La crisis interna que provocó el juicio contra Iván Álvarez y otros funcionarios que provenían de esa dirección, restó seguridad a los profesionales que allí trabajan. Una señal potente será el traslado de sede de un tercio de las actividades de supervisión, desde el edificio en General del Canto 281 a nuevas oficinas en Providencia. Esta es una de las medidas de reanimación para la dirección que atiende a los contribuyentes de más altos ingresos de la capital.
Una tercera parte de la Dirección Regional de Santiago Oriente se trasladará desde General del Canto 281 a un edificio cerca de Almacenes Paris, en Providencia.
Esa es quizás una de las señales más visibles de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) reconoce que aquella dirección se encuentra en problemas. Sobre todo desde que se destapó el fraude al FUT, donde los principales implicados eran funcionarios de General del Canto, lo que bajó la moral de los profesionales que allí trabajan.
La magnitud para juzgar la gravedad de la crisis que le aflige depende de la mirada de quien juzga.
Para los contribuyentes que son los de más alto patrimonio y que se ubican en Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, la dirección está paralizada y, si se llega con una solicitud, probablemente será rechazada.
Al interior del SII, las visiones están divididas. La más dura tiende a coincidir con la mirada privada. La otra señala que parte de las críticas obedece a que el director Claudio Ambiado es poco dado a dar audiencias y que la dirección no acepta condonaciones. “Eso siempre trae molestia entre los contribuyentes”, se indica.
“Hay que separar las cosas. La dirección regional Santiago Oriente es la más grande de todo el servicio. Origina la mayor carga de trabajo y es una plaza muy compleja para cualquier director regional”, agrega una fuente que detalla que en ella trabajan 460 funcionarios y es la segunda en términos de recaudación. La primera es la Dirección de Grandes Contribuyentes.
Lo que sí todos reconocen es que, desde que se produjo el fraude al FUT, los fiscalizadores tendieron a rechazar la gran mayoría de las solicitudes que se les presentaba por miedo a que se les cuestionara posteriormente su decisión.
En resumen, el Servicio diagnosticó que en la Dirección Santiago Oriente se había reunido una serie de factores que ponían en riesgo a la organización: el edificio, el tamaño de la dirección, el tipo de contribuyente y la crisis interna provocada por el fraude al FUT.
Descongestionar, descomprimir
Durante el primer trimestre de este año, el entonces director del SII, Michel Jorratt, emitió la resolución N° 28, a través de la cual delimitaba las comunas que quedarían bajo la jurisdicción de la Regional Oriente, a saber: Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, La Reina, Macul y Peñalolén. Y que, desde el 23 de marzo en adelante, las comunas de la Unidad de La Florida, comprendidas por La Florida, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, pasaban a depender de la Dirección Metropolitana Sur.
Con esto, el servicio buscaba descomprimir a la Dirección Regional Oriente, pero todavía barajaba si la Unidad de Ñuñoa cambiaría o no de dependencia. Esta unidad cubre Ñuñoa, La Reina, Macul y Peñalolén, y existía la idea de transferirla a la Dirección Santiago Centro, lo que hoy se vería como innecesario.
Pero la señal más importante, a los ojos del SII, será el traslado de sede de un tercio de las actividades de supervisión, desde el edificio central en General del Canto 281 a las nuevas oficinas en Providencia. “Eso es un alivio para todas las jefaturas”, dice una fuente que sostiene que la mudanza no estará determinada por definiciones territoriales.
Hay otras medidas más silenciosas, como que en los departamento de fiscalización se especificaron los grupos y sus tareas. “Antes eran multitareas, o sea, veían de todo y está demostrado que eso genera una sensación de carga de trabajo alta entre los funcionarios. En mayo del año pasado se especificaron las tareas”.
Esa mayor sensación de carga de trabajo hacía que los cortes o montos a partir de los cuales se realizaban las fiscalizaciones de la Operación Renta en la Dirección Santiago Oriente fueran más altos que en el resto de las direcciones, lo que fue mirado con preocupación internamente.
Además, se reforzó el equipo de recursos humanos, pero los resultados en esta materia son aún inciertos.
Los contribuyentes cuestionan el estilo del director de la Santiago Oriente: Claudio Ambiado. Un funcionario que fue puesto allí por el ex director Julio Pereira, que venía de la dirección regional de Puerto Montt, la cual tiene cerca de 50 funcionarios, o sea, es más pequeña, y cuya forma de ser se califica de poco comunicativa.
Quienes defienden su gestión reconocen que su estilo es seco. “No le gusta recibir a los contribuyentes y es bastante mezquino en el tema de las condonaciones. Eso le ha valido reclamos y quejas”.
El problema es que Ambiado o quien quiera estar en ese cargo tiene que lidiar con todas las grandes fortunas de Chile, con sus family offices, abogados y auditores, los cuales no están acostumbrados a que se les niegue una reunión.
“El diálogo se ha hecho muy difícil”, dice un auditor que tiene que lidiar con esta dirección. Otro indica que cuando hay reclamos formales, la respuesta es “no ha lugar”, sin un análisis de por medio.
Aumentan los rechazos
La crisis interna que provocó el juicio contra Iván Álvarez y otros funcionarios que provenían de esa dirección, restó seguridad a los profesionales que allí trabajan. “El rechazo a toda solicitud se hizo más evidente tras el fraude al FUT. El funcionario no quiere verse cuestionado por su desempeño”, explica una fuente interna.
