Expertos advierten sobre una posible violación al secreto tributario
El proyecto habla derechamente de que la Superintendencia de Valores y Seguros deberá fiscalizar a las grandes empresas que entren a la Nómina de Grandes Contribuyentes, sin embargo, fuentes vinculadas al equipo que redactó la Reforma dicen que en realidad es una colaboración y que hay un error en el uso de esa palabra.
La incorporación en el Código Tributario de una nueva Norma General Antielusión, que permitirá al SII rechazar las ventajas tributarias obtenidas «mediante planificaciones elusivas» y sancionar a los contribuyentes y asesores tributarios que hayan participado en su diseño, tiene alarmados a los auditores, abogados y especialistas tributarios. Sin embargo, el desasosiego aumentó cuando leyeron el siguiente párrafo: la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) «colaborará con el Servicio de Impuestos Internos en la fiscalización del cumplimiento de la normativa tributaria».
Si bien en esta frase se usa la palabra colaborar, cuando se definen las tareas que deberá asumir la SVS se habla derechamente de «fiscalizar», lo que fue interpretado por los expertos como que iba a tener un rol en el pago de los impuestos. En las normas complementarias se señala que «deberá fiscalizar a las grandes empresas (…), por el plazo de tres años a contar de su incorporación a la Nómina de Grandes Contribuyentes o a contar de su renovación en ella».
La Nómina cambia todos los años y es una resolución que dicta el director del Servicio de Impuestos Internos de acuerdo a ciertos parámetros, entre ellos, patrimonio, ingresos y capital. En general, en ella están las grandes mineras, los bancos, las compañías de seguros y sociedades que son relevantes en términos de recaudación, las cuales no necesariamente están bajo la supervisión de la SVS.
En el proyecto se indica, además, que todas las empresas sujetas a fiscalización de la Superintendencia que implementen una reorganización de activos o funciones –por medio de fusiones, divisiones, transformación, liquidación, creación o aporte total de activos y pasivos de una o más empresas–, deberán ponerla en conocimiento de la SVS.
Una fuente cercana al equipo que elaboró el proyecto de Reforma Tributaria indicó que «esta norma no quedó bien redactada, porque lo se quiere plantear es la colaboración de la SVS. La palabra fiscalización se coló en la redacción, pero esa no es la intención. Lo que sucede es que cuando se revisan las operaciones de las empresas, nadie sabe nada de por qué y quiénes tomaron las decisiones. Ahora deberán quedar registradas e informadas».
Por eso se señala, en la iniciativa enviada al Congreso, que todas las empresas sujetas a la fiscalización de la SVS deberán informar sobre la reorganización de activos y funciones y estas decisiones quedar anotadas de manera «detallada» en actas de directorio. También se añade la obligación de informar las contingencias tributarias cuando ocurran. Y, finalmente, se agrega el deber de incluirlas en las notas de los estados financieros de las compañías.
Actualmente, el Código Tributario señala que los funcionarios fiscales están obligados a proporcionar la información que el Servicio les requiera, incluso las que tengan carácter de reservado, por lo que parece un contrasentido que se pida expresamente a la SVS que colabore. Sin embargo, al interior del SII ha existido siempre la idea de que los demás órganos del Estado no actúan con la celeridad que se requiere. «La SVS nunca ha pensado al Servicio de Impuestos Internos como un cliente. Ahora tendrá que sistematizar la información en un formato electrónico diseñado de común acuerdo entre ambos entes».
Si bien este puede ser el espíritu del equipo de Hacienda, tal como está redactado el proyecto podría dejar la puerta abierta para que la SVS comience a fiscalizar materias tributarias y, en el actual ambiente de alarma, incluso el concepto de colaboración para algunos expertos tributarios es ambiguo, quienes señalan que, desde el minuto en que un organismo distinto al SII comienza a manejar información tributaria de un contribuyente, se estaría violando el secreto tributario y esa transferencia hay que evitarla, porque si se llega a filtrar dicha información a terceros, ya no hay un solo responsable sino que dos.
La discusión en torno a las atribuciones que se le quieren conferir al Servicio de Impuestos Internos en materia de evasión y elusión ha hecho que gran parte del debate se centre en la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las nuevas normas y que se vuelva a revisar el Código Tributario una y otra vez, mientras que otros aspectos relevantes del proyecto todavía se mantienen en la nebulosa. ¿Por ejemplo? Si la reforma tributaria afecta o no a los Convenios de Doble Tributación firmados por Chile o si la base devengada está o no colocando sobre el contribuyente una carga excesiva.
Dentro de las posibilidades que se barajaban ayer en la tarde, estaba la opción de elevar una solicitud al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre los puntos que más controversia han causado en torno a la discrecionalidad que tendría el SII para impugnar operaciones de privados.
También se hablaba de que el proyecto de Reforma Tributaria podría dividirse en dos. Algo de eso dejó entrever el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Juan Pablo Lorenzini, quien le indicó al ministro Alberto Arenas que no hay mucho debate sobre la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), el aumento de impuestos a las empresas de 20% a 25%, las medidas para reducir la evasión y la elusión y la aplicación del IVA a la construcción. «El 80% de las platas está aprobado», dijo, pero hay un 20% que enreda la discusión y que podría dejarse para una segunda fase, propuso.
El ministro no hizo ningún gesto de acoger la propuesta del parlamentario, que fue vista por algunos observadores más como un intento de buscar titulares de prensa que un convencimiento. El objetivo fijado es uno: que el proyecto salga de la Cámara de Diputados antes del 21 de mayo.
Ayer durante una entrevista en el programa «El Informante», de TVN, Arenas aseguró que había un gran apoyo a la Reforma Tributaria y que eran pocos los que la estaban «obstruyendo», más por razones político-ideológicas que técnicas. Consultado sobre la posibilidad de hacerle modificaciones, señaló que siempre la iniciativa es perfectible, pero sobre la base de avanzar en el contexto ya dado.
