Pidió a la Corte dejar sin efecto orden que frena investigación y que fue presentada por la defensa de Roberto Guzmán. El CDE, en representación de la SVS, manifiesta que la acción no se justifica.
El Consejo de Defensa del Estado salió golpeando en defensa de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el Caso Cascadas.
Dijo que orden de no innovar de Corte de Apelaciones pone en peligro el caso y pidió a la Corte dejar sin efecto orden que frena investigación.
Esa orden fue presentada por la defensa de Roberto Guzmán. El CDE dice que la acción no se justifica y podría dejar sin sanción a los formulados.
De acuerdo al diario Pulso, la respuesta de la CDE critica la resolución y señala que “la orden de no innovar es altamente perjudicial para la actividad fiscalizadora de la Superintendencia de Valores y Seguros”.
Entre sus argumentos dice que la orden es «improcedente, extemporánea, injustificada y atenta contra la ley orgánica de la SVS».
De acuerdo al Diario Financiero, el CDE enumera más de 60 recursos con “afán dilatorio” interpuestos por formulados.
La defensa de Roberto Guzmán reclama que la SVS obliga a los acusados, y no al regulador, a presentar las pruebas sobre las cuales basarían su inocencia de los cargos formulados. Eso, según los abogados de Guzmán, presume la existencia de delito.
El fallo de la Corte de Apelaciones puso en jaque todo el Caso Cascadas, ya que el resto de los acusados, incluyendo al presunto artífice, Julio Ponce, estarían tramando una estrategia similar.
El CDE manifiesta que la decisión de la Corte no se justifica y alega que el acto administrativo no acarrea perjuicio alguno al recurrente, por lo que no se dan “ninguno de los presupuestos de fondo para decretar una orden de no innovar”.
“Lo que pretende la defensa de Guzmán no es otra cosa que impedir o entorpecer la actividad fiscalizadora de la SVS, a través de sucesivos reclamos de ilegalidad”.
Dice que las alegaciones dilatorias de Guzmán y el resto de los imputados son “actuaciones nunca antes vistas ante la Superintendencia”. Y agrega que claramente el objetivo es que los hechos investigados caduquen, puesto que parte de las operaciones cuestionadas están cerca de cumplir los 4 años de plazo.