El problema llegó a niveles álgidos a raíz del escándalo Penta y sus derivaciones, lo que provocó una serie de consultas de los contribuyentes. El mayor volumen de las preguntas tenía como destino la Dirección Santiago Oriente y no había capacidad de respuesta.
Por eso, a mediados de marzo de este año, el SII anunció que había armado un equipo especial en las dependencias de la Dirección de Grandes Contribuyentes, bajo la tutela de Víctor Villalón, para que atendiera lo que se llamó el procedimiento voluntario de autodenuncia y rectificación de declaraciones, a través del cual las empresas pudieran presentar las operaciones cuestionadas al Servicio de Impuestos Internos. Proceso que termina este 30 de junio. Con este fin se movió a un grupo de funcionarios desde la Dirección Regional Oriente hacia la Dirección de Grandes Contribuyentes.
El fraude de los funcionarios
Un juicio abreviado que se llevó a cabo en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sentenció, en marzo de este año, al ex funcionario del SII, Iván Álvarez, a cinco años de presidio; y a los contadores Sergio Díaz y Juan Carlos Prieto, a cuatro y cinco años, respectivamente. En total, habrían defraudado en torno a los $ 2.576 millones al fisco a través de la adulteración de la operación renta de unos 120 contribuyentes. El monto defraudado deberán devolverlo en 12 cuotas mensuales.
Unos días antes había sido también condenada la ex funcionaria del SII, Mitzi Carrasco, por el mismo tribunal, a cinco años de libertad vigilada intensiva y al pago de una multa de $ 246 millones, tras reconocer el delito tributario y cohecho. Carrasco, quien se coludía con su pareja Sergio Díaz, fue destituida por el SII luego de un sumario interno en noviembre de 2013. En tanto que Álvarez había renunciado al Servicio a fines de 2012.
El SII presentó dos querellas que, en total, abarcaron a 125 querellados. “De estos, un grupo de 6 contadores, 1 abogado y 2 ex funcionarios de la institución fueron los que conformaron una verdadera red delictual para defraudar al fisco, mientras que el resto corresponde a contribuyentes que obtuvieron maliciosamente devoluciones improcedentes por sumas que van entre los $6 (millones) y $113 millones”, informó el Servicio en julio de 2014. Los períodos involucrados fueron desde 2007 a 2010.
Tanto Álvarez como Carrasco trabajaban en General del Canto 281. Álvarez operaba en el grupo N° 1, hasta 2012, cuando fue trasladado al grupo N° 7 de Grandes Empresas, que era administrado por Rebeca Ugalde. Esta declaró a la Policía de Investigaciones, en el marco de la investigación del caso Penta, que había reclamado por dicha asignación, pues ya existían “sospechas de que el señor Álvarez tenía problemas, de acuerdo a rumores que siempre rondan en el servicio”. Mitzi Carrasco funcionaba en otro piso del mismo edificio en el departamento de PYMIPE, que antiguamente era el de rentas.
La conexión de Iván Álvarez con el caso Penta se dio porque el martillero Jorge Valdivia apareció beneficiado en una de las devoluciones que él gestionó y porque, poco antes de morir, Valdivia dejó una declaración donde involucraba a profesionales del grupo liderado por Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano en varias operaciones dudosas e ilícitas con funcionarios del SII. Álvarez fiscalizó a Empresas Penta desde 2007 hasta 2011. El otro que cayó en la investigación sobre el fraude al FUT fue Hugo Bravo, el hasta entonces hombre de confianza de los “Carlos”.
Todo ello conmocionó el ambiente en la Dirección Regional Santiago Oriente. No sólo porque los funcionarios tenían una larga carrera en el servicio sino también porque otros tuvieron que declarar. Por ejemplo, Jorge Larrondo, quien se desempeñaba como fiscalizador tributario del grupo N° 8 del departamento de fiscalización de Medianas y Grandes Empresas, en septiembre de 2014. A Julio Cuevas también se le tomó declaración, pese a estar jubilado desde 2008; y a Rebeca Ugalde, en su calidad de jefa del Primer Departamento de Fiscalización de Medianas y Grandes Empresas. Todos ellos dijeron haber visto a Jorge Valdivia en General del Canto.
Y más de alguno mencionó a otro funcionario que tenía amistad con Valdivia. Se trata de Juan Jesús Martínez, quien se mantuvo como funcionario en ejercicio hasta este año.
La amistad se prolongaba por más de veinte años y surgió en torno a los remates. Aunque las visitas de Valdivia se hicieron más asiduas entre 2006 y 2007, según él mismo reconoció. En abril fue finalmente formalizado por cohecho en el caso Penta y él alegó inocencia. Pese a que ocupaba un asiento en la Dirección Santiago Oriente desde 2002, sólo dijo haber conocido a Álvarez diez años después, cuando a este lo trasladaron a Medianas y Grandes Empresas.
La permanencia de Martínez en el SII, también genera críticas, en términos de que no ayudaría a levantar la moral dentro de esa institución. Sin embargo, los directivos apuntan a que hay que tener pruebas muy contundentes para separar a un funcionario, porque de otro modo se produce una reacción negativa de los gremios.
