Luego de que ayer se anunciara la creación de la sociedad anónima estatal para apoyar las obras en el país, iniciativa que fue muy bien recibida por el empresariado, esta mañana el ministro de Hacienda profundizó en seminario de la CChC que esta no significará “un aumento del gasto público” y que “no es una operación fiscal», entregando garantías de su participación en negocios con el sector privado. Mañana Gobierno, empresariado y líderes gremiales volverán a reunirse.
Continúan los esfuerzos del Gobierno por tender puentes con el sector privado para reactivar la economía, en medio del enfriamiento que enfrenta el país.
Tras anunciar ayer la creación del Fondo de Infraestructura, sociedad anónima estatal que contará con un directorio público y privado, el respaldo del empresariado y los gremios del sector no tardó en llegar, señalando este paso como «positivo» y «tremendamente relevante para la inversión», como señaló Ricardo Mewes, de la Cámara Nacional de Comercio, en momentos en que los niveles de inversión han caído dramáticamente.
La empresa pública, de acuerdo al ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga, pretende levantar unos US$9.000 millones para reactivar e impulsar el sector. Bachelet señaló ayer en la firma del proyecto que será «una empresa solvente y con rentabilidad privada positiva».
Ayer martes el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, entregó más detalles en su presentación en el seminario “Infraestructura para todos, claves para el desarrollo continuo”, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), donde señaló que el Fondo “no es una operación fiscal».
«Los subsidios tienen que estar anotaditos en el presupuesto y cada año ser muy transparente. Lo que hace el fondo de infraestructura es utilizar fondos activos que tiene el Estado para poder apalancar dinero, para poder facilitar financiamiento», señaló el titular de Teatinos 120 frente a empresarios del sector.
En la ocasión, la CChC reveló a través de su informe “Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD)”, que Chile requiere US$151.417 millones para evitar que aumenten los déficits en esta área en el período 2016-2025, para «satisfacer necesidades sociales y económicas».
En ese sentido, Valdés ratificó la intención de que el Fondo sea una actividad rentable en sí misma y entregó garantías sobre su independencia: “Si transformamos el fondo en una manera de subsidiar a través de distintos mecanismos, estas cuentas ya no van a ser tan claras y por eso el Fondo tiene una serie de estructuras, una gobernanza que nos dé esa garantía muy importante de mantener».
Agregó que «es simplemente una empresa pública que tiene a su disposición capital y teóricamente bastante capital para poder entrar en negocios con el sector privado”, y que de ninguna forma «es un aumento del gasto público”.
Precisó que solo en el principio habrá desde el Estado «un pequeño aporte, nominal. A partir de eso, la clave es que el Estado le pasa al Fondo la propiedad de algunas concesiones, las carreteras, que hoy día existen, que cuando venzan las concesiones pasan a ser parte de los activos de este Fondo. En la medida que se cobren peajes en el futuro, ese fondo tiene recursos reales”, detalló.
Pero la ofensiva del gobierno no se queda ahí.
Este miércoles en Casa Piedra se llevará a cabo el desayuno anual de empresarios de la construcción, evento al que se sumó oficialmente en las últimas horas la Presidenta, con lo que se marcaría por tercer día consecutivo la difusión mediática y emplazamiento hacia el sector privado y gremios del sector.
