Por su rol como directores en las cascadas de Ponce Lerou
Están entre los ex ministros, ex diputados y empresarios que habrían aprobado operaciones o negado información a minoritarios.
El huracán que desató el superintendente de Valores y Seguros (SVS) Fernando Coloma al formular cargos contra el empresario y controlador de SQM, Julio Ponce Lerou y su círculo cercano en las sociedades cascada, podría desencadenar un desfile de nombre insignes si decide apuntar sus próximas balas contra quienes fueron directores de estas empresas.
La SVS acusó a Ponce de violar distintos artículos de la Ley de Sociedades Anónimas y del Mercado de Valores, en operaciones de compra y venta de acciones de sus sociedades personales con las sociedades cascada que conforman la cadena de control de SQM.
En la comunicación del martes pasado, la SVS indicó que “producto de su investigación, sigue analizando hechos que pueden involucrar a otras personas y entidades, situación que será comunicada oportunamente”.
Según fuentes bien informadas, la siguiente arista de formalización que prepararía Coloma en las próximas semanas apuntaría directamente al rol que ejercieron los directores de las sociedades cascada, que autorizaron las operaciones o que no ejercieron su rol de proteger los intereses de los accionistas minoritarios. En último caso, podrían ser sancionados los directores de Norte Grande y Oro Blanco que han negado el acceso a información de estas operaciones a las AFP, Moneda Asset y Consorcio.
También se espera que la SVS defina si formalizará a corredoras de bolsa o ejecutivos de las mismas, e incluso a la auditora PwC que revisa los estados financieros del grupo.
Ayer, en tanto, Oro Blanco informó a la SVS el cambio en la fecha de la junta de accionistas destinada a votar el aumento de capital de la sociedad para enfrentar la difícil situación que atraviesa tras el fin del cartel del potasio en Rusia.
La sociedad comunicó que se posterga la reunión desde el 27 de septiembre original hasta el 11 de octubre y además indicó que el monto de la operación a proponer de reduce de US$ 290 millones a US$ 120 millones.
El caso más connotado de los directores que podrían verse manchados por posibles sanciones de la SVS es el de Alejandro Ferreiro.
El abogado DC, participó como director independiente de Norte Grande entre abril de 2010 y el 9 de marzo de 2012, es decir, en gran parte del período cuestionado por la SVS (2009 a 2011). Fue ministro de Economía del gobierno de Bachelet entre julio de 2006 y enero de 2008, y titular de la SVS entre mayo de 2003 y marzo de 2006 en el gobierno de Ricardo Lagos. Asimismo fue titular de la Superintendencia de AFP.
Ferreiro fue presidente del Consejo para la Transparencia entre octubre de 2011 y mediados de 2013, y mientras integró el directorio de Norte Grande se aprobaron algunas operaciones de las cascada que involucraron a Norte Grande y que fueron cuestionadas por la SVS, la cual ordenó reversar utilidades derivadas de las mismas.
La SVS indicó ayer que los cargos tienen que ver con operaciones realizadas, entre 2009 y 2011, con títulos de Calichera, Oro Blanco y SQM, aunque quienes las realizaron fueron Norte Grande, Oro Blanco y Potasios, al menos según lo que denunció Moneda.
También fue director de otra cascada, Pampa Calichera,rr Osvaldo Puccio. Sólo participó entre 2012 y agosto de 2013, por lo que no tendría responsabilidad, aunque ejemplifica la forma en que Ponce atraía a los poderosos a sus redes.
Cruzando la vereda política aparece un connotado dirigente de la UDI: Cristián Leay Morán. Dirigente estudiantil cuando joven, de Renovación Nacional al comienzo y luego militante UDI, Leay fue diputado entre 1990 y 2005 y férreo opositor al royalty a la minería en su discusión de 2004. Según Revista Qué Pasa, el dirigente es uno de los hombres más cercanos al ex candidato presidencial de la derecha, Pablo Longueira.
Fue jefe de bancada de diputados de la UDI y perdió la elección a senador en 2005. Cumplió un rol destacado en la penetración de la UDI en las poblaciones, como asesor de dicho departamento en el partido. También presidió la sede regional de su colectividad e integró la comisión política.
Leay se desempeña hoy como director del canal público, TVN, representando a la derecha desde 2008 y es director de Oro Blanco, desde julio de 2012. Aunque no estuvo en la mesa de esta sociedad cuando se realizaron las operaciones cuestionadas, sí ha sido parte del directorio que ha estado negando la información a los minoritarios.
También han participado en la mesa de las sociedades cascada ex ministros de la dictadura. Por ejemplo, Pablo Barahona Urzúa, quien fue ministro de Economía entre 1976 y 1978 y entre 1988 y 1989, además de encabezar la cartera de Minería en 1989. Integrante de los Chicago boys que dieron vida al modelo neoliberal, hasta hace algunos años era presidente del consejo directivo de la Universidad Finis Terrae.
Barahona integró la mesa de Oro Blanco entre abril de 2010 y julio de 2012.
Con Barahona compartió asiento, en el mismo período, en Oro Blanco un conocido empresario: Roberto Izquierdo Menéndez. Ex presidente de Sonapesca, Izquierdo es consejero de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), integrante del comité ejecutivo de la Corporación de la Madera y vicepresidente del Diario Financiero.
A este grupo se suma el abogado del estudio Barros y Errázuriz, Pablo Guerrero Valenzuela. Integrante del Colegio de Abogados y el Centro Nacional de Arbitrajes, Guerrero preside la fundación Pro Bono. Realizó clases de derecho civil en la Universidad Católica y de derecho económico en la Finis Terrae.
Director de Moneda Asset, Guerrero participó en los directorios de Pampa Calichera, Norte Grande y Oro Blanco. Su hermano Roberto es integrante de Consejo Nacional de Televisión y participó hasta 2010 en el Consejo para la Transparencia.
A este grupo se suman ejecutivos vinculados a Ponce Lerou como su hermano, Luis Eugenio Ponce, su hija Francisca Ponce Pinochet y su hijo Julio César, al igual que el ya formalizado Patricio Contesse Fica, hijo del gerente general y mano derecha de Ponce, Patricio Contesse González.
Según el fiscal de una AFP, los directores podrían ser formalizados por la SVS por distintos motivos: entre ellos, por aprobar las políticas de habitualidad de operaciones de las cascadas que permitieron que los negocios cuestionados no fueran informados en estados financieros e incluso eventualmente no hayan sido aprobados por los directorios.
También serían susceptibles de sanciones por no investigar ni pedir información a la administración de las mismas operaciones y por no actuar ante el reclamo de los accionistas minoritarios por el perjuicio que dichos negocios les habrían generado.
