Que cuatro diputados del PS interpongan una querella en la causa puede explicarse en parte por oportunismo político, pero también por la idea de que la desigualdad en Chile tiene su origen en el proceso de privatizaciones de los 80.
En 1990, el socialista Armando Arancibia presidió la comisión de diputados que investigó las privatizaciones durante el gobierno militar. Catorce años después, el entonces diputado Carlos Montes, también socialista, volvió a montar una comisión investigadora, cuyas conclusiones nunca fueron oficialmente publicadas, pero que se pueden leer en el blog del que hoy es senador de la República.
Las querella que cuatro diputados socialistas interpusieron por los casos FUT y Penta durante el segundo semestre del año pasado y enero de 2015, pueden tener una mezcla de oportunismo político, pero apuntan a un grupo formado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín que no sólo simboliza a la derecha política, sino que a los empresarios surgidos de las privatizaciones aceleradas de fines de los 80.
Desde esa perspectiva, hay un hilo conductor que está en el inconsciente de algunos socialistas y que cada cierto tiempo aflora tras el convencimiento de que allí está, en parte, explicado el origen de la desigualdad en Chile.
“La transición no estuvo imbuida en un propósito antiempresa. Había gente que quería retomar el proyecto de Allende, pero la lectura de la mayoría durante los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei era que había que reconstruir la democracia”, recuerda un parlamentario de la época.
Cuando asumió Aylwin, había tres ejes ordenadores: lograr una democracia estable, reducir la pobreza y aclarar las violaciones a los derechos humanos y en la medida de lo posible aplicar justicia.
“Se quería dar la señal de que las preocupaciones centrales del Gobierno eran la reducción de la pobreza y para ello negoció rápidamente la reforma tributaria, al tiempo que hizo todo lo posible para estimular el crecimiento. Y la otra prioridad eran los derechos humanos, que se canalizó a través de la Comisión de Verdad y Reconciliación”, la que se creó en abril de 1990, explica un testigo.
Sin embargo, el Ministerio de Economía, encabezado por el entonces militante socialista Carlos Ominami, y la Corfo, cuyo vicepresidente era el abogado radical René Abeliuk, comenzaron a elaborar un estudio sobre el traspaso de las empresas estatales al sector privado durante la dictadura, enfocándose en dos áreas principales: las privatizaciones propiamente tales y los créditos que dio Corfo.
El equipo de Gobierno siguió recopilando antecedentes por un tiempo, pero en la mayoría de los casos se topó con que las privatizaciones se hicieron a través de leyes especiales, por lo tanto, cumplían los principios de la legalidad.
Carlos Ominami terminó por entregar al Congreso la misión de seguir con la investigación sobre las privatizaciones. De esta forma, el tema dejó de ser un asunto de Gobierno y pasó a manos de otro poder del Estado.
En 1991 se constituyó la “Comisión Especial Investigadora de la Anterior Administración de la Corporación de Fomento de la Producción y las Privatizaciones de sus Empresas Filiales”, presidida por el diputado Armando Arancibia, quien también encabezaba la Comisión de Hacienda (actualmente es el jefe gremial de los notarios).
A fines de 1990 se produjo un hecho que –a juicio de algunos parlamentarios– fijó los límites de hasta dónde se podía llegar. La prensa dio a conocer un fraude que involucraba al hijo del general Augusto Pinochet, que se conoció como los Pinocheques, y que trajo como reacción un acuartelamiento de tropas en diciembre, movimientos que se repitieron a lo largo de esos años.
“Había temas delicados como traspasos de tierras al Ejército sin pago alguno o muchos empleados públicos que habían apostado al capitalismo popular. Además, se necesitaba la voluntad de los empresarios para hacer crecer el país. No era algo explícito, lo posible era evidente y caía por su propio peso”, recuerda una fuente.
En su página web, el senador Montes señala que “el trabajo de esa instancia fue bruscamente interrumpido por acciones de presión militar ocurridas mientras Augusto Pinochet permanecía como Comandante en Jefe del Ejército”. Otros recuerdan que un freno decisivo fue el ejercicio de enlace que crispó el ambiente a niveles considerados peligrosos.
Pese a ello, se recopilaron muchos antecedentes. Se concluyó que el proceso de privatización ejecutado entre 1985 y 1987 significó la venta de 32 empresas pertenecientes a Corfo, con una pérdida de US$ 2.209 millones de 1989. A ello se agregó que Corfo asumió los pasivos de las empresas enajenadas, aumentando sus deudas en 131% en relación a 1984. Un tercio de la pérdida patrimonial de Corfo correspondió a CAP.
