Sus simulaciones concuerdan con hallazgos de análisis como el proyecto Climate Action Tracker, que sugiere que las políticas actuales podrían conducir a un calentamiento medio de 3,6 grados Celsius. El Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas estima que el mundo necesita recortar sus emisiones en torno a un 25 por ciento por debajo de lo que se proyecta para 2030.
Si el presidente electo Donald Trump deja de tener en cuenta el cambio climático cuando haga su política energética, lo hará justo cuando una de las proyecciones principales de costes relaciones con el cambio climático se dispara
William Nordhaus, de la Universidad de Yale, es una de las figuras principales en el estudio del cambio climático y la economía. A comienzos de los 90, desarrolló el que se ha convertido en el mejor modelo informático para el estudio de los efectos del calentamiento global en la economía mundial. El modelo Dinámico Integrado del Clima y la Economía (DICE) lleva mucho tiempo ofreciendo una oportunidad a economistas de recursos, estudiantes y legisladores de probar cómo diferentes situaciones podrían conducir a climas futuros muy diferentes.
Nordhaus acaba de actualizar DICE. Ha publicado los resultados de una primera prueba, realizada esta semana, en un informe de trabajo de la Oficina Nacional de Investigación Económica, titulado “Proyecciones e incertidumbres acerca del cambio climático en una era de políticas climáticas mínimas”.
Se puede perdonar a los lectores de titulares recientes que den por hecho que la “era de políticas climáticas mínimas” se refiere a los próximos cuatro años. De hecho, según Nordhaus, la era de “políticas mínimas” es en la que ya nos encontramos. (Ha sido imposible localizar a Nordhaus para que comentara).
Los hallazgos del documento “pertenecen fundamentalmente a un mundo sin políticas climáticas, lo que es razonablemente acertado para la práctica totalidad del mundo de hoy”, escribe. “Los resultados muestran una acumulación de CO2 en rápido ascenso, cambios de temperatura, y daños”.
Incluso después de ajustarse a la incertidumbre, escribe, no hay “prácticamente ninguna posibilidad” de que los países consigan evitar que el planeta se caliente más de 2 grados Celsius (3,6 Fahrenheit), el tope máximo para evitar una sucesión de desastres naturales. Con una revisión de los métodos y datos del modelo, estima que el precio asociado a cada tonelada de dióxido de carbono emitido debería ser en torno a un 50 por ciento más alta que en la versión anterior de DICE.
Sus simulaciones concuerdan con hallazgos de análisis como el proyecto Climate Action Tracker, que sugiere que las políticas actuales podrían conducir a un calentamiento medio de 3,6 grados Celsius. El Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas estima que el mundo necesita recortar sus emisiones en torno a un 25 por ciento por debajo de lo que se proyecta para 2030.
He aquí por qué esta investigación es tan determinante. DICE es uno de los tres principales “modelos integrados de evaluación” utilizados por los gobiernos y el sector privado para estimar el coste, en dólares actuales, del año que ocasionará el cambio climático. La administración Obama dependía de estos modelos para crear el “coste social del carbón” (SCC, por sus siglas en inglés) que era la base de decenas de regulaciones federales relacionadas con la energía. La medida se expresa en dólares por tonelada de dióxido de carbono emitido. La estimación actual en Estados Unidos es de en torno a US$40.
La SCC, paradójicamente, se ha hecho parcialmente famosa solo por ser incomprensible. Siempre ha llamado la atención dentro del mundo de las políticas climáticas porque es tan influyente como complicada. Diferentes suposiciones dentro de los modelos pueden arrojar resultados drásticamente diferentes. La medida ha surgido al menos dos veces desde las elecciones de 2016. Una vez, en un cuestionario que un funcionario de transición de Trump envió al Departamento de Energía (el equipo de transición renegó más tarde del documento). También apareció en una lista de proyectos de políticas energéticas del Instituto de Investigación Energética (IER, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro, que decía que estas estimaciones no debían seguir siendo utilizadas. El presidente del IER Thomas Pyle, que antes formaba parte del grupo de presión de Koch Industries, se convirtió en director del Departamento de Energía de transición de Trump el mes pasado.
