Desde la Dirección del Trabajo destacan que la cifra registró un aumento respecto a las 19 sentencias en los primeros seis meses del año recién pasado.
Los tribunales de justicia condenaron durante el segundo semestre del año pasado a 32 empresas de todo el país por haber incurrido en prácticas antisindicales, tras fiscalización de la Dirección del Trabajo (DT).
La cifra revela un alza respecto a la primera parte del año recién pasado, cuando se registraron 19 condenas. Desde la DT indican que esta vez los tribunales aplicaron multas por 92.458.000 millones de pesos, equivalentes a 2.000 UTM, además de ordenar el cese inmediato de las infracciones cometidas, consideradas graves por el ordenamiento legal debido a que violentan el ejercicio de la libertad sindical. También disponen las medidas de reparación que consideren adecuadas a la ilegalidad incurrida.
Otro efecto perjudicial para las empresas condenadas -tal vez el de mayor peso- es que durante dos años, a partir de la sentencia ejecutoriada, no pueden ser proveedoras del Estado, según lo dispone el artículo 4º de la Ley 19.886. Es decir, quedan excluidas del Sistema de Compras Públicas del Estado por el periodo citado.
En la nómina resaltan entidades ligadas al sector municipal, como las corporaciones de desarrollo social de Antofagasta y Valparaíso y la Municipalidad de Hualqui.
En la la minería en tanto, destacan la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, Minera San Pedro Ltda. y Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero Explodesa.
En transporte de valores, Brink’s Chile S.A. fue condenada dos veces, al igual que la compañía Gas Austral S.A..
También fueron condenadas Ripley Store Ltda., Caja de Compensación Los Andes y el Instituto Profesional Los Leones Ltda.
Respecto de las infracciones más comunes, aparecen ejercer discriminaciones indebidas entre los trabajadores para incentivar la afiliación o desafiliación sindical; despidos masivos de trabajadores y variaciones injustificadas en las funciones de dirigente sindical e incumplimiento de obligaciones contenidas en contratos colectivos; reemplazo ilegal de trabajadores en huelga, entre otras.
