En juego está mantener el «investment grade». Al directorio le preocupa que lo revelado interfiera con las conversaciones con Hacienda. Hay temor de que el Gobierno la obligue a emitir deuda que termine golpeando sus indicadores financieros.
La revelación de que Codelco pagó US$ 1 millón en asesorías a dirigentes y empresas vinculadas a la Nueva Mayoría, no podría haber aparecido en peor momento para la minera.
El 30 de junio, el Gobierno debe tener firmada la ley de capitalización correspondiente al aporte 2015.
El monto de capitalización requerido por la minera este año es US$1.050 millones –USS$800 millones de aporte fiscal y el resto en reinversión de utilidades del año pasado–.
Pero, de acuerdo a un reportaje de diario Pulso, esa cifra tendría al nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, complicado, ya que si permite a Codelco quedarse con US$ 250 millones en utilidades generaría un problema para financiar el presupuesto y forzaría al Gobierno a endeudarse, medida a la cual el ministro se opone y que de manera reservada se lo habría comunicado a la minera presidida por Óscar Landerretche.
El mismo mensaje de Valdés lo mandó la ministra de Minería, Aurora Williams, que hace dos semanas dijo que Codelco primero debe ver «las oportunidades que tiene hoy día en el mercado internacional desde el punto de vista del endeudamiento”.
El problema es que a Landerretche y al directorio les preocupa que un mayor endeudamiento ponga en peligro el «investment grade» de la minera. Codelco tiene “capacidad de endeudamiento externo, pero es probable que el deterioro adicional de nuestros indicadores financieros nos llevaría a perder la categoría», explicó ayer el economista.
Recordó que “la capitalización de Codelco fue una ley que pasó por el Parlamento y que fue aprobada con unanimidad”, agregando que, dado que la propia Presidenta se ha comprometido a la capitalización, «no tengo por qué pensar que va a cambiar esa situación”.
Según fuentes cercanas al directorio, existe una verdadera preocupación de que la polémica que se desató ayer, ante la revelación de los contratos de asesorías a políticos del oficialismo, complique las conversaciones con Hacienda. El temor es que el Gobierno decida efectivamente que la mejor opción es que Codelco se endeude afuera para financiarse, en vez de permitir que se quede con utilidades y verse expuesto a críticas de la oposición de que con eso estarían de alguna forma «protegiendo» a la empresa y, al mismo tiempo, poniendo en peligro los balances macroeconómicos.
La semana pasada Codelco reportó el tercer menor excedente trimestral desde la crisis de Lehman Brothers para el primer trimestre, lo que resultó en un aporte al fisco de tan solo US$ 313 millones. Y hace unos días el propio Landerretche reconoció que los indicadores financieros se están deteroriando
De acuerdo a datos de Bloomberg, Codelco y BHP Billiton son las mineras con la mejor calificación crediticia. Ambas tienen un rating de A1 de Moody’s. La agencia S&P le da un rating de A a Codelco, un peldaño menos que a BHP.
El Centro de Estudios de la Minería (Cesco) afirma que Codelco tiene la tasa de endeudamiento versus activos más alta en la minería mundial.
Asesorías cuestionadas
El titular de Codelco confirmó ayer que se están auditando todos los trabajos de asesorías que involucran a políticos de la Nueva Mayoría y agregó que existen respaldos de los contratos.
Los más controversiales son aquellos con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Jorge Insunza. El ex diputado PPD realizó asesorías a través de su empresa Sistema Consultores, por más de $300 mil dólares entre 1997 y 2014.
Insunza dejó de participar en la firma un poco antes de asumir como diputado en 2006, quedando su hermana y su cónyuge a cargo de la empresa. De esta forma, cede sus derechos a Viviana Insunza Gregorio de las Heras, previo pago de $6 millones que fueron cancelados en efectivo.
De igual modo, la esposa de Insunza, Claudia Soledad Jara Meza, dueña del 40 por ciento de “Sistema Consultores”, cede sus derechos, pero los reparte de la siguiente manera: 20 por ciento para Mauricio Bugueño Mundaca –actual jefe de gabinete del vocero de Gobierno, Marcelo Díaz– y otro 20 por ciento para Gustavo Muñoz López, quienes pagaron $2 millones.
En agosto de 2007, Mauricio Bugueño cede sus derechos a Gustavo López. En 2008, la hermana de Insunza vende sus derechos –de 60 por ciento– también a Gustavo López –un 20 por ciento–; mientras que el 60 por ciento de su parte, a David Henríquez Fuentes.
El titular de la Segpres retomó su participación entre junio y noviembre de 2013.
La respuesta de Codelco
La Gerencia de Comunicaciones de Codelco salió al paso confirmando que envió un oficio el pasado viernes 29 de mayo a la Cámara de Diputados.
“La inmensa mayoría de los contratos aludidos corresponden al periodo comprendido entre 1995 y 2005, los cuales, en su momento, fueron investigados por una comisión de la Cámara de Diputados y por la Contraloría General de la República, instancias que no formularon observaciones relevantes”, explicó a través de un comunicado de prensa.
“Cabe señalar que ninguno de los contratos aludidos en el artículo fueron suscritos durante la presente administración. Como ya ha sido informado anteriormente, Codelco se encuentra revisando todos los contratos con personas políticamente expuestas con el fin de dar garantías a la opinión pública y a la ciudadanía de que los recursos de todos están siendo empleados correctamente. Los resultados de estos análisis serán públicos”, acota la empresa estatal.
“A la fecha, estos análisis no han identificado contratos que no cumplan con la normativa interna o con la legislación vigente. Esta revisión no ha concluido aún. No obstante lo anterior, el Directorio de Codelco se encuentra implementando una agenda de reformas corporativas para elevar los estándares en materia de control de conflictos de interés, lobby, rendición de cuentas y transparencia. La información enviada a la Cámara de Diputados es de público acceso y está disponible en el sitio web de Codelco”, declara.
