima: “a mí me sorprendió bastante que en su momento la jueza diera por configurado los requisitos de prisión preventiva respecto del delito de uso de información privilegiada, porque en la audiencia de diciembre, ella le preguntó al fiscal si tenía algún antecedente documental que acreditara que Pablo Alcalde había intervenido en la operación de ventas de acciones de 2010, y el fiscal respondió que no. Hay que tener en cuenta que esa fue una audiencia extraordinariamente larga y agotadora, donde a lo largo de veintitantas horas, la jueza recibió una cantidad astronómica de información y posiblemente no evaluó correctamente lo que había ocurrido respecto de ese cargo. Dicho eso, dado que no existe ningún antecedente de que Pablo intervino, dado que hay informes de peritos que confirman lo que señalamos, y ahora que la SVS ha fallado como falló, me sorprendería mucho que un tribunal diera por concurrente los requisitos materiales del delito de uso de información privilegiada para los efectos de revisar o no revisar la situación cautelar”.
Además, asegura que tiene un antecedente muy importante para revisar la cautelar y lograr la libertad de Alcalde.
A pesar que sea relevante este antecedente, el ex presidente de La Polar sigue estando acusado de otros dos delitos por lo que su defensor explica que “en la medida que sea mayor la cantidad de delitos, aumenta la prognosis de pena. En la medida que un cargo se cae, la pena que pueda corresponder a ese cargo ya no es sumable a la de los otros. De hecho, si uno compara la situación de Pablo Alcalde hoy con, por ejemplo, la situación de Nicolás Ramírez (ex gerente general de La Polar), quien está con medidas cautelares mucho más suaves, la cantidad de cargos que tienen es prácticamente equivalente desde el momento que se cae el uso de información privilegiada. No hay ninguna razón, por lo tanto, para que Pablo Alcalde se encuentre en una situación distinta de la de Nicolás Ramírez”.
Respecto a la sanción aplicada por la SVS, de 25 UF (más de un millón de dólares), Bofill sostiene: “es una multa excesiva o improcedente. La verdad es que otra cosa es la que me llama la atención: el estándar que utiliza la superintendencia para formarse convicción. En una parte del fallo dice que «el falseamiento de la información de los estados financieros producto de la práctica de renegociaciones unilaterales pudo ser advertido por el señor Alcalde al menos a contar del año 2008». «Pudo», dice. Yo no entiendo cómo, en una sentencia se diga que es un fundamento el hecho de que él haya podido advertir esa situación. Eso es completamente contradictorio. A mí me tienen que probar que Pablo Alcalde sabía, no si podía saber”.
