Tiempo corre a favor del empresario y controlador de SQM
En las juntas de la semana pasada su hermano actuó con impunidad: dejó a Moneda sin director en Norte Grande y forzó a los minoritarios a suscribir el aumento de capital de las Cascadas. La SVS ni siquiera asistió, los políticos no se pronuncian y la arista penal parece inabordable.
El primer golpe duro lo recibió él. Los cargos formulados por el ex superintendente de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, hoy reemplazado por Carlos Pávez, fueron contundentes. El oficio del 6 de septiembre de 2013 lo puso como líder del esquema «engañoso» de operaciones con sociedades Cascadas, las cuales están en la cadena de control de SQM y que habrían perjudicado a los accionistas minoritarios.
Los golpes siguientes recayeron sobre LarrainVial, Leonidas Vial, BanChile Inversiones y una serie de personajes influyentes del mercado de capitales local, pero el foco siguió siendo Julio Ponce Lerou.
Su primera victoria fue conseguir dilatar la investigación y así asegurarse que Coloma no fuera el que fallara en el caso.
Los minoritarios –las AFP y Moneda Asset Management– aumentaron día a día su presión sobre Ponce y los directores que el controlador nomina. Mientras, la clase política guardó silencio.
Todo esto no impidió que Moneda concurriera al aumento de capital de Norte Grande y Oro Blanco; y que los “cuestionados” aumentos de capital registraran un 99% de adhesión.
La excusa la dio Moneda a la SVS: se corría el peligro de que Ponce aumentara su poder en ambas Cascadas a un tercio del valor de mercado y, desde esa perspectiva, concurrió al aumento. De no acudir, argumentó, podría verse quebrantado el rol fiduciario que cumple al administrar dineros de terceros.
Anoche, a través de un hecho esencial, Oro Blanco informó que, con la operación aprobada, pagará en forma anticipada el bono por US$ 100 millones, a una tasa de 8,5% anual. También anunció la reelección de Ponce y su hermano Eugenio a la presidencia y la vicepresidencia de la sociedad.
Finalmente, el caso llegó al Ministerio Público, que ha ido investigando distintas aristas y aguarda la resolución de la SVS para intensificar su trabajo en el tema. En tanto que la SVS iniciará en los próximos días el proceso probatorio, donde Ponce espera demostrar errores y vacíos de la acusación de la autoridad.
Pese a toda esta presión, Ponce no parece acusar golpe alguno. Al contrario, está dispuesto a pelearles hasta el último centímetro, de la mano de su hermano, Luis Eugenio, quien desde la presidencia de las Cascadas botó a los accionistas rebeldes a la lona en las juntas de accionistas de la semana pasada.
Fue justamente en la junta de Norte Grande donde se dio la batalla. Moneda y las AFP, en representación de los minoritarios, olvidaron cumplir al pie de la letra la norma local para elegir sus directores en Norte Grande, la sociedad que controla Oro Blanco, que a su vez maneja a Pampa, y finalmente ésta última llega a SQM.
Tan grueso fue el error que, por una formalidad, Moneda quedó sin un representante de su gusto, mientras que el de AFP Cuprum llegó corriendo y asegurando que cumplía los requisitos.
En este partido, que más parecía el de un equipo de amateurs contra otro de la liga profesional, la SVS no se hizo presente.
La sensación la resume una fuente cercana al caso, pero que habla desde el anonimato: “Es impresentable que la SVS no enviara a nadie. Es súper fuerte. Parece que no le importara”. Otro actor relevante del mercado agrega que es aún más cuestionable, dado que las juntas de las Cascadas tienen una historia polémica y de acusaciones de abuso cometidas por la presidencia.
La explicación que la SVS dio el viernes pasado omitió el cuestionamiento de fondo, pues no dio ninguna explicación por su ausencia. “En uso de sus facultades legales la SVS puede fiscalizar, ya sea de oficio o a petición de terceros interesados, la legalidad de los actos ejecutados durante las juntas de accionistas. Lo anterior, mediante la revisión del acta de dicha asamblea que debe remitir al regulador la sociedad y/o a través de una asistencia presencial”, dijo la entidad que dirige Carlos Pávez.
Ponce tampoco ha tenido miramientos para tratar a la Superintendencia. Hasta hoy continúa una investigación del Ministerio Público sobre prevaricación administrativa y por abuso contra de particulares, así como otra por filtración dirigida en contra de ex funcionarios de la SVS, incluido Coloma.
Las denuncias ante la justicia lograron amedrentar a los funcionarios de la SVS, algunos de los cuales llegaron a dudar de seguir avalando con su firma los pasos que se daban en el caso contra Ponce.
