Opinión
No es casualidad la caída libre de Chile en el ranking mundial de países mineros más atractivos para invertir, que según el Informe Fraser nos sitúa en el lugar 39, siendo superado por Perú, lo que es una señal de advertencia que nuestras autoridades políticas y económicas no pueden ignorar. Después de haber estado durante años entre los top 10, a partir del año 2014 observamos una caída sistemática en dicho índice, debido, entre otras razones, a la incertidumbre regulatoria y la mayor judicialización de los proyectos.
Este año la minería ha copado la agenda pública, pero lamentablemente por razones que nos preocupan. Era una costumbre leer hasta hace algunos años que la minería chilena era un modelo a seguir a nivel mundial. Nos sentíamos los campeones mundiales de la minería. Sin embargo, en el último tiempo esa percepción ha ido cambiando, cediendo espacio a la incertidumbre.
Mientras el país se prepara para la próxima entrada en vigencia de la reforma laboral, el sector minero vivió uno de los procesos de negociación colectiva y huelga más extensos de las últimas décadas. Aunque el caso de Escondida se desarrolló y concluyó bajo la actual legislación laboral, el conflicto con su principal Sindicato es un buen termómetro de lo que podría venir con la aplicación de la nueva ley. Considerando el fortalecimiento del poder negociador de los sindicatos, la ausencia de normas que expliciten la necesidad de un proceso pacífico, el uso de la fuerza como principal medio de negociación y la prohibición de reemplazo, permiten suponer que las relaciones laborales entre empresas y trabajadores serán más tensas y complejas. Si a ello sumamos la deficiente regulación de algunas materias, que no quedaron bien resueltas en la ley, hacen presumir además una alta judicialización de los procesos de negociación colectiva, abriendo paso a la incertidumbre en el sector.
Más recientemente, el sorpresivo rechazo del proyecto minero «Dominga», en Coquimbo, que causó entre los principales agentes políticos y económicos del país una sensación de molestia, solo vino a profundizar el nivel de incertidumbre y desconfianza en un sistema de evaluación ambiental en cuyas decisiones deberían primar los criterios técnicos por sobre los políticos.
Las acusaciones sobre una supuesta intervención política por parte de altas autoridades gubernamentales y las supuestas amenazas de un parlamentario, solo vienen a confirmar que nuestra institucionalidad ambiental requiere de una profunda revisión. Mientras tanto, un proyecto minero que traería importantes beneficios para la región de Coquimbo, a través de la generación de empleos y el aporte de compensaciones económicas a las comunidades afectadas, entre otros, deberá esperar a que los tribunales resuelvan su procedencia o no. Se trata, pues, de otro caso más de un importante proyecto de inversión que termina judicializándose, agravando la situación de incertidumbre que reina en el sector.
Recientemente se dio a conocer que la participación de Chile en el mercado mundial del cobre cayó 8,4 puntos en la última década, cediendo terreno a otros destinos mineros más atractivos que nuestro país, como es el caso de Perú. Entre los principales factores que explican este retroceso, según el ICR, está el menor dinamismo de la inversión y actividad económica del sector minero en los últimos dos años, afectado por el deterioro de las expectativas de crecimiento económico bajo el actual Gobierno, gracias a sus reformas tributaria y laboral, entre otras.
No es casualidad, entonces, la caída libre de Chile en el ranking mundial de países mineros más atractivos para invertir, que según el Informe Fraser nos sitúa en el lugar 39, siendo superado por Perú, lo que es una señal de advertencia que nuestras autoridades políticas y económicas no pueden ignorar. Después de haber estado durante años entre los top 10, a partir del año 2014 observamos una caída sistemática en dicho índice, debido, entre otras razones, a la incertidumbre regulatoria y la mayor judicialización de los proyectos.
Mientras Perú se encuentra focalizado en impulsar el crecimiento económico, con particular énfasis en la minería, en Chile nuestras autoridades aún buscan explicaciones para justificar el bajo desempeño económico apelando a factores que han tenido escasa aceptación entre los economistas serios de nuestro país. Frente a la ausencia de medidas concretas para reactivar nuestra economía, la incertidumbre se ha apoderado de nuestro país y del sector minero.
Francisco Orrego B.
Subdirector Asuntos Políticos y Legislativos
Libertad y Desarrollo
