Subsecretaria de Previsión Social mostró coincidencia con la idea del senador independiente y precandidato presidencial de igualar la pensión mínima con el sueldo mínimo, aunque advirtió que cualquier medida requiere de una evaluación económica que asegure su sustentabilidad financiera.
Coincidencia en el espíritu de la propuesta mostró la subsecretaria de Previsión Social, Jeanette Jara, respecto de los dichos del senador independiente y precandidato presidencial, Alejandro Guillier, de igualar la pensión mínima con el sueldo básico que por ley fija el Congreso cada año.
Así lo señaló ayer por la mañana, luego de presentar un estudio sobre educación previsional, donde abordó el debate que enfrenta hoy el Gobierno en materia de pensiones, a la espera de su definición sobre eventuales cambios legales para mejorar el nivel de las jubilaciones.
“Ninguna persona en Chile puede recibir una pensión inferior al sueldo mínimo”, dijo Guillier en su discurso de proclamación el fin de semana pasado, sin detallar la forma en que podría financiarse esa medida. El senador es la mejor carta de la coalición gobernante, según las encuestas de cara a las presidenciales de este año, detrás del candidato de la oposición, el ex Presidente Sebastián Piñera.
“Lo que plantea el candidato por un lado da cuenta de la importancia del tema previsional y que va a estar transversal en todas las candidaturas. Cuando un tema toma la relevancia que ha tomado, en buena hora como país nos hacemos cargo del desafío de generar alternativas que permitan mejorar el sistema previsional. Habrá que evaluar las propuestas en su justo mérito. Por cierto, uno siempre quiere que las pensiones sean mejores, no solo porque dan posibilidades de dar una vejez más tranquila, sino por temas de dignidad. Cómo uno no va a pensar que si hay sueldo mínimo para trabajadores activos debiera haber una cantidad mínima como ingreso para efectos de pensiones. Pero es un tema que hay que proyectar en el tiempo, con los análisis económicos que permitan darles sostenibilidad financiera a los cambios y que tenga a la vista el crecimiento del país. En efecto, va a haber la necesidad de generar muchos estudios que indiquen si existe o no factibilidad de llevar adelante muchas de las propuestas que se van a generar, sobre todo al tenor del debate presidencial y parlamentario”, afirmó Jara.
La autoridad agregó que por ahora el Gobierno continúa su trabajo de generar los consensos que permitan dar viabilidad política a eventuales proyectos de ley que podrían ingresar este año o a modificaciones por otras vías legales que mejoren el funcionamiento del sistema. En esa línea, justificó la demora en la definición por parte del Ejecutivo, recordando que solo en agosto pasado se conocieron los anuncios de la Presidenta Bachelet, donde destacó el alza de cinco puntos porcentuales en la cotización.
La subsecretaria, de militancia comunista, asumió recientemente en reemplazo de Julia Urquieta (también PC), en paralelo con el cambio de ministra del Trabajo y Previsión Social, con la salida de Ximena Rincón (DC) y la asunción de Alejandra Krauss (igualmente democratacristiana). Rincón tuvo disputas públicas con el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, por el rumbo que tendrán las propuestas de reformas al sistema de pensiones.
Esto, pues ya está instalada la idea de que los empleadores financien un alza desde 10% a 15% del sueldo imponible en las cotizaciones previsionales. Sin embargo, prevalece la discusión respecto de si ese incremento va a las cuentas individuales actuales de los afiliados al sistema de capitalización individual o van a un pilar solidario de ahorro colectivo, no administrado por las AFP, destinado a elevar inmediatamente las pensiones más bajas y guardar parte para financiar futuras pensiones.
Valdés no está de acuerdo con esta última idea y Rincón defendía la posición contraria. Por ello, el rol de Krauss y Jara en el nuevo escenario será clave, considerando que la posibilidad de detener el flujo de nuevas cotizaciones a las AFP genera críticas del gremio y del empresariado en general, pues las AFP y compañías de seguros de vida suponen –con las cotizaciones actuales y pasadas respectivamente– más del 20% del financiamiento de empresas y bancos en el país y varios actores del mundo privado han dicho que son claves para el mercado de capitales y el crecimiento del país de las últimas décadas.
Según dijo Libertad y Desarrollo a La Segunda esta semana, la propuesta de Guillier costaría entre 2 y 3 puntos de PIB, es decir, entre US$ 5.500 millones y US$ 8.000 millones, lo que a juicio de la entidad ligada al partido de derecha, UDI, “no es realista desde el punto de vista fiscal y tampoco parece razonable”. Frente a esa opción, Fundación Sol –que ha colaborado con la coordinadora “No +AFP”– cree que son cifras que “no desestabilizan las cuentas fiscales”, aunque la propuesta del movimiento que lidera Luis Mesina apunta a un modelo de reparto que costaría alrededor de 9 puntos del PIB en el año 2100, poniendo exigencias de años de aporte mínimos para dar incentivo a cotizar.
