La trampa del desarrollo en democracia

Es cierto que el sector privado ha contribuido notoriamente al desarrollo y crecimiento del país. Innumerables son los ejemplos que se pueden dar al respecto: carreteras, colegios, clínicas, malls, casinos, etcétera.

Estos ejemplos muestran que recursos privados no solamente son importantes sino también necesarios para que el país se desarrolle. Esto ha permitido, entre otras muchas cosas, que las personas tengan más y mejor acceso a distintos lugares, educación, salud y entretención. Nadie podría poner en duda que el financiamiento privado ha contribuido notoriamente al desarrollo y crecimiento del país.

Si bien lo anterior es cierto, también lo es que las empresas han obtenido ciertos beneficios que distintos gobiernos les han otorgado, con el fin de tener incentivos para que justamente puedan invertir en diferentes proyectos. Por ejemplo, Ley de Royalty, Ley de Pesca, entre otras iniciativas.

En pro de aumentar la competencia en los mercados atrayendo a nuevos actores, lo cual traería consigo mayores recursos para el Estado para financiar proyectos sociales y a su vez bajar los precios de los productos en beneficios de los consumidores, los Gobiernos han adoptado una “política de incentivos” para el sector privado. La creencia es que sin estos incentivos el sector privado buscará otras alternativas de inversión y el Estado no obtendrá estos recursos para financiar proyectos sociales. De esta manera, grandes multinacionales han desembarcado en nuestro país aumentando la competencia en el sector correspondiente y explotando descaradamente los recursos naturales del país.

En paralelo a esto, las empresas nacionales, además de los anteriores incentivos, tienen el incentivo al control corporativo. En efecto, la Ley sobre Sociedades Anónimas (Ley 18.046; Art. 147,4) permite las transacciones con empresas relacionadas cuando el controlador tiene sobre 2/3 de la propiedad. Esto, entre otros factores, ha facilitado la conformación de grupos económicos habitualmente en manos de familias que, en el transcurso del tiempo, han aprovechado la “política de incentivos” de los gobiernos, aumentando sus ganancias desviando riqueza de una empresa a otra o bien desde los accionistas minoritarios hacia el controlador e, incluso, formando “carteles” y penetrando el sector político con el fin de incrementar su patrimonio.

La paradoja surge en forma natural. Diversos sectores y agrupaciones vociferan hoy contra el sistema de mercado y la “política de incentivos” que han adoptado los gobiernos en los últimos 40 años, pero justamente sin este sistema y “política” no se hubiese logrado el desarrollo que actualmente muestra el país. Es decir, el sistema económico actual y la “política de incentivos” adoptada por los gobiernos, han financiado principalmente el desarrollo del país en los últimos 40 años. Ahora, si se desea cambiar el sistema y minimizar los incentivos que actualmente gozan las multinacionales y grupos económico, ¿quién financia el desarrollo del país?: ¿el sector privado?, ¿el Gobierno?

Si es el sector privado, entonces alguna “política de incentivos” debiera existir para que dicho sector no invierta en el extranjero sino en Chile. Si es el Gobierno, entonces una profunda reforma a la administración pública debiera existir. En efecto, la ineficiencia en la administración y gestión pública es ampliamente conocida.

Diferentes Gobiernos han intentado intervenir la administración pública para transformarla en una gestión más eficiente y nadie lo ha logrado. Esta ineficiencia pone en riesgo la implementación, ejecución y término de diversos proyectos. Si la ineficiencia en la gestión pública y eliminar los incentivos del sector privado no permiten financiar el desarrollo del país, entonces quién lo financia. Esta es una trampa del desarrollo en democracia. Cómo se sale de esta trampa: ¿con mayor y mejor educación?, ¿con más inversión en ciencia y tecnología?, ¿con más innovación?, ¿con más ministerios?…. Pues bien, quién financia todo esto, y volvemos a la trampa del desarrollo en democracia que, en parte, paraliza el crecimiento de los países que caen en esta.

No deja de ser curioso que una salida a esta trampa provenga del mercado, específicamente del mercado de capitales. Desde hace años se ha discutido la idea de que una parte de Codelco sea privatizada. En otras palabras, que financiamiento privado sea compartido con financiamiento estatal, con el fin de administrar una gran empresa minera. Esta idea se puede extender y proponer que determinadas empresas públicas puedan recibir financiamiento privado.

Sin duda habría una mejora en la eficiencia de la gestión administrativa, el Estado recibiría mayores ingresos y habría mayor competencia en el mercado, con lo cual se beneficiarían los consumidores. Pero esta reforma no debe ser unilateral sino que bilateral. Es decir, que el Estado pueda invertir en determinadas empresas privadas. De esta forma, al igual que las AFP tienen un representante sentado en el directorio de grandes compañías, el Estado podría hacer algo similar, adquirir paquetes accionarios de grandes empresas y tener representación en el directorio. Esto permitiría monitorear de mejor manera el actuar del controlador, con lo cual impactaría en una disminución de prácticas de manipulación contable, fraudes y ”carteles”.

Una reforma al mercado de capitales para que coexistan empresas de propiedad pública, privada y mixta es una salida a la trampa del desarrollo en democracia. Aumenta la eficiencia de empresas públicas, se vela para que las empresas privadas no incurran en prácticas de manipulación contable, fraudes y ”carteles” desde el directorio de ellas, y permite un mercado por el control y financiamiento corporativo más transparente.

¿Qué candidato presidencial estaría dispuesto a impulsar una reforma como esta?

Christian Espinosa Méndez
Profesor Asociado
Facultad de Administración y Economía
Universidad de Santiago de Chile