A LarrainVial la acusa de actuar en forma opaca y a Celfin, Banchile y Nevasa de favorecer la ocurrencia de los delitos. La acción civil pone presión a la SVS para sancionar y a otras AFP para sumarse a las demandas.
Un texto de 144 páginas presentó la AFP Capital el jueves pasado en el 27° Juzgado Civil de Santiago como la primera demanda civil en el caso Cascadas. En su libelo –elaborado por el abogado del estudio Correa Gubbins, Juan Ignacio Correa, y firmado por el gerente general de la gestora del grupo colombiano Sura, Eduardo Vildósola– pide una indemnización total de casi $ 3.900 millones (unos US$ 7 millones) por lo que define como el Fraude Cascadas.
La demanda civil extracontractual identifica a cuatro responsables del perjuicio que les provocaron a los fondos que administra Capital: en la primera línea, el presidente de SQM y controlador de las sociedades Cascadas, Julio Ponce, y el gerente general de las mencionadas Cascadas al momento de los ilícitos denunciados, Aldo Motta, por violar sus deberes de cuidado y diligencia, además de aquellos fiduciarios en la dirección de las Cascadas.
En un segundo orden, responsabiliza tanto al abogado cercano a Ponce, Roberto Guzmán, como al socio de la corredora de Bolsa LarrainVial, Leonidas Vial Echeverría, por infracción a la prohibición de inferir daño a otro establecida en el artículo 3.214 del Código Civil.
La acción aborda con variedad de epítetos el esquema ideado por Ponce, ejecutado por Motta y que tuvo como coautores a Vial y Guzmán y se sostiene, en parte importante, por el oficio de formulación de cargos contra Ponce del 6 de septiembre de 2013 y, en menor medida, por la querella criminal presentada por Moneda contra Ponce, Motta y Guzmán en enero de 2014 y otra de AFP Habitat.
Capital trata en duros términos a Ponce y Motta, reconoce el rol que ha jugado Moneda Asset Management denunciando el caso y no duda en cuestionar el rol que tuvieron cuatro corredoras de Bolsa en este caso: LarrainVial, Banchile, Celfin y Nevasa.
La acción de Capital generó diversas reacciones en el mercado. En primer lugar, un abogado que participa en el caso Cascadas cree que la Superintendencia se ve presionada con esta acción, pues confirma que son cada vez más los actores involucrados que están acudiendo a la justicia antes de que la SVS zanje las investigaciones.
Capital, al igual que Habitat y Moneda, ya efectuaron denuncias ante los tribunales, adelantando su juicio jurídico sobre la actuación de Ponce, Motta y Vial, por lo que una resolución sin sanciones por parte de la autoridad aparecería extemporánea.
La acción de las AFP, además, revela cambios respecto del caso La Polar. En 2011, la SVS denunció inmediatamente ante la Fiscalía los hechos, mientras que, en el caso Cascadas, la autoridad no acudió al Ministerio Público y tuvo un impasse público con el fiscal de delitos de alta complejidad José Morales, porque el jefe de la SVS, Fernando Coloma, no quería entregarle a Morales copia de los cargos.
Junto con ello, en el caso La Polar, la SVS formuló cargos poco más de un mes después de estallado el escándalo y la primera AFP en demandar civilmente –la misma Capital– lo hizo casi un año un medio después. Esta vez, Capital lo hace nueve meses después de conocidos los primeros cargos (cinco meses después de los cargos a Vial).
Además, dado que es la primera acción civil –AFP Habitat se querelló (acción penal)–, se prevé que las otras AFP deberán acudir también a tribunales por indemnizaciones, dado su rol fiduciario y las críticas que hay al sistema de pensiones y su papel en el caso La Polar.
Pero también desde el lado de los acusados la acción de Capital es vista como positiva, pues no actuó penalmente, lo que –según las fuentes– evidenciaría que se trata de “una disputa civil por dinero”.
No obstante, desde la vereda de enfrente le quitan fuerza a esta mirada, debido a que la acción de Capital también incluye delitos que pueden perseguirse penalmente y porque la acción penal tiene la dificultad de perseguir sociedades más que personas.
En el intertanto, está el Ministerio Público, que tiene cuatro causas penales y se encontraría a la espera de lo que decida la SVS para actuar, aunque fuentes conocedoras del caso reconocen que le será difícil demostrar los delitos, dado que sus atribuciones para investigar pierden fuerza a raíz del paso del tiempo y la pérdida del factor sorpresa para encontrar evidencia en las oficinas de Ponce, Motta, Vial y Guzmán.
