El Gobierno tiene poco espacio político para acometer una reforma al sistema de AFP y ya anunció que solo ‘iniciará’ el camino. Ex presidentes y dirigentes políticos se pronuncian, al tiempo que las AFP cuestionan ideas vinculadas a avanzar hacia el sistema de reparto.
Por primera vez desde que se creó en 1981, el sistema de pensiones creado por José Piñera Echeñique en dictadura, parece instalado en la agenda con una perspectiva fuerte de cambio. Curiosamente, ocurrió tras la aparición de millonarias jubilaciones a funcionarios de Gendarmería, en particular la ex pareja de Osvaldo Andrade (diputado PS y presidente de la Cámara Baja), y fue drásticamente impulsado por la masiva marcha de casi 750 mil ciudadanos y ciudadanas a lo largo de todo el país el domingo pasado.
Y aun cuando los canales de televisión no le dieron cobertura en vivo, como lo hicieron con las movilizaciones de los estudiantes en 2011, fue tal el impacto de la marcha que algunos dirigentes políticos ya comienzan a plantear que sea un tema de la campaña presidencial del próximo año, dado que se prevé que el Gobierno actual no tiene espacio ni capital político para encarar tal desafío.
La consigna «No + AFP» se instaló y de inmediato generó la reacción de dirigentes políticos abriendo una discusión sobre la urgencia de tomar medidas. Desde las AFP sus representantes intentan contener el envión contra el sistema, buscando permearlo con medidas que no sean intrusivas con las AFP y que sí fuercen al Estado a desembolsar más recursos para mejorar las pensiones actuales o, en su defecto, modificar algunos parámetros que aumenten el ahorro.
El argumento de las AFP, lideradas por el presidente del gremio que las agrupa, el ex ministro de Vivienda del Gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Pérez Mackenna, es que el problema está en lo bajo de las cotizaciones y la necesidad de elevar la edad de jubilación de las mujeres –de 60 años versus los 65 de los hombres–. Esto, afirma, permitiría mejorar las pensiones futuras, mientras que para elevar las pensiones de los próximos años propone que el Estado haga un aporte adicional a través del Pilar Solidario, creado en 2008.
Los críticos del sistema plantean medidas que van desde terminar con el sistema de capitalización individual actual –en que cada uno se hace cargo de sus futuras pensiones con sus cotizaciones individuales– hasta transitar a un sistema de reparto, como ocurre en varios países desarrollados y algunos de la región, pasando por quienes proponen una mixtura con un pilar de reparto paralelo.
De hecho, esta última fue la fórmula que planteó casi la mitad de los consejeros (grupo B) de la Comisión Bravo, que propuso que solo las nuevas cotizaciones, con un tope, vayan a un fondo solidario en que parte de dichos aportes subsidien las pensiones de quienes hoy están comenzando a recibir las jubilaciones. La otra mitad del grupo (A) planteó cambios pero, fundamentalmente, sin invadir el terreno de las AFP.
El ex Presidente Ricardo Lagos, quien está intentando tomar la delantera en las próximas elecciones presidenciales de 2017 por la Nueva Mayoría, mostró empatía con las movilizaciones, aunque no quiso amarrarse con soluciones.
“Ese dinero cuando usted (a través de las AFP) lo deposita, por ejemplo, en un bono de alguna empresa del retail, obtiene que le paguen por el dinero depositado unidades de fomento más un 5%. Y luego, cuando esa misma persona –que con su dinero ha obtenido que le paguen UF más 5%– se pone el sombrero de consumidor y va a esa empresa del retail, pide un crédito y esa empresa del retail le cobra UF más 30%. Esto es lo que está detrás de la marcha de ayer, ¿se entiende?», dijo Lagos tras una actividad en La Moneda, donde sostuvo que también molesta al ciudadano que no pueda hacer uso de sus fondos y que esto solo lo decida la AFP donde están sus ahorros.
Sin embargo, el propio Lagos reconoció que no es posible pensar en un cambio drástico al sistema actual, asegurando que sí se podrían tomar medidas para mejorar lo actual, las que no quiso adelantar.