El tiempo corre a favor del empresario, porque los funcionarios públicos son defendidos por el Estado hasta seis meses después de alejados de sus cargos. En esta situación se encuentran el ex superintendente Fernando Coloma, el abogado Hugo Caneo y el intendente de Valores Hernán López Böhner, el único que permanece activo. Incluso el fiscal que validó finalmente la actuación de la SVS, Armando Massarente, ya no está.
En el mercado existe coincidencia de que la SVS sancionará a gran parte –o a todos– los que fueron acusados en septiembre de 2013 y enero de 2014. ¿La razón? Simple estadística: casi el 95% de los formulados con cargos por la SVS terminan siendo castigados.
La multa más grande recaería sobre Julio Ponce, la que –según han dicho cercanos al proceso– podría llegar a US$ 100 millones. También les queda claro que los supuestos cómplices en el esquema están dejando al empresario como único responsable.
En los descargos, el resto de los acusados ha intentado salvar el pellejo. LarrainVial y sus gerentes afirmaron que su único rol es buscar puntas (compradoras y vendedoras) cuando aparece algún negocio que llevar a la Bolsa, que nunca supieron de la existencia de un supuesto esquema y que son meros intermediadores entre inversionistas.
Desde el círculo de Ponce descartan que sea una señal de debilidad el aparecer defendiéndose solo ante la SVS. Si Ponce actuó solo, la SVS se queda sin línea argumental, dicen.
Y es que el principio que rige la investigación de la Superintendencia se sustenta en que LarrainVial, Leonidas Vial y los ejecutivos de dicha corredora son actores instrumentales y partes “necesarias” para la existencia del esquema denunciado por la SVS.
“Si se cae LarrainVial o Leonidas Vial, se cae el caso y no existe esquema”, dice un abogado que lo conoce de cerca.
Con todo, dicha sanción deberá disputarse en tribunales. Y en esa sede existen precedentes que hacen pensar a Ponce y a los demás acusados que pueden revertir tales multas.
Basta mirar lo que sucedió en la causa que involucró a los gerentes general y de inversiones de AFP Habitat, Cristián Rodríguez y Alejandro Bezanilla, respectivamente, quienes fueron acusados por uso de información privilegiada en operaciones de Telefónica CTC hace cinco años. El presidente de Habitat en ese momento, José Antonio Guzmán, no les pidió la renuncia a sus ejecutivos y finalmente la justicia le dio la razón.
La arista más compleja para Ponce es la penal, pues lo puede llevar a la cárcel. Pero esa posibilidad parece lejana.
Fuentes bien informadas revelaron que el Ministerio Público no tiene perspectivas alentadoras en esta investigación contra Cascadas. “La investigación de la SVS es realmente mala”, dice un funcionario de Estado que ha visto la formulación de cargos.
Según las fuentes, el extenso expediente de la investigación de Coloma y Caneo no tiene mucho asidero penal. Son esencialmente presunciones de la autoridad administrativa que no bastan para demostrar, más allá de toda duda razonable, las acusaciones de la SVS.
No existe evidencia consistente de colusión y de la existencia del “esquema”. Y el tiempo juega en contra de José Morales, el fiscal del área delitos económicos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, y a favor de Ponce.
Morales debería esperar a que la SVS concluya su caso, pues –a diferencia de La Polar– la SVS no hizo al comienzo denuncia alguna ante el Ministerio Público.
Cercanos a la Fiscalía indican que, dado que se trata de hechos ocurridos, algunos, hace cinco años, parece poco efectivo incautar computadores o revisar audios de corredoras u otra documentación. “Ponce, a estas alturas, no debe tener ninguna evidencia guardada”, dicen las fuentes. No hay correos ni fotos ni llamadas que prueben la supuesta colusión de Ponce, LarrainVial y los otros acusados.
Así lo reconocen también cercanos a la SVS: “La acusación de la SVS se basa en la violación a derechos y normas administrativas de la Ley de Valores que puede derivar en delitos penales… (pero) el caso es complejo y entendíamos que para la Fiscalía sería más complicado”.
Aún más, las mismas fuentes reconocen que al interior de la SVS en su momento “no estaba claro ni había unanimidad” de que los delitos detectados fueran penales.
La Fiscalía tampoco vive un buen momento porque ha perdido causas importantes. Le fue mal en primera instancia en el caso Alfa y en la disputa con el ex SVS Daniel Yarur, salió además deslavada en el caso Farmacias, y en La Polar aún no ha logrado iniciar el juicio oral, donde se enfrenta a un ejército de abogados muy experimentados que creen difícil que el fiscal pueda enviarlos a todos a la cárcel. De hecho, la Fiscalía se concentró en conseguir sanciones contra Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno.
