Comité de Buenas Prácticas, que en principio preveía solo censuras a las intermediarias, acusó a 11 firmas. La SVS tiene poco tiempo para formular cargos y evitar prescripción, aunque la recarga de trabajo podría limitar su acción. Además, debería denunciar ante el Ministerio Público.
En silencio y sorpresivamente, el Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio de Santiago formuló cargos a fines de octubre de 2015 contra 11 corredoras de bolsa por operaciones realizadas a fines de año y comienzos del siguiente, entre 2009 y 2012, las que habrían tenido como único objetivo rebajar la base imponible de distintos clientes, algunos de ellos incluso socios o vinculados a las compañías, evitando así el pago de patentes municipales.
El caso se originó en octubre de 2014, cuando este medio reveló a la Bolsa y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), una serie de transacciones realizadas por Penta. Esto, terminó en la apertura de una indagatoria de la gerencia de auditoría de la Bolsa, cuyo resultado concluyó a fines de enero con la derivación del caso, esta vez incluyendo a 11 corredoras, al Comité de Buenas Prácticas, presidido en ese momento por Enrique Barros, quien hace poco asumió como nuevo presidente del Centro de Estudios Públicos, tras la renuncia de Eliodoro Matte, a raíz del caso de colusión de CMPC Tissue y SCA.
Tras la salida de Barros del Comité, asumió la presidencia Lisandro Serrano Spoerer en mayo de 2015. El abogado, reconoció en ese momento que desde años se sabía en el mercado de estas operaciones, aunque nunca él participó de ellas. Y aunque, inicialmente, estimó que era improbable sancionar, la realidad terminó confirmando que detectaron irregularidades.
Los cargos a BTG (ex Celfin) indican –según reveló Pulso la semana pasada– que el Comité los acusó de violar el reglamento de la Bolsa. En particular el punto 7.1.1 de la sección B, que indica que “los corredores que reciban de un mismo cliente una orden de venta y otra de compra sobre una misma acción, por igual número de unidades y con las mismas condiciones de precio y liquidación, no podrán ejecutar ambas órdenes ya sea mediante dos o más operaciones en las que participe como contraparte el propio corredores o un tercero”, y que “este tipo de órdenes deberán ser pregonadas en rueda o ingresadas en los sistemas electrónicos, según corresponda, en forma independiente de la venta de la compra”.
Cabe recordar que BTG no es la única. Entre las 11 corredoras también están bajo cargos LarrainVial y Penta.
Aunque existen visiones que cuestionan la validez del reclamo del Comité a las corredoras, lo cierto es que la decisión de la entidad que preside Serrano deja en una incómoda posición a la SVS, que hasta ahora no ha dado luces de haber realizado una investigación del caso de las operaciones de fin de año que permitían a “clientes VIP” rebajar las patentes comerciales o municipales.
Según las estimaciones surgidas de los antecedentes recabados por este medio, entre 2009 y 2012, se habrían evadido más de US$ 7 millones en impuestos municipales. La arista tributaria del caso está en manos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y, de hecho, el fiscal de Alta Complejidad, José Morales, le derivó en 2015 –y también a la SVS– antecedentes del caso, revelados en dos declaraciones de abril de ese año por el ex gerente de inversiones de Banchile, Cristian Araya, ante la fiscal Tania Sironvalle.
El testimonio de Araya no es casual y deja en incómoda posición a la superintendencia que dirige Carlos Pavez. El ex ejecutivo de la corredora vinculada al banco controlado por Andrónico Luksic fue sancionado en septiembre de 2014 por la SVS con US$ 3,1 millones, esto por su rol en un grupo de operaciones que forman parte del llamado caso Cascadas, en el que la SVS acusó la existencia de un esquema de operaciones entre 2009 y 2011, liderado por Julio Ponce Lerou, controlador indirecto de SQM.