Otra política con ambición presidencial, la senadora y presidenta del PS, Isabel Alledne, fue más allá, adelantando que se debe avanzar hacia un modelo tripartito de pensiones con aportes del empleador, el trabajador y el Estado. “El actual sistema –que es único en el mundo– solo considera la capitalización individual y carece de solidaridad, excepto los subsidios a la pobreza en la vejez. Es necesario trabajar para establecer un nuevo sistema, que contemple el aporte de la empresa y del Estado, y un contrato social para asegurar a todos nuestros futuros pensionados un jubilación que permita una vejez digna”, afirmó.
Más aun, la senadora dijo que este tema debe ser parte del debate presidencial que vendrá en los próximos meses. “Deberá ser uno de los ejes programáticos para el próximo Gobierno, sea del signo que sea, porque requerimos una seguridad social que, junto a ser sustentable financieramente, tenga como principios la universalidad, la igualdad, la solidaridad, la integralidad”, sostuvo, abriendo las especulaciones de que el sistema de pensiones será una bandera política en las próximas elecciones presidenciales.
En este contexto, un grupo de parlamentarios de la Nueva Mayoría ya ingresó un proyecto de ley al Congreso para eliminar el sistema de AFP.
Para Pérez Mackenna, este tipo de ideas son irresponsables, pues –a su juicio– la eliminación de las AFP no soluciona nada y, aún más, “si las utilidades de las AFP se fueran a cero, no mejora la pensión”, según dichos a La Segunda.
Las AFP ganan en promedio US$ 500 millones al año. Esta cifra se obtiene de los ingresos que cada año reciben las administradoras vía cotización obligatoria. Los números representan casi el 10% de los fondos que cada año aportan los trabajadores a sus cuentas de ahorro, que suman unos US$ 6.000 millones.
Según su opinión, las mejoras deben ir por elevar la edad de jubilación a las mujeres, elevar la tasa de cotización con aportes de empleadores y del Estado y perseguir a las empresas que no pagan las cotizaciones de sus trabajadores.
Recuerda Pérez que hoy se cotiza la mitad de lo que se cotizaba cuando había sistema de reparto antes de 1981, lo que explica una parte importante de las bajas pensiones. Aun así, dice, las pensiones que todavía se pagan del sistema antiguo son dramáticamente inferiores a las que están pagando las AFP. A ello agrega que los países desarrollados con sistemas de reparto han tenido grandes crisis financieras o incuban una con altos indices de endeudamiento del Estado, por los compromisos que implica cubrir las pensiones.
Por ello, personeros como el economista y ex asesor de Hacienda en el Gobierno anterior, Sergio Urzúa, criticaron las propuestas de abandonar el sistema de capitalización individual total o parcialmente. La derecha y parte de la centroizquierda entienden el sistema de pensiones chileno como mixto, por tener el pilar solidario que mantiene el Estado. Los críticos del sistema, incluyendo al grupo que apoyó la opción B en la Comisión Bravo, consideran que un sistema mixto debe tener un pilar de reparto al menos parcial y consideran el Pilar Solidario como un subsidio al sistema privado.
“Es increíble irresponsabilidad de quienes promueven fin de sistema mixto de pensiones de Chile sin analizar costos de alternativas”, dijo Urzúa en su cuenta de Twitter, al tiempo que esbozó una crítica a las AFP, pero solo reprendiendo la falta de educación financiera de sus afiliados, en línea con el cuestionamiento a la supuesta ignorancia de la población sobre cómo funciona el sistema de pensiones actual.
También se sumó a la defensa de las AFP la ex ministra del Trabajo del Gobierno anterior y candidata a alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien expresó que no es posible dar mejores pensiones con lagunas artificiales del 40%, como existe en algunos casos en el país. En ese sentido, afirmó que las AFP han tenido la capacidad para incrementar los ahorros vía rentabilidad de las inversiones, pero que la limitación viene del lado del monto de las cotizaciones y las interrupciones de estas ya mencionadas.
