Fijar cuotas de mercado para productos incluidos en la canasta básica del IPC es, por ejemplo, una de las medidas que podrían tomar las autoridades tras un nuevo caso de colusión que por estos días salpica a los principales supermercados del país. Esto, siempre y cuando así lo estime la FNE, entidad que tendrá nuevas facultades con el proyecto que penaliza con cárcel actos colusorios.
La acusación de la Fiscalía Nacional Económica contra Cencosud, Walmart y SMU por haberse coludido en la oferta de pollo sigue remeciendo al país. Si 2015 fue el año en que Chile perdió la inocencia ante el espectro político y empresarial, esta temporada lamentablemente partió con más de lo mismo.
Sin embargo, podría haber cambios significativos para impedir la existencia de nuevos actos colusorios. Así lo planteó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, al ser abordado por la prensa en el marco de la segunda sesión de la comisión investigadora de la colusión del papel tissue, celebrada ayer.
El ministro explicó que el proyecto que penaliza la colusión con cárcel no solo se limita a elevar las sanciones para quienes se coludan sino que también le otorga una serie de potestades a la FNE, con el fin de que identifique anomalías en los mercados.
Aprobado el proyecto de ley por la Cámara de Diputados, hoy depende del Senado despacharlo para que sea una realidad y se espera que ello ocurra durante enero. Con este paso, la FNE estaría en condiciones de hacer una serie de estudios y análisis de mercado, a efectos de detectar eventuales falencias, como, por ejemplo, altas concentraciones o barreras de entrada en determinadas industrias.
Este asunto ya había sido tema cuando estalló el cartel del confort. Previo a que los diputados aprobaran el proyecto que penaliza la colusión –fija penas efectivas desde 5 años y 1 día, hasta 10 años para los infractores–, se discutió la posibilidad de que las cadenas minoristas, como los supermercados, tuvieran que regular su oferta de productos. Esto, para impedir que haya alguna concentración en uno de los 881 productos de primera necesidad considerados en la canasta del IPC.
Si bien no se aprobó dicha indicación, sí se acordó darle mayores atribuciones de fiscalización a la FNE para monitorear distintas realidades y, eventualmente, instruir cambios en determinados mercados. En este sentido, Céspedes explicó ayer que “los análisis tienen que ser caso a caso. Por eso es que en este proyecto de ley estamos dando la facultad a la FNE de realizar estudios de mercado, solicitando información con la obligación de responder por parte de las compañías, y así determinar en qué situación puede haber riesgos anticompetitivos que llamen a tomar acciones y medidas al Ejecutivo. Lo importante no es prejuzgar un determinado mercado, sino detectar dónde puede no estar funcionando adecuadamente”.
A pesar de que en el marco de la discusión que generó la colusión del confort se planteó que en EE.UU. y en algunos países de la Unión Europea existe la disposición que permite a la autoridad fijar un máximo de participación a la empresa dominante en centros de distribución, como supermercados, Céspedes opta por la cautela e insiste en que en Chile hay que analizar caso a caso. “Hay medidas que pueden terminar no siendo buenas para los consumidores, por eso es bueno que la FNE realice investigaciones, análisis bien especializados, por eso es necesario que el Congreso le entregué esa facultad a la FNE”, sostuvo.
La preocupación por las cuotas de mercado se instaló entre los diputados que integran la mencionada comisión. Si bien dicha instancia se articuló con el objetivo de investigar particularmente el cartel del tissue, ayer se planteó la posibilidad de ampliar la discusión y abordar la concentración económica en términos generales, sin reducir el debate en cuanto al llamado cartel del confort.
Fue en dicho contexto que distintos diputados le consultaron al ministro de Economía sobre la realidad de otras industrias, si acaso las autoridades económicas están monitoreando posibles acuerdos de precio en otros mercados e, incluso, si la colusión del papel higiénico se redujo efectivamente a esa área. La diputada Denise Pascal (PS) pidió a la comisión que oficiara a la FNE con el fin de que responda dudas respecto de los otros negocios de CMPC, particularmente del área forestal.
Otro asunto que no pasó inadvertido fue la excusa de Eliodoro Matte para no asistir el próximo 18 de enero a esta comisión.
El presidente de CMPC y ex timonel de Centro de Estudios Públicos (CEP) sostuvo que, en el marco del proceso iniciado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, “parece producente declinar su invitación a fin de no entorpecer el curso de dicho procedimiento y de la investigación que se lleva a efecto ante dicha institución”.
