Opinión
«Actualmente hay muchos casos en que la factura se emite antes, con el riesgo operativo para el factoring de que no se entregue el servicio y el comprador se niegue a pagarla. Además de reducir gastos operacionales, estas medidas contribuirán a disminuir sustancialmente el riesgo operativo, convirtiendo las facturas por cobrar en dinero. De esta manera, la pyme podrá financiar sus cuentas por cobrar independientemente de su situación financiera, y el costo de descontar facturas va a reducirse a solo el costo de fondeo más riesgo de crédito, información que debería ser pública y disponible a todo el mundo y determinada libremente por el mercado».
El próximo miércoles 6 de julio, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continuará la tramitación del proyecto de ley que establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad, con la asistencia de importantes personeros de los gobiernos actual y previo.
En momentos en que el Banco Central ha confirmado la secularización del bajo crecimiento, la pronta aprobación de este conjunto de acciones se torna urgente, porque incluye una serie de iniciativas en beneficio de las pymes, uno de los agentes económicos que más sufre durante desaceleraciones de la actividad.
Dos de entre esas medidas se destacan, dado su foco en la capacidad de financiamiento de las pymes, la cual se ve mermada durante desaceleraciones económicas. Una de ellas es la implementación de una nueva línea de crédito Corfo para intermediarios financieros no bancarios por unos US$ 120 millones, a fin de permitir el acceso a fondeo vía empresas de leasing y factoring, entre otros vehículos.
La segunda establece un plazo máximo de acuse de recibo de la copia de la factura, luego del cual esta se entenderá cedible irrevocablemente, para facilitar el acceso de las pymes al capital. Esta disposición es de suma utilidad, porque contribuye a eliminar el riesgo operativo del financiamiento, reduciendo su costo y dando transparencia a la industria. Esto forzará a las empresas a eliminar malas prácticas en el proceso de facturación, las cuales generan ambigüedades que ralentizan y encarecen el financiamiento vía factoring.
A partir de ahora, las facturas van a tener que emitirse después de haber entregado los bienes o servicios. Si no es así, el comprador tendrá que anular esa factura, porque de otra manera estará forzado a pagarla sí o sí. Actualmente hay muchos casos en que la factura se emite antes, con el riesgo operativo para el factoring de que no se entregue el servicio y el comprador se niegue a pagarla.
Además de reducir gastos operacionales, estas medidas contribuirán a disminuir sustancialmente el riesgo operativo, convirtiendo las facturas por cobrar en dinero. De esta manera, la pyme podrá financiar sus cuentas por cobrar independientemente de su situación financiera, y el costo de descontar facturas va a reducirse a solo el costo de fondeo más riesgo de crédito, información que debería ser pública y disponible a todo el mundo y determinada libremente por el mercado, como sucede en Facturedo o la Bolsa de Productos.
Asimismo, esta nueva normativa debería también homogeneizar procedimientos y políticas entre empresas. No es la norma, sino la excepción, pero algunas empresas tienen políticas que no permiten el factoring, debido a que se niegan a pagar al tenedor de la cuenta por pagar, a pesar del proceso de cesión de la factura tal como dicta la ley. Esto no debería pasar, ya que solo perjudica a las pymes al incrementar el riesgo de la operación y encareciendo costos.
Álvaro Echeverría
Cofundador y CEO Facturedo
