Denuncian que se subcotizó en el sistema antiguo y que la deuda puede llegar hasta $ 115 millones por persona y afectaría al menos 25 mil chilenos. Esperan que Bachelet lo enfrente.
“A nosotros nos toca mucho salir a seminarios en regiones y es muy común que en el momento de las preguntas se paren dos señoras, las dos profesoras, por ejemplo, una dañada previsional y la otra se jubiló en el sector público y te dicen: Las dos entramos juntas al magisterio, ganamos lo mismo, nos jubilaron a la misma edad, la jubilación de ella es el doble de la mía”, dice Guillermo Arthur, presidente de la Asociación de AFP, para graficar la incómoda situación que están viviendo las administradoras al ser cuestionadas por el bajo nivel de las pensiones de funcionarios públicos que cotizaron en el sistema antiguo y nuevo y que hoy reciben cifras miserables respecto de sus ingresos previos.
El gremio de las AFP se decidió a enfrentar este cuestionamiento encargando un estudio a un profesor de la Universidad de Chile, Claudio Bonilla, quien logró llegar a una muestra de 25 mil personas que cotizaron en el sistema antiguo de pensiones (de reparto) y que luego pasaron a las AFP.
Bonilla asegura que la baja pensión de esas personas, algunos pensionados y otros por pensionar en los próximos años, se explica por la subcotización que le hizo el Estado antes que pasara del sistema antiguo al de AFP en la década de los 80, e incluso después que partieron las gestoras privadas.
En promedio las empresas públicas de ese tiempo y la administración fiscal y municipios les cotizaban a las personas un porcentaje respecto del 50% de su sueldo imponible (y no el 100% como corresponde), debido a que la remuneración de los trabajadores estaba fundamentalmente compuesta por otro tipo de ingresos como bonos y asignaciones, que no son imponibles.
Incluso, dijo que en algunos casos la subcotización era por el 80% de los ingresos brutos de las personas, es decir, su aporte a su ahorro previsional se calculaba en función de un 20% de su sueldo imponible.
Esto ha provocado que, en el tiempo, no sólo no tengan las cotizaciones que debieron tener, sino que no pudieron aprovechar mejor la rentabilidad que –indican los informes de la autoridad– han obtenido las AFP (5% anual real, según Bonilla, pero conservador respecto del 8% que indica el último informe de la Superintendencia de Pensiones).
Según sus cálculos, el nivel de plata perdida por no haber tenido sus cotizaciones por el 100% de su sueldo se ubica en un rango de $ 16 millones (UF 680) hasta $ 115 millones (UF 5.000). Esto, según el nivel del sueldo de cada funcionario.
El nivel de daño es tal que, en los casos más graves –que según Bonilla representan un grupo relevante de los 25 mil afectados–, disminuyen su pensión entre $ 86 mil y $ 643 mil mensual. Es decir, en el extremo, una persona que hoy se pensiona en $ 300 mil, debería tener una jubilación superior a $ 900 mil.
Si bien en dos leyes –de 1987 y 1993– se solucionó la situación de los funcionarios públicos hacia el futuro (que se cotice un porcentaje del 100% del sueldo imponible, como ocurre con las personas que trabajan en el sector privado), nunca se corrigió el daño provocado en los años previos por la subcotización.
La lista de ministros de Trabajo que conocieron de este tema y que no lograron solucionarlo la encabeza José Piñera, creador del sistema de AFP.
En 1987 cuando se hace la ley que buscar corregir la situación de subcotización, era ministro del Trabajo Alfonso Márquez de la Plata, quien antes había sido director de AFP Provida. Su hijo homónimo es el gerente general de la salmonera AquaChile de Victor Hugo Pucci.
Luego de Márquez de La Plata, asumió en 1988 el propio Guillermo Arthur en la cartera, donde tampoco se solucionó el problema. El último ministro de la dictadura que no zanjó el caso fue María Teresa Infante, quien hasta abril de 2013 fue directora de AFP Habitat.
Al momento en que se legisla sobre el tema pero nuevamente no se paga el daño previsional, en enero de 1993, el ministro del Trabajo era René Cortázar, actual integrante del equipo programático de Michelle Bachelet y director en La Polar en 2010, elegido por las AFP.
Después de Cortázar pasaron, sin pena ni gloria en este tema, Jorge Arrate, ex candidato presidencial, el DC Germán Molina, el PS Ricardo Solari, Yerko Lujbetic y el actual presidente del PS, Osvaldo Andrade, entre otros.
Tarea pendiente para los gobiernos, en particular para Bachelet, pues Arthur dice que ya han tenido contacto para hacerles llegar este estudio y sus propuestas, que apuntan a pagarles la diferencia.
Se estima que el costo de la solución implica varios cientos de millones de dólares, motivo por el cual el actual Presidente Sebastián Piñera, a quien las AFP le presentaron esta situación, decidió no enfrentarlo.
