Opinión
«Chile debería tender a un sistema de pensiones donde el financiamiento de las jubilaciones sea realizado por el Estado, el trabajador y empleador. También sería necesario evaluar y estudiar una manera de aumentar progresivamente el aporte estatal al sistema de pensiones, ya sea orientado a un sistema de protección social íntegro o con aportes directos a las pensiones. El Pilar Solidario actual no es suficiente y debería analizarse una opción donde el resultado sea que el Estado contribuya progresivamente y en parte a las pensiones de todos los trabajadores».
Más allá del debate ideológico, el sistema de pensiones chileno se encuentra en problemas. De acuerdo a un listado de 44 países proporcionado por la OECD, Chile cuenta con tasas de reemplazo cercanas al 37% para hombres y 33% para mujeres. Lo anterior se traduce en pensiones insuficientes (“miserables” es uno de los términos que más se repite en redes sociales y medios de comunicación) y lo ubica en el puesto 40 de 44, según datos de la OECD.
Empero no debe omitirse el hecho de que el sistema chileno no tendrá hasta el año 2020 sus primeros pensionados con un ciclo completo (40 años de cotizaciones). Sin embargo, lo anterior no debe quitar gravedad al problema: actualmente existen pensiones que son insuficientes y que ni siquiera alcanzan para una canasta básica.
Para buscar soluciones las dimensiones de discusión son múltiples: financiamiento y sustentabilidad del sistema, tasa óptima de ahorro, contribución o pensión garantizada, responsabilidad de la administración de los fondos (estatal, privada con o sin lucro y/o mixta) y edad mínima de retiro, entre otras. Además se deben considerar las implicancias que lo anterior puede tener para los niveles de ahorro nacional, mercado laboral, estabilidad y, de ser necesario, decidir qué tan extenso debería ser el sistema de protección social en su conjunto. Es decir, dadas sus externalidades, es un tema que debe ser evaluado desde una dimensión política, social y económica.
Dado lo anterior, un buen punto de partida es entender cómo lo hacen otros países. Realidades sociales diferentes en la mayoría de los casos. No obstante, en el tema de las jubilaciones muchos de los desafíos son coincidentes.
Según la OCDE, el 33% de los países tiene un sistema “mixto de pensiones”. El 66% restante del ranking corresponde a sistemas 100% financiados por el Estado. Podemos entrar a discutir si el sistema chileno es realmente mixto, pero en términos de comparación asumiremos que ello es correcto.
De acuerdo a Melbourne Mercer Global Pension Index, que anualmente realiza un ranking relacionado con los sistemas de jubilación a nivel mundial, en 2015 los tres mejores sistemas de pensiones fueron el danés, holandés y australiano. Lo anterior en términos de suficiencia, sustentabilidad e integridad. Chile, en tanto, aparece en el octavo puesto.
¿Cuáles son las diferencias entre los dos primeros y el sistema chileno?
De acuerdo a la Asociación Holandesa de Fondos de Pensiones para la Industria, el sistema neerlandés se compone por tres pilares: aporte estatal (AOW), pensión suplementaria colectiva y ahorro privado.
AOW es financiado por todos los trabajadores menores de 65 años bajo un sistema de reparto (Pay-as-you-go), donde cada trabajador aporta bajo el formato de contribuciones. Junto a ello, el Gobierno central holandés también colabora en un porcentaje.
Este beneficio estatal provee un aporte indexado al sueldo mínimo y dependerá si quien lo recibe vive solo o en pareja: unos USD 1.100 y USD 770 mensuales, respectivamente. Algo así como $500.000 y $700.000 chilenos.
El segundo pilar lo constituye una serie de planes colectivos de jubilación y son administrados por diferentes fondos privados de pensión o compañías de seguros. Su financiamiento es similar al chileno, donde cada trabajador recibe como jubilación un monto relacionado con lo que ahorró, más la rentabilidad generada por el fondo. La diferencia es que en Holanda los regímenes de los fondos son por industria (por ejemplo, la industria textil), por corporaciones y/o por gremios profesionales, como podrían ser los médicos o las enfermeras. Por último, la Ley establece de forma explícita que estos fondos de pensiones deben ser instituciones sin fines de lucro, similares a fundaciones.
El tercer pilar se conforma por una cotización individual y voluntaria. Originalmente pensada para no asalariados, emprendedores y trabajadores cuyas compañías no se encuentren suscritas a un sistema colectivo de ahorro.
Todo trabajador danés tiene derecho a una pensión estatal. Esta es de carácter obligatorio y se financia de dos maneras. La primera (“folkepension”) es mediante un impuesto único para todos los trabajadores del 1% de sus ingresos. La segunda (ATP y otros) es un sistema contributivo, donde todo aquel que trabaje más de nueve horas semanales, paga una contribución destinada al ahorro para la vejez (ATP). Un tercio del financiamiento del ATP lo paga el trabajador y el resto corre por cuenta del empleador. Todo lo anterior basado en concepto de “flexiguridad” danesa, donde la flexibilidad laboral y protección social íntegra son claves.
