Se echó de menos un representante de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en las últimas juntas de accionistas de Iansa. Sobre todo la del 5 de agosto pasado, cuando gracias a una negociación bilateral entre BTG Pactual y AFP Habitat, se salvó la OPA por la azucarera pese a que en un primer momento los accionistas rechazaron un cambio estatutario que permitiría la toma de control de EDF Man.
En aquel momento, no hubo un representante del regulador para revisar la legalidad de los acuerdos que en ese minuto adoptaron los accionistas, mientras un abogado buscaba contactarse con la SVS para suspender las cotizaciones de la acción de Iansa.
Sin embargo, esta no ha sido la única vez en que se ha extrañado la presencia de algún personero de la entidad regulatoria. El año pasado, uno de los tantos conflictos entre los accionistas de la cascada sobre SQM tuvo que ver con el hecho de que Norte Grande rechazara la candidatura del director independiente Radoslav Depolo, patrocinada por Moneda. El motivo del rechazo fue porque la mesa presidida por Luis Eugencio Ponce –hermano del entonces presidente de SQM, Julio Ponce– consideró que la administradora no cumplió con los requisitos básicos para validar su carta, desatándose una tensa disputa en una junta donde no estuvo la SVS.
Y parece que los accionistas tendrán que acostumbrarse a ello. Es que una de las políticas que ha pasado inadvertida durante la gestión de Carlos Pavez como superintendente, es que no habrá más representantes de la SVS en las asambleas.
El criterio estriba en que la entidad busca evitar la exposición de algún abogado u otro personero de la institución a una toma de decisiones donde, probablemente, no existen todos los antecedentes sobre la mesa.
Es por eso que, como regla general y a pesar de que la Superintendencia de Pensiones sí envía a representantes para determinadas juntas de accionistas, la SVS se mantendrá ausente de las asambleas, a no ser de que haya un requerimiento formal de la empresa por contar con algún representante.
Lo que prefiere el regulador es, una vez realizada la junta, solicitar el acta de la misma, revisarla y, eventualmente, pronunciarse sobre su legalidad. Así lo hizo para la asamblea del 5 de agosto de Iansa, cuando tras revisar los hechos ordenó una nueva junta, invalidando los acuerdos que allí se adoptaron. La asamblea se repitió el pasado viernes, esta vez con la luz verde para la toma de control de los ingleses.