En la demanda de Capital, el abogado Juan Ignacio Correa hace un pormenorizado relato de los hechos, subdividiendo en cinco “casos” los delitos que provocaron perjuicio a las sociedades Cascadas y, a través de ellas, como accionistas minoritarios, a las AFP.
Fija, de hecho, en las juntas de accionistas de las Cascadas del 7 de noviembre de 2011, el momento en que “se empezó a deshacer el nudo gordiano que ata el fraude cascada”.
Señala, asimismo, que hace suyas las denominaciones efectuadas por la SVS para identificar a los cuatro personajes, como sociedades relacionadas, vinculadas e instrumentales “porque ya está internalizada entre los actores y víctimas de Fraude Cascada y también en la sorprendida opinión pública”.
Describe con detalle las estructuras societarias de las Cascadas “desde su lado más oscuro, vale decir, desde el ángulo de las Sociedades Aguas Arriba…”, aludiendo a las sociedades que controla en un 100% Julio Ponce “y su camada”: Inver SQYA (que controla Norte Grande), SQ Grand Cayman, Pacific Atlantic Trading y The Pacific Trust.
En su argumentación alude al caso La Polar, esto en relación al rol que Ponce pretendió que jugara la auditora PwC. Relata que las operaciones que venía liderando Ponce desde 2009 se vieron obstaculizadas en 2011 cuando la auditora Ernst & Young cuestiona las ganancias generadas por operaciones de diciembre de 2010, “mientras el adquirente no fuese un tercero real en vez de un testaferro”.
Capital agrega que, respecto de dicha oposición de la auditora, “los controladores de las Sociedades Cascada pretendieron zanjar cambiando al odioso auditor externo que obstaculizaba el reconocimiento de esas utilidades en Pampa Calichera, optándose por PricewaterhouseCoopers, aquel auditor tan cuestionado en el Caso La Polar y –en forma continua– hacer figurar a un tercero ansioso de ganar una comisión-pasada como contraprestación por facilitar tal pantomima”.
A partir de esta medida, indica que “con un descaro sin igual, ni decoro alguno por las formas, el ideólogo y promotor del fraude de autos o sus controlados extremaron este esquema timador y optaron por que la participación (de un) ‘tercero’ entre la primera y segunda vuelta no mediara tiempo alguno», aludiendo a una siguiente operación de marzo de 2011, cuyos efectos financieros terminaron provocando la intervención de la SVS, que detuvo las utilidades generadas y a partir de ese momento se desató, según ha dicho la autoridad, la investigación del caso que terminó con los cargos de septiembre de 2013.
La demanda divide el caso, además, en siete hitos en el tiempo.
El abogado Correa, a cargo de la demanda, describe –en el segundo capítulo del libelo– los actos jurídicos que conforman las conductas de los acusados: pérdida de oportunidades de negocios; sobreendeudamiento y venta de activos accionarios, y generación de utilidades.
A estos tres grupos de conductas, Correa los analoga con la mitología griega, comentando sugestivamente que, en dicha era, “Ariadna, hija del Rey Minos, es quien –junto al héroe Teseo– ideó la forma de entrar y salir del Laberinto de Creta donde habitaba un ser monstruoso: El Minotauro”.
En dicho capítulo relata con detalles las operaciones y la forma en que fueron perjudicando el patrimonio de los accionistas de las Cascadas, en particular a los minoritarios, refrescando en lo principal los cargos que levantó la SVS.
Respecto de Ponce, señala que tenía el control de los directorios, designando a su hermano, tres hijos y un hombre de confianza, como Felipe García-Huidobro Mac-Auliffe, con lo que siempre tenía mayoría en las mesas.
Asegura que Ponce participó activamente en las decisiones de los directorios de las Cascadas y que su poder era tal, que “sus directrices eran verdaderos ucases (algo así como decretos del zar) para los directorios y sus respectivas gerencias”.
Capital es particularmente crítica de las corredoras de Bolsa por su displicencia en el caso. “Este controlador (Ponce) pudo efectuar estos actos al contar con la colaboración de las diversas corredoras de bolsa que intervinieron en las operaciones denunciadas, las cuales –como lo demuestra el procedimiento clandestino seguido– conocían o debían conocer las consecuencias de las mismas”.
