Multa fue por 100 millones de pesos colombianos
El Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) de ese país sancionó a la entidad controlada por Itaú-CorpBanca por realizar operaciones acordadas previamente con otro banco, destinadas a ajustar sus índices de riesgo de liquidez y, de esa forma, cumplir con sus límites internos de capacidad de pago de pasivos.
La operación de CorpBanca en Colombia no huele bien. Los resultados lo venían adelantando, al igual que los cambios en la conducción directiva y ejecutiva del banco en ese país.
Ayer, el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) hizo pública una sanción contra CorpBanca Colombia, por 100 millones de pesos colombianos (US$ 30 mil), por manipular sus índices de riesgo de liquidez (IRL) para cumplir con los límites prudenciales internos del Banco.
La multa ocurre luego de una investigación iniciada en agosto de 2016 –develada en ese país por el medio Primera Página y divulgado en Chile esta semana por este medio y que pone en evidencia la laxitud con que operaba el banco en ese país previo a que Itaú-CorpBanca tomara el control de esa operación, tras la fusión de Itaú Chile y CorpBanca en abril de 2016.
Según ha informado Itaú-CorpBanca, desde que asumieron los brasileños el control, las operaciones de la entidad fusionada han ido mutando a los estándares de Itaú Unibanco, para acotar sus niveles de riesgo y dar sustentabilidad a sus resultados en el futuro.
La consecuencia de estas medidas ha sido un ajuste violento en los resultados del banco, rompiendo con las proyecciones de ganancias para el inicio de la fusión, cuyo primer año fiscal cierra en marzo de este año. A diciembre, el banco fusionado registraba ganancias mínimas, revirtiendo completamente las utilidades que traían por separado los dos bancos antes de la unión.
Las irregularidades detectadas por la AMV –investigación a la cual se suma otra que lleva adelante la Superintendencia Financiera Colombiana– provocaron la salida del ejecutivo a cargo de tesorería, Javier Barrenechea, y del presidente del banco en ese país, Jaime Munita, quien llegó en 2011 a CorpBanca y que desde entonces se había hecho cargo de liderar esa operación.
En ese contexto, la semana pasada se conoció de la demanda presentada por el accionista minoritario de CorpBanca Colombia, Helms Bank –que posee el 20%–, contra Itaú CorpBanca, requiriendo la suspensión del compromiso de compra, por parte de Itaú-CorpBanca, del 12,5% que tiene el holding de Saieh, CorpGroup, en la operación cafetera.
Esta acción terminó provocando la postergación del plazo –que caducaba en enero de 2017– hasta 2022, para que Saieh pudiera vender sus papeles en el banco en Colombia, por lo que apostaba a recuperar más de US$ 200 millones.
Según relató ayer el medio Primera Página de Colombia, CorpBanca coordinó con otro banco, de manera previa, la realización de una serie de operaciones en la Navidad de 2015, con un único objetivo que no correspondió a fines de mercado sino a la intención de CorpBanca de afectar su IRL (Índice de Riesgo de Liquidez) para cumplir con los límites prudenciales internos definidos por la entidad bancaria para diciembre de 2015.
Así, la resolución de la AM relata que el 23 de diciembre de 2015 Corpbanca emitió unos CDTs con vencimiento al 29 de marzo de 2016, por un valor nominal de $100.000 millones (unos US$ 34 millones). La colocación primaria de dichos títulos, explica el medio, se efectuó a través de cuatro (4) operaciones. Los CDTs fueron suscritos en su totalidad por otro banco.
La manipulación del IRL buscaba falsear la estructura de pasivos de fondos propios, que en los bancos es mucho menor que en el resto de las empresas. Según Primera Página, los bancos mantienen como reserva solo una pequeña parte de los depósitos. En tanto que el IRL permite medir la falta de liquidez, que impida en un momento determinado realizar los pagos comprometidos, especialmente a corto plazo, lo que es un riesgo inherente al negocio bancario.
De acuerdo a la AMV, CorpBanca Colombia violó el Reglamento del Autorregulador del Mercado de Valores, que advierte que los sujetos de autorregulación deben abstenerse de llevar a cabo actuaciones que denoten un exceso en el ejercicio de un derecho, sin que les asista un interés legítimo en su proceder.
“Los sujetos de autorregulación deberán abstenerse de llevar a cabo operaciones de intermediación que, a pesar de tener apariencia de legalidad, tengan el propósito o efecto de agraviar un interés legalmente protegido por las normas del mercado de valores. Igualmente, deberán abstenerse de llevar a cabo actuaciones que denoten un exceso en el ejercicio de un derecho sin que le asista un interés legítimo y serio en su proceder”, estipula la norma de 2008 citada por la resolución.
Además, el capítulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera –en adelante la “CBCF” de la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante “SFC”)– prevé que los establecimientos de crédito, entre otras entidades, deben diseñar y aplicar modelos propios para la medición del riesgo de liquidez, incluyendo el diseño de un IRL interno que se obliga a cumplir, diferente del establecido como límite mínimo en el modelo estándar de la SFC, con el fin de atender sus flujos de caja esperados o inesperados, sin afectar sus condiciones financieras, conforme a la estructura, complejidad y naturaleza de sus actividades.
La sanción llega luego que 18 de octubre de 2016 el propio Munita acudiera a la autoridad autorreguladora para solicitar un acuerdo de terminación anticipada de la causa, acuerdo que se cerró el 22 de diciembre pasado.
El regulador consideró como atenuante el compromiso de CorpBanca de corregir estas malas prácticas, además de la salida de Munita y Barrenechea, la inexistencia de antecedentes disciplinarios previos del banco y la propia presentación de la solicitud de término anticipado del proceso mientras aún estaba en investigación.
Entre las medidas comprometidas por CorpBanca Colombia para evitar que se repitan estos hechos, se destaca el inicio de gestiones para “implementar mejores estándares internacionales en relación con el indicador de liquidez en el que no se incluyen para su cálculo los títulos corporativos/bancarios emitidos por entidades privadas, en línea con los parámetros de Basilea III”. Junto con ello, la implementación, dentro de sus políticas, de limitaciones para realizar recompras de CDTS propios y la promoción de mejores conductas, incluyendo una aproximación ética a las conductas de mercado.
