Intendente PPD desoyó a organismo técnico regional
El vicepresidente de la DC, Matías Walker, denunció presiones políticas de parte del Ministerio del interior, lo que sintoniza con la temperatura al interior de algunas carteras, donde se piensa que la presión política terminó por distorsionar un proceso técnico que culminó con el rechazo a la construcción de la minera de hierro y cobre. Otros, como la senadora PPD Adriana Muñoz, solidarizan con el rechazo partidario, al advertir que “traería un grave daño al ecosistema y a la salud”. También habría presionado el senador Girardi. La Sonami señala que la decisión hace “perder el atractivo (de Chile) como país minero”. Andes Iron, controlador del proyecto, manifiesta que apelará al Consejo de Ministros.
La soterrada presión política, marcada por la supuesta injerencia del Ministerio del Interior –encabezado por Mario Fernández– y la bancada del PPD para que el intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, y los seremis regionales votaran en contra del Proyecto Dominga, habría desencadenado el escenario al que se había resistido la empresa Andes Iron.
En una tensa votación, la construcción del proyecto –que traería a nuestra frenada economía una inyección de 2.500 millones de dólares– fue rechazada por parte de la Comisión de Calificación Ambiental de Coquimbo.
La decisión final la tomó el Intendente Ibáñez (PPD), tras el empate de seis votos que se produjo en primera instancia. Así, el multimillonario proyecto se fue a tierra y, con ello, la construcción de dos minas a rajo abierto para la extracción potencial de 2.000 mil millones de toneladas de hierro y concentrado de cobre, en solo 22 años de vida útil.
El proyecto Dominga había sorteado el reciente escándalo por su vinculación accionaria con la familia Piñera en 2010, cuando el Mandatario decidió bajar Barrancones, y los pagos anteriores realizados por el grupo Penta al ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner. Sin embargo, sus vínculos con Piñera sí le habrían pasado la cuenta.
El diputado DC por Coquimbo, Matías Walker, dijo que la sensación que impera en la región “es que esto se vio muy contaminado políticamente, por esta aparición de que el ex Presidente Piñera, a través de un fondo de inversión, en 2010, fuera durante algunos meses accionista de este proyecto”.
En esa línea, dice tener pruebas de que “hubo presiones políticas del Ministerio del Interior, por los antecedentes que hemos podido recoger”, así como “muchos llamados para que algunos seremis cambiaran su postura”.
Y apuntó a Claudio Ibáñez como el medio de presión: “El Intendente habló con algunos seremis que tenían informes sectoriales favorables de su cartera para que finalmente se abstuvieran o votaran en contra, con el fin de que el Consejo de Ministros fuera el órgano que finalmente resolviera el proyecto”, denunció.
Ibáñez señaló anoche que «no hubo orden de Gobierno» para rechazar el proyecto. En entrevista con CNN, el intendente aseguró que existían «dudas razonables» sobre el impacto medioambiental y social que podía generar.
Una segunda corriente de presión provino del PPD, en el cual milita el referido intendente. Un día antes de la votación, el senador Guido Girardi, jefe de la bancada del PPD, anunció que presentaría acciones legales contra los seremis que aprobaran la evaluación ambiental del proyecto, esgrimiendo la defensa medioambiental y el desarrollo sustentable.
La amenaza e intermediación de Ibáñez habría logrado el efecto deseado. Votaron en contra del proyecto los seremis de Desarrollo Social, Herman Osses; Transporte y Telecomunicaciones, Óscar Pereira; Agricultura, Andrés Chiang; Energía, Marcelo Salazar; y Salud, Rosendo Yáñez.
A las horas de conocerse el veredicto, en una declaración pública, el PPD felicitó a los seremis y al gabinete regional, pero en especial a su compañero de filas Claudio Ibáñez, por la decisión adoptada.
Cercano a la senadora PPD, Adriana Muñoz, y al ex ministro Sergio Bitar, el administrador público de la Universidad Central había asumido el 2015 la Intendencia de Coquimbo, en reemplazo de Hanne Utreras, quien tenía mala relación con Jorge Pizarro y Muñoz, según informan los medios regionales de la época.
El nuevo intendente llegaba con bombos y platillos desde el Ministerio de Minería, donde se desempeñaba como asesor, pero su paso por la Dirección Regional de Corfo y el hecho de haber trabajado en diversas instituciones públicas, le dieron los créditos para asumir la intendencia de la Cuarta Región.
A juicio de algunas fuentes de Gobierno, conocedoras del proceso, “las presiones políticas terminaron por distorsionar el proceso técnico”, lo que representa “una mala señal a la inversión”, en el momento en que “el país no puede darse el lujo de rechazar una inyección de capital de US$2.500 millones”.
Una decisión que para el presidente de la Sonami, Diego Hernández, hace “perder el atractivo (de Chile) como país minero”, lo que se ve reflejado en la última encuesta del Fraser Institute, en la cual el país cayó 28 posiciones con respecto a 2016, ubicándose en el número 39, siendo superado por Perú.
Y es que Minera Dominga había cumplido con las diversas etapas y normativas en su estudio de impacto ambiental aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por lo cual el proyecto se presentaba en un muy buen pie ante la Comisión de Calificación Ambiental, que finalmente votó en contra. Por ello el desconcierto de algunos. Los mismos que se preguntan por qué el intendente de Coquimbo no consideró la opinión de su organismo técnico, el SEA Regional.
Aludiendo a esa interrogante, la senadora Muñoz aclaró que no hay segundas lecturas: “Entregó sólidos antecedentes técnicos”, recalcó.
Entre los argumentos esgrimidos por Ibáñez, la parlamentaria y correligionaria destacó “los sólidos antecedentes” esbozados por el intendente, “que demuestran que el Proyecto Dominga provocará un grave daño al ecosistema de la zona y a la salud de las personas. Eso sí, de una vez por todas, no acepta enmendar las observaciones de fondo que se ha hecho al proyecto desde hace mucho tiempo”.
En el otro frente, la resignación se palpaba en la primera línea de la minera Andes Iron. El CEO y accionista del Proyecto Dominga, Iván Garrido, anunció que acatarán el fallo y que “era parte del juego democrático”, pero que en los próximos 30 días apelarán al Consejo de Ministros y que, en esa instancia –sostuvo–, ganarán.