Justamente, Araya y Banchile intermediaron un grupo de operaciones el 29 de marzo de 2011 en que Global Mining Ltd. –controlada por Pampa Calichera, la cascada más cercana al activo subyacente, SQM– vende 5 millones de acciones SQM-A, a $ 27.100 cada una, al fondo de inversiones Linzor Total Return Fund –hoy CHL–. Casi en paralelo y en 22 operaciones idénticas, Linzor –a través de Banchile– enajena de vuelta los mismos papeles a Oro Blanco (controladora de Pampa Calichera) a $ 27.138 cada acción. La SVS calificó como ficticias estas transacciones, pues no tuvieron como objetivo la transferencia del activo.
Según las estimaciones del regulador, Linzor ganó $ 128 millones en la serie de operaciones, Banchile recibió comisiones por $ 54 millones y las sociedades controladas por Ponce Lerou revalorizaron los papeles en juego.
Araya reclamó, ante la Fiscalía que investiga aristas penales del caso Cascadas, que las operaciones que se le cuestionan son de similar característica que las transacciones para clientes VIP por parte de las corredoras, sin que la SVS haya dicho nada sobre ellas: ida y vuelta de acciones que al final del día no cambiaron de propiedad, pero que en el camino buscaban beneficios distintos al mero cambio de propiedad.
Un conocido abogado del mercado local que conoce en detalle el caso Cascada estima que la decisión del Comité de Buenas Prácticas, de acusar a casi una docena de corredoras por las operaciones de fin de año, pone en una incómoda situación a la SVS.
“Existe la autorregulación de la Bolsa, se hace con normas aprobadas por la SVS, pero al ser normas de la Bolsa –si bien esas normas tienen fundamento en Ley del Mercado de Valores– debieran ser cumplidas por las corredoras por sí solas, y solo por haber sido emitidas por la Bolsa, es esta la llamada a hacerlas cumplir”, dice el abogado.
Agrega que, más allá del rol de la Bolsa, la SVS tiene la responsabilidad de sancionar el cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores, por lo que “resulta anormal que hasta ahora no se conozcan acciones del regulador”.
“El responsable de fiscalizar el cumplimiento de la ley es la SVS. Perfectamente podría ser que la Bolsa sancione el nivel de incumplimiento del manual de operaciones de la Bolsa y que no exista el principio de non bis in ídem –pues son normas distintas– y la SVS sancione por la Ley del Mercado de Valores. Llama la atención que este tema lo vea la Bolsa y no la SVS. La única explicación de por qué la SVS va atrás, es por la carga de trabajo que tiene. Siguen sumando casos y tienen pocos recursos”, señala la fuente.
En efecto, según fuentes que conocen la SVS, el equipo del área de cumplimiento de mercado bordea la docena de funcionarios –de hecho, el proyecto de ley que crea la Comisión de Valores no elevaría sustancialmente el equipo de Acme– y la cantidad de casos suma y sigue.
La SVS se enfrenta con Juan Bilbao para confirmar la multa de US$ 3,6 millones que le aplicó recientemente por uso de información privilegiada. Junto con ello, están pendientes investigaciones por eventual uso de información privilegiada en casos como la OPA por CGE, por Cruz Blanca e, incluso, operaciones que se habrían dado previo al anuncio de cambio de control de CorpBanca.
La urgencia para que la SVS actúe en el caso de las operaciones de fin de año es alta. Las últimas transacciones de este tipo que se conocen ocurrieron a fines de 2011 y comienzos de 2012. Para que la SVS aplique multas posee cuatro años desde que ocurrieron los hechos. Gran parte de ellas ya tienen plazo vencido para ello, pero la SVS no podrá mirar para el lado.
Un experto del sector explica que, aun si no aplicara multas, la superintendencia debería sancionar por el incumplimiento de la ley, pudiendo establecer censuras. Pero lo más importante: este tipo de ilícitos está tipificado penalmente, por lo que es responsabilidad de la SVS denunciarlos ante el Ministerio Público. Hasta ahora, sin embargo, de la superintendencia no hay novedades, pues, además, sus investigaciones son reservadas y solo se hacen públicas al formular cargos si es de alto interés público.