Sin embargo, las sesiones comenzaron a fracasar por falta de quórum. “No se le daba importancia o los hechos diarios sobrepasaban la capacidad de los parlamentarios”, señala una fuente que integró dicha comisión.
Se venía además la discusión de Presupuestos y Arancibia no quiso o entendió que no sacaba nada con prorrogar los plazos porque existía la prohibición constitucional de hacer un juicio histórico. Ordenó la sistematización de los antecedentes recopilados y se archivaron en el Congreso.
Un testigo de aquel proceso dice que, más que una perversión, lo que hubo en los últimos meses de Gobierno de Pinochet fue “una convicción ideológica de que ellos (la derecha) eran los indicados para manejar las empresas y que no se podía dejar en manos de la Concertación la posibilidad de tener ese poder económico”.
Casi catorce años después, en 2004, el entonces diputado Carlos Montes retomó la investigación, aprovechando los testimonios nuevos que ex funcionarios de Contraloría estaban dispuestos a brindar. “No contó con el apoyo institucional del partido, tampoco del Gobierno que veía con preocupación que se reabrieran viejos temas que tensionaran el ambiente político”, señala Carlos Montes.
Aunque en Chile no se ha hecho una publicación oficial de dicho informe, el senador socialista dice que existen conversaciones en Argentina para que se publique un libro al respecto.
Esta comisión agregó información relevante sobre, por ejemplo, que entre 1973 y 1990 se traspasaron 725 empresas y activos, devueltos o enajenados. Se expulsaron a campesinos de 230 cooperativas y se colocaron en manos privadas cerca de 5.809 predios o 9,9 millones de hectáreas.
A lo que se suma el endeudamiento que asumió Corfo por los préstamos castigados y deudas contraídas para sanear filiales antes de venderlas, que alcanzó a US$ 1.732 millones por 14 años (1990-2004).
Acciones como esas favorecieron “a personas y grupos vinculados al régimen militar y fortaleció a ciertos sectores o actividades económicas con estímulos que aún permanecen vigentes. Al mismo tiempo, destruyó el tejido social y se impuso un orden social y económico desigual reforzado por medidas como el plan laboral que destruyó los sindicatos”, señala un resumen de las conclusiones de la segunda comisión.
Al tiempo que específica que “es muy gráfico comprobar que los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones corresponden en gran medida a los técnicos que las diseñaron desde Corfo o que fueron interventores de empresas estatales como Julio Ponce Lerou con el grupo Soquimich, Roberto de Andraca con el holding CAP y otros como José Yuraszeck que dieron origen al grupo Endesa España (hoy Enel) con Chilectra, Enersis y Pehuenche, los grupos Hurtado Vicuña y Fernández León o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano que hizo su fortuna con la ‘diseminación de la propiedad’ que se perseguía con la creación de las AFP”.
Fue justamente Penta el foco de la ampliación de la querella que cuatro diputados socialistas interpusieron en enero de este año. Ya lo habían hecho en octubre por el caso FUT, que involucraba a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, anticipándose a que probablemente terminaría por envolver a los controladores de Empresas Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
La querella es patrocinada por el abogado Enrique Aldunate y la interponen los diputados Osvaldo Andrade, Daniel Melo, Marcelo Schilling y Leonardo Soto. Acción que no fue bien mirada al inicio y que fue definida como de oportunismo político, porque involucraba el financiamiento irregular de políticos principalmente de la UDI; y porque se hacían parte de una querella que era de iniciativa del Servicio de Impuestos Internos por tratarse inicialmente de ilícitos tributarios.
Sin embargo, a medida que avanza la investigación, el caso se ha transformado en el mayor cuestionamiento a la ética empresarial chilena y a la relación público-privada que ya no sólo se concentra en un solo grupo, sino que se amplía a otros como SQM y Cruzat. Al ramificarse la investigación al grupo de Ponce, los analistas apuestan a que habrá políticos de otras tiendas que serán llamados en calidad de imputados.
Puesto en este escenario, Aldunate señala que “sería una inconsistencia” no continuar en la misma línea hasta ahora seguida, independientemente de quiénes salgan heridos.
Tanto el abogado de los socialistas como aquellos que participaron en las comisiones que investigaron las privatizaciones, tienen la sensación de un actuar bastante solitario –y no institucional– en esta especie de cruzadas a lo largo del tiempo. Sin embargo, por una razón u otra, quienes las encabezan suelen ser militantes del Partido Socialista.