De acuerdo a un informe del Observatorio Social Europeo (OSE), en 2008 las pensiones estatales se ubicaron aproximadamente entre los $230.00 y los $500.000 chilenos, dependiendo de si el jubilado vive en pareja o solo.
La administración de las pensiones estatales corresponde a las municipalidades, bajo la supervisión del Ministerio del Interior. Mientras que el “ATP” es administrado por entidades privadas y supervisado por el Ministerio del Trabajo.
Además, estos tienen la posibilidad de ahorrar en forma colectiva, ya sea como gremio o como empresa, haciéndolo “quasi-mandatorio”. En relación con estos convenios, desde el 9% al 15% del salario del trabajador es destinado como contribución al esquema de jubilación y son deducibles de impuestos. Su administración es privada y generalmente existe un fondo por cada acuerdo colectivo.
La tendencia mundial demográfica es que los jubilados tiendan a igualar la proporción de trabajadores entre 25 y 64 años. Lo que se conoce como Ratio de Apoyo (Support Ratio). Para el Banco Mundial, en su “World Population Prospects: The 2015 Revision”, el ratio de trabajadores chilenos por retirados hoy es de 5 a 1. Para 2060 dicha cifra tenderá a solo 1.5 trabajadores por cada jubilado. Lo anterior provocará importantes desafíos al financiamiento de cualquier sistema de jubilación. A nivel mundial los principales son los sistemas de reparto (PAYG) y aquellos “autofinanciados”, donde el de capitalización individual es una de sus variantes.
Según cálculos proporcionados por el informe del Banco Mundial “Population ageing and pay-as-you-go pensions”, para el caso de los sistemas de reparto, si un país aspira a una tasa de reemplazo del 60%, la contribución (impuesto) actual al sistema debería ser de un 12% del ingreso promedio por trabajador. En 2060 dicha cifra subiría a un 40% del ingreso promedio por trabajador (ya sea que lo cubra el propio trabajador, el empleador o ambos).
Por otra parte, los sistemas autofinanciados, como el chileno, ven afectado el valor de los activos destinados para la jubilación por cambios demográficos. Según un reporte escrito por Sarah Smith, del “Instituto de Estudios Fiscales” en Inglaterra, para que los jubilados puedan financiar sus pensiones deben ser capaces de “vender” dichos activos al fondo de pensión. Si la demanda por dicho capital es menor, como sería el caso con una menor población trabajadora, y existe un mayor número de jubilados ofreciendo activos para ser vendidos, el precio de estos activos debería caer.
Es decir, el tema demográfico generaría complicaciones para cualquier sistema de pensión. Para Smith, en términos históricos la tasa de rendimiento del trabajo, que sería el retorno promedio entregado por un sistema de reparto, ha rentado menos que el retorno del capital. Sin embargo, esto no significa que lo mismo vaya a ocurrir en el futuro.
La experiencia internacional señala que Chile debería analizar el tema pensando inicialmente cómo aumentar el nivel promedio de los salarios. Holanda, Dinamarca y Australia son todos países con salarios al menos tres veces el chileno. Es decir, actualmente los salarios no son altos en relación con el resto de la OCDE, lo que obviamente genera niveles menores de pensión. Para ello, muchos economistas abogan por reformas profundas al sistema productivo chileno, integración laboral femenina y reformas que fomenten la productividad.
Por otra parte, Chile debería tender a un sistema de pensiones donde el financiamiento de las jubilaciones sea realizado por el Estado, el trabajador y empleador. También sería necesario evaluar y estudiar una manera de aumentar progresivamente el aporte estatal al sistema de pensiones, ya sea orientado a un sistema de protección social íntegro o con aportes directos a las pensiones. El Pilar Solidario actual no es suficiente y debería analizarse una opción donde el resultado sea que el Estado contribuya progresivamente y en parte a las pensiones de todos los trabajadores. Al menos tender a la media de la OCDE:»Al menos tender a la media de la OCDE: 8% del PIB. Actualmente Chile destina cerca de un 4% del PIB a jubilaciones (OCDE, Pensions at a Glance, 2015).
Importante también sería estudiar alternativas de ahorro colectivo, ya sea por industrias, gremios o empresas. Esto significa involucrar a los gremios y potenciar el sistema de ahorro privado. Finalmente, sería necesario analizar una metodología de reajuste automático del aporte estatal a las pensiones, de acuerdo a variables macroeconómicas, para que la sustentabilidad estatal no se ponga en riesgo.
Matías Estay Landaeta
Economista