En el mismo sentido, el senador Andrés Zaldívar (DC) apuntó en la línea de las AFP, asegurando que no existe posibilidad de volver a un sistema de reparto, que ningún país lo ha hecho en el mundo y que lo mejor es elevar la tasa de cotización con cargo al empleador y aumentar los aportes al Pilar Solidario creado en 2008, discurso similar a las AFP.
Frente al debate, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, dejó en claro que no habrá modificaciones sustanciales al sistema de pensiones en esta administración, aunque la Presidenta Bachelet señaló ayer que había escuchado el reclamo ciudadano y que abrirían un camino en esta administración para mejorar el sistema. Eso sí, la Mandataria no comprometió fechas, plazos, ni detalló posibles medidas, confirmando la percepción de que no se hará cargo de las demandas de fondo que la ciudadanía planteó en la marcha del domingo.
En esta línea, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ya adelantó un escenario al anunciar que no existen fondos públicos para aportar al sistema, pues existe un déficit fiscal de 3% y no se puede seguir endeudando al país cuyos pasivos suman el 18% del PIB, monto por cierto bajo, comparado con otros países de la región y el mundo desarrollado.
Valdés agregó que no hay una solución “de varita mágica”, al tiempo que recordó que el comité de ministros –(donde él participa– está analizando las propuestas derivadas de la Comisión Bravo, creada al inicio del Gobierno actual y cuyas propuestas aún no ven la luz en ninguna de sus bajadas. Ni siquiera la idea más moderada que impulsará este Gobierno –la AFP estatal– avanza, pues el Ejecutivo le retiró la urgencia.
Las AFP son las entidades privadas que reciben los ahorros obligatorios que cada mes se le descuenta a una persona que tiene contrato y, por ende, ve redireccionado un 10% de su sueldo bruto al ahorro, junto con un adicional –de 0,42% a 1,5% de dicha remuneración, según la AFP donde cotice– para pagar las comisiones que cobran las gestoras.
A la fecha hay más de US$ 170 mil millones acumulados en las cuentas que llevan las AFP y que fiscaliza la Superintendencia de Pensiones. Pese a lo imponente del monto, que equivale a casi el 65% del PIB chileno, estos no alcanzan para pagar pensiones dignas, según coincide gran parte de los opinantes en el debate.
De hecho, en 2008, en el primer Gobierno de Bachelet, se decidió crear aportes solidarios del Estado a las pensiones e incluso el pago de una jubilación (Pensión Básica Solidaria) para quienes nunca cotizaron o lo hicieron en cantidades mínimas.
No obstante, dichos aportes, que le han costado al Estado casi US$ 2.000 millones anuales, parecen completamente insuficientes, subsistiendo una pensión inferior al sueldo mínimo en el 50% de los pensionados por vejez.
En los próximos años el escenario empeorará, pues subirán el número de pensionados y la tasa de reemplazo –porcentaje de la pensión respecto del sueldo de los últimos diez años de actividad laboral– no mejorará. Incluso podría empeorar.
Si el Gobierno optara por elevar las cotizaciones a través del aporte de empleadores, abriría un flanco de disputa con el gran empresariado, con el que lleva más de dos años en discusiones sobre la responsabilidad en el bajo crecimiento del país que han tenido las reformas estructurales aprobadas hasta ahora.
Si decide elevar la edad de jubilación de las mujeres, deberá asumir costos políticos altos, teniendo poco más de un 20% de popularidad. Tampoco puede, como dijo Valdés, elevar el aporte al Pilar Solidario para subvencionar las pensiones más bajas, pues no hay dinero.
Y si optara por plantear un pilar de reparto paralelo, con las nuevas o parte de las nuevas cotizaciones –buscando de esa forma redistribuir ahorros de afiliados más jóvenes hacia los más viejos– podría abrir un flanco de crítica mayor en el empresariado, dado el nivel de importancia que tienen los fondos de pensiones en la propiedad de las empresas y bancos.
En efecto, casi 10% de los fondos están en acciones y fondos de inversión, mientras que para el financiamiento de deuda de las mismas entidades –incluyendo depósitos a plazos en los bancos– está casi el 25% de los ahorros.
