El nuevo gobierno enfrentará una realidad económica debilitada, un ambiente político acalorado y un clima social efervescente.
El nuevo Gobierno de Michele Bachelet recibirá una economía en franca desaceleración y con desequilibrios y distorsiones acumuladas en los últimos años. De tal manera que la nueva administración enfrentará desde su primer día desafíos muy importantes en materia económica que introducirán limitaciones en los esfuerzos para la atención de otras prioridades nacionales.
La agenda del nuevo Gobierno está llena de compromisos y planes, pero sobre todo de reformas prometidas en campaña tanto para reforzar la economía como para atender los asuntos políticos y sociales que enfrenta la realidad nacional. El nuevo Gobierno enfrentará una realidad económica debilitada, un ambiente político acalorado y un clima social efervescente. Ciertamente, la nueva Presidenta no puede dejar a un lado un asunto para atender otro, pero será necesario asignar prioridades y escala de emergencia.
Uno de los primeros asuntos en la lista es retomar el control de una economía que parece ir en picada y evitar que se produzca un aterrizaje forzoso. Desactivar una economía en piloto automático será una de las grandes prioridades nacionales, lo cual implica demostrar que se cuenta con una tripulación con experiencia y muchas horas de vuelo. En la solución a esto, la economía enfrentará turbulencias, puesto que el ajuste que se necesita producirá efectos adicionales y posiblemente depresivos, pero que al final permitirá restaurar la salud económica perdida en los últimos años.
Corregir el desequilibrio externo –producto de un exceso de demanda generado por políticas largamente expansivas– es muy sencillo, pero conlleva costos. La economía necesita políticas económicas normales que eliminen el exceso de demanda y que permitan un funcionamiento saludable, lo cual implica un ajuste que lleve a un funcionamiento económico consistente con la propia capacidad productiva, sin estímulos transitorios.
El segundo tema a tratar es la reforma fiscal, tan necesaria para poder financiar los programas sociales prometidos en campaña. Pero antes de elevar la recaudación a través de alzas en las tasas de impuestos, el nuevo Gobierno tiene que poner a trabajar a la economía. La mejor política recaudatoria es aquella que eleva los ingresos públicos a través de un crecimiento sano y sostenido de la actividad económica. Así, para enfrentar menos resistencia de la sociedad, el Gobierno tendría que levantar primero a la economía para después poder elevar los impuestos.
En este tema fiscal, es recomendable que el Gobierno realice primero los ajustes necesarios en la economía, aunque ello conlleve un crecimiento menor en el 2014. Esto le permitirá dejar a la economía en forma saludable para remontar el crecimiento a tasas mayores en el 2015, año durante el cual podría entrar en vigencia la gran reforma fiscal.
El tercer tema es que, a partir del 2015, con una economía sana y con una reforma fiscal en marcha, los programas sociales podrían empezar a tomar forma. La sociedad chilena ya ha esperado muchos años y esperar uno más no sería de vida o muerte. Si el nuevo Gobierno sabe comunicarle a la sociedad las líneas de acción, los sacrificios, su compromiso, pero sobre todo los beneficios a mediano plazo, las cosas podrían salir bastante bien. Esto implica una tremenda habilidad política y capacidad de negociación de parte del Gobierno. Nada imposible.
En este tema, la educación debe tomar un lugar prioritario para reducir la efervescencia social en las calles. De tal forma que, dentro de la gama de programas sociales a poner en marcha, la promesa de educación gratuita deberá estar entre los primeros de la lista. Ciertamente, esto implica que el Gobierno tendrá que empezar a financiar este programa antes de que se implemente la reforma fiscal. Lo cual no se ve imposible si se considera que la regla fiscal estructural permite generar un déficit en épocas difíciles, o bien que pueden usarse algunos recursos de los fondos de ahorro del país.
En materia política, la reforma a la Constitución no es de extrema urgencia, sobre todo porque requiere de un periodo de negociación más amplio con todas las fuerzas políticas. Lograr un buen consenso acerca de las modificaciones a la Carta Magna que se adecúen a los nuevos tiempos de la realidad chilena es un asunto más de mediano plazo.
Todas las demás reformas tienen un carácter complementario que vendrían a reforzar las estructuras tanto de la economía como de la política y la sociedad, por lo que cual su sentido de urgencia es menor.
Así, el gran reto que marcaría a la administración bacheletista sería su capacidad para evitar el desplome de la economía y poder levantarla de manera saludable hacia una trayectoria de crecimiento mayor y más estable. Lo cual sólo se logra con el fortalecimiento de las fuentes fundamentales del crecimiento: inversión y ahorro, productividad y, cambio tecnológico.
Prolongadas políticas expansivas sólo producen crecimiento efímero y desarrollo de desequilibrios. La esperanza es que el nuevo equipo tenga claro que la política económica debe usarse para moderar la volatilidad del ciclo económico, no para intentar determinarlo con acciones prolongadas y distorsionantes. El crecimiento económico solamente puede ser sano y duradero si es el producto natural de la capacidad productiva existente en el país y no el resultado de políticas estimulativas.