Agrega que en los casos de operaciones “concertadas” que protagonizaron sociedades como Oro Blanco, Norte Grande, Inver SQ, Transcorp e Inver La Palma, su proceder se vio favorecido por el actuar de las corredoras de Bolsa involucradas, vale decir, LarrainVial, Celfin, Banchile y Negocios y Valores corredores de Bolsa (Nevasa).
La primera intermediaria es de Leonidas Vial y del hoy director de la Bolsa de Comercio, Fernando Larraín Cruzat; la segunda es de Andrónico Luksic y está acusada por la SVS en el caso; Celfin (hoy BTG Pactual) se libró de cargos en la SVS y tiene como socio y director al actual timonel de la Bolsa, Juan Andrés Camus, y, finalmente, Nevada incluye como socio al vicepresidente de la Bolsa, Eduardo Muñoz.
Según el relato de Capital, estas entidades acordaron con las partes el ingreso de una gran cantidad de órdenes que no buscaban calzar ofertas bursátiles vigentes, sino cumplir con los requisitos para la realización de OD (Operaciones Directas) sin difusión.
Esto, porque la normativa exige que en tal evento exista profundidad en el mercado. Así, agrega –parafraseando a la SVS–, cumplido el requisito, dichas órdenes eran eliminadas en los segundos posteriores a que se ejecutaran.
En la misma línea, la AFP analiza lo dispuesto en el N°20 de la circular N° 1.499 de la SVS del 19 de abril de 2002, donde se regulan las OD sin difusión. Capital concluye para el caso que “la argucia de ingresar órdenes de compras y ventas segundos antes de la ejecución de la respectiva OD sólo tenían por finalidad consumar el segundo requisito” de dicha circular y, así, “crear la profundidad que permitirá transar (calce automático) vía OD sin difusión”.
Finalmente, advierte que las órdenes que ingresaron las corredoras “buscaban impedir que las Sociedades Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales fueran ‘obstaculizadas’ por el mercado al ejecutarse el Fraude Cascada”.
En el análisis de intervinientes, Capital les reconoce a Moneda Asset Management y a AFP Habitat el protagonismo en la lucha contra Ponce. “Moneda, en su calidad de administradora de fondos de inversión, ha sido uno de los principales personeros en destapar este mediático fraude”.
Lo dice por el cuestionamiento que hizo en las juntas del 7 de noviembre de 2011, donde se crea la sociedad Nitratos tras la división de Oro Blanco. Luego recuerda cuando Moneda y Habitat, el 31 de julio de 2012, plantearon sus aprehensiones respecto al modo en “como se venía administrando la compañía” y con alusión a las operaciones que luego serían destapadas por la SVS.
Y destaca el rol de la firma presidida por Pablo Echeverría, haciendo referencia al famoso ‘panfleto’ que denomina Antecedentes de Prácticas Impropias y que “Moneda hizo circular en el mercado”.
Para sostener la culpabilidad de los acusados, Capital hace un largo recorrido por literatura civil. Y en ella Enrique Barros, el presidente del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa, aparece una y otra vez. Esta semana, Barros y el comité deben presentar sus propuestas sobre conflictos de interés, surgidas a partir del mismo escándalo financiero.
Correa lo cita para demostrar que los acusados, en particular Leonidas Vial y Roberto Guzmán, son cómplices y responsables civilmente, cuando cita los dichos de Barros: «Se tiene por autor del daño a quien materialmente lo ha producido, pero la responsabilidad también se extiende a quienes han actuado como complices o encubridores del hecho, en la medida que su conducta ilícita resulta determinante en la materialización de los perjuicios”.
También cita a Barros para evidenciar la responsabilidad de Ponce y Motta en lo ocurrido, por participar en el directorio y la administración, respectivamente, y cuando analiza el deber de lealtad de los mismos en las empresas. Por igual punto, cita también al abogado Fernando Atria, famoso por su intervención pública en debates sobre la reforma a la Constitución y la reforma educacional. Además, cita el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago en el Caso Chispas, el 16 de agosto de 2013.
Incluso, Capital cita a Francisco Pfeffer –abogado ante la SVS de uno de los que ahora acusa civilmente, Aldo Motta–, cuando explica los conflictos de interés con que operaban Ponce y Motta al realizar las operaciones entre sociedades Cascadas y las vinculadas.
