El regulador indicó que se deberá determinar si ambas autorizaciones se hicieron “en derecho”. Osvaldo Macías y Andrés Culagovski no participarán y estará a cargo el intendente de fiscalización, Álvaro Torrealba.
Osvaldo Macías actuó rápido cuando asumió como superintendente de Pensiones, a comienzos en febrero de este año, luego que la Presidenta Michelle Bachelet lo designara en reemplazo de Tamara Agnic, tras la tormentosa salida de esta de su cargo. Agnic renunció ante Bachelet, agobiada por meses de críticas y cuestionamientos de parlamentarios de Gobierno y de los medios por su rol en la fusión de AFP Cuprum con Argentum y de Provida con Acquisition.
Macías llegó y, en menos de un mes, ya había emitido una resolución que validaba ambas operaciones, en un acto que abrió un nuevo conflicto, pues en ese momento los diputados de la DC –que han liderado las críticas a las operaciones– optaron por acudir a la Contraloría pidiendo que se refiriera al tema y exigiendo un proceso donde todos pudieran exponer sus puntos sobre la legalidad o no de los dos casos.
Luego es conocida la historia del ente contralor ordenando a la superintendencia actuar en concordancia y doblando la mano a Macías, quien se vio obligado a retroceder, en su primer paso en falso desde que debutó en el cargo.
Ayer, finalmente Macías cumplió con la instrucción contralora, emitiendo tres resoluciones que abrieron el formal proceso de invalidación. De esta forma, los diputados Fuad Chahin, Patricio Vallespín e Iván Flores, como asimismo el representante de Defendamos La Ciudad, Patricio Herman, y el creador de Felices y Forrados, además de las empresas involucradas, podrán hacer llegar sus descargos para que luego la superintendencia determine si las autorizaciones se realizaron “en derecho”.
No solo eso. Aunque hasta ahora no había certeza de que estuvieran obligados a hacerlo, ayer tanto Macías como el fiscal Andrés Culagovski optaron por quedar fuera del proceso, para evitar críticas por haber opinado del tema antes, en los actos administrativos que ya habían validado las operaciones y respecto de las cuales Contraloría ordenó luego verificarlas en los procesos de invalidación que ahora parten. Asumirá la conducción de este trabajo el intendente de fiscalización, Álvaro Torrealba, tercero en la cadena de mando.
La polémica se abrió en mayo de 2015, cuando se conocieron los trámites e instrucciones de Agnic a ambas Administradoras de Fondos de Pensiones para que crearan sociedades como AFP y luego las fusionaran con la administradora que habían comprado. Dichas instrucciones viabilizaron la legalidad de la obtención de beneficios tributarios por más de US$ 400 millones a los dueños de las AFP: las megaaseguradoras estadounidenses, Principal Group (Cuprum) y Metlife (Provida).
Las instrucciones de Agnic hoy tienen a ambas compañías expuestas a la remediatización del caso que realizarán en los próximos días diputados de la Democracia Cristiana, que acudirán a la superintendencia a entregar los antecedentes que –a su juicio– evidencian que ambas fusiones son ilegales y que deben ser revertidas.
Escenario, este último, que no se ve como el más probable por el poder de lobby de la embajada estadounidense en Chile, evidenciado en la reunión de ejecutivos de Principal en Nueva York en una visita relámpago de Valdés.
Más aun considerando que los abogados de Principal advirtieron ya públicamente, en una agresiva declaración, que podrían acudir a instancias internacionales a demandar al Estado chileno por US$ 10.000 millones.
Esta tarde la Superintendencia de Pensiones anunció que, vía resolución, dio inicio formal al proceso de invalidación de los dictámenes emitidos en 2014 y 2015, que autorizaron la fusión de AFP Cuprum con Argentum y de Provida con Acquisition.
