Opinión
«Debemos reconocer que nos ha costado darnos cuenta que era demasiado fácil caer en malas prácticas, sin embargo, hoy ya es hora de que las empresas tomen conciencia que es primordial tener controles para evitar que estos delitos ocurran, sobre todo en compañías complejas con muchos trabajadores».
Pese a haber sido un año récord en destape de casos de malas prácticas, durante el 2015 no se impulsó la certificación de modelos de prevención de delitos, sobre todo en los grandes grupos empresariales de Chile.
Y es que el año pasado fue uno atípico para el país, en lo que a “destapes” de malas prácticas se refiere. Nos enteramos de todo tipo de casos de malas prácticas, entre ellas corrupción, colusión, lavado de activos, etc., y este año no ha empezado muy distinto. Esto ha dejado en evidencia una falta imperativa de control y un lamentable exceso de confianza de los chilenos.
Es importante recordar que si la intención es evitar estas malas prácticas, se debe partir por casa. Desde el año 2009 Chile cuenta con la llamada Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas, que debería actuar como incentivo para evitar que las empresas cometan este tipo de delitos. Esta ley, que se dictó en Chile por ser uno de los requisitos para entrar a la OCDE, dice que las empresas son responsables por infracciones que cometan sus empleados. Entre ellas solo se consideran cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sin embargo, luego de los escándalos del año pasado, es muy probable que terminemos migrando a un modelo más parecido al español, donde se incluye una lista más amplia de delitos donde la responsabilidad pueda escalar a la empresa.
Esta ley estipula que la empresa es culpable si no hace todo lo posible para que estos delitos no ocurran. No se trata de poner las manos al fuego por todos los trabajadores, sino de tener los controles adecuados para que este tipo de delitos no se sucedan. Para poder demostrar esto en el momento que ocurra un delito y evitar sanciones que van desde multas hasta la disolución de la empresa, la ley establece que esos modelos, pueden ser certificados por un tercero inscrito en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). De lo contrario, todas las compañías podrían decir que ya tenían un modelo al momento de descubrirse la violación a los códigos.
Lo preocupante, es que de acuerdo al último informe de la SVS a marzo de 2016, solo 139 grupos empresariales se encuentran certificados. Esta cifra es baja, si consideramos que existen más de 1900 empresas que están en la categoría “Grande 4”, es decir, que venden más de un millón de UF, según clasificación del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Este número tampoco ha variado mucho en la tendencia, si consideramos que el 2014 había 117 grupos empresariales certificados (es decir, sOlo 22 nuevas empresas se sumaron a la lista). El escenario no es mejor entre las firmas IPSA, solo 60% de estás, según la SVS, cuentan con certificación.
Entre las firmas certificadas se cuentan grupos como Banco Estado, LAN, Arauco, Molymet, TVN, Angloamerican, Sigdo Koopers, BBVA, Aguas Andinas, entre otros.
Frente a los datos duros, debemos reconocer que nos ha costado darnos cuenta que era demasiado fácil caer en malas prácticas, sin embargo, hoy ya es hora de que las empresas tomen conciencia DE que es primordial tener controles para evitar que estos delitos ocurran, sobre todo en compañías complejas con muchos trabajadores, donde a veces son los mismos incentivos los que terminan llevando a los trabajadores a pensar solo en que “está logrando el objetivo”, y no en “cómo lo está haciendo”.
Susana Sierra
Socia de BH Compliance
Codirectora del Diplomado Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la PUC
