Opinión
«Al no ir a las cuentas individuales, existirá un grupo de trabajadores que no verá ningún beneficio del mayor ahorro. Aún no conocemos cómo se distribuirán los beneficios, pero probablemente será la clase media la que pague la cuenta más cara, porque aportarán y si es que ven aumentada su pensión indudablemente será por menos de lo que habría sido en caso de que dicho aporte hubiese aumentado su propio ahorro».
El debate previsional sigue creciendo, al menos así dio cuenta la segunda masiva marcha de la semana pasada.
Lo que se ha ido despejando es que, más que un llamado a terminar con las AFP, lo que se busca es tanto demostrar que existe una importante brecha de expectativas entre la pensión esperada y la recibida por quienes se jubilan, además de una demanda por fórmulas que permitan mejorar el nivel de las pensiones.
El llamado se sintió fuerte en La Moneda, y fue la misma Presidenta quien, mediante cadena nacional, realizó hace un par de semanas un anuncio (bastante amplio) en pos del objetivo. Si bien las propuestas sugeridas recorren varios ámbitos y en general aún carecen de una definición que permita dimensionar sus efectos, la discusión ha estado centrada en la idea de aumentar (en un plazo de 10 años con gradualidad desconocida) en 5 puntos porcentuales la cotización, a cargo del empleador, y destinarlos a la creación de un nuevo fondo solidario.
Poco se sabe sobre qué se financiará con los nuevos recursos (menos, cuáles serán los requisitos para ser beneficiarios), tampoco quién los administrará y bajo qué reglas. Solo sabemos que una parte corresponderá a cotizaciones que financiarán pensiones de los actuales pensionados y que otra se ahorrará para complementar (en el futuro) pensiones de quienes tengan una situación desmejorada. Por ahora el anuncio no contempla destinar parte del ahorro a las cuentas individuales de los cotizantes. En simple, nada asegura que este mayor esfuerzo (que verá sus frutos en al menos 20 años más) permita mejorar las pensiones de quienes lo realicen.
Y como corresponde a una mayor cotización (no se financia con rentas generales), los 5 puntos adicionales son un impuesto al trabajo, el cual será pagado por todos quienes tengan un empleo formal. Además de los efectos macroeconómicos que un impuesto al trabajo conlleva, esto podría traer incentivos a la evasión (cotizar por menos o no cotizar). El remedio termina siendo peor que la enfermedad. El ahorro previsional no sube (incluso podría bajar) y las pensiones no mejoran.
Al no ir a las cuentas individuales, existirá un grupo de trabajadores que no verá ningún beneficio del mayor ahorro. Aún no conocemos cómo se distribuirán los beneficios, pero probablemente será la clase media la que pague la cuenta más cara, porque aportarán y si es que ven aumentada su pensión indudablemente será por menos de lo que habría sido en caso de que dicho aporte hubiese aumentado su propio ahorro.
Por último, una parte del mayor ahorro de los cotizantes mejorará las pensiones vigentes. Esto implica (aunque se niegue) incorporar al sistema un componente de reparto, lo cual, dada nuestra realidad demográfica (nuestra población envejece aceleradamente, pronosticándose para 2050 que solo existan 2 personas activas por cada pensionado), resultará insostenible financieramente sin ya sea o una mayor cotización, mayor déficit fiscal, menor pensión o requisitos más exigentes para acceder a beneficios. La tentación a presiones como las recientemente vistas en Gendarmería o las que reinaban en nuestro sistema antiguo serían inevitables.
En suma, quedan muchos detalles no triviales por definir para dimensionar los reales efectos del anuncio presidencial. Mientras estos no se definan, poco podemos decir sobre la efectividad que la propuesta tendrá en mejorar las pensiones. Lamentablemente, el panorama se ve poco auspicioso.
Alejandra Candia
Directora del Programa Social de Libertad y Desarrollo.
