La presentación también concluye que, de agravarse la situación judicial, se aceleraría la inviabilidad de la compañía
El documento firmado por Raúl Sotomayor se entregó a Sebastián Pavlovic, superintendente de Salud, la semana pasada. Este también recibió de Sotomayor el informe que hizo PWC, luego de tener acceso, por primera vez, a la base de datos de la isapre. Ese due diligence complementario es igual de lapidario. Concluye que los costos de salud reales incurridos por Masvida para los años 2014, 2015 y 2016 son significativamente mayores a los reportados por la ella tanto en los informes de gestión como en las distintas Fichas Económicas y Financieras de Isapre (FEFI). Una fuente que tuvo acceso a los informes señala que los resultados ponen nuevamente en cuestión la labor que hizo E&Y respecto a auditar rigurosamente las cifras de la empresa.
Ayer jueves, Raúl Sotomayor, líder del fondo de inversión privado Southern Cross, envió una carta al nuevo directorio de Empresas Masvida con copias de una serie de análisis privados y confidenciales, elaborados por su equipo y sus asesores PWC, respecto a la situación de la isapre.
Las conclusiones de esos informes son lapidarias.
De acuerdo a la presentación de Southern Cross, Isapre Masvida requeriría recursos adicionales por $72.000 millones en los próximos tres años para no quebrar.
“Isapre Masvida (‘IMV’) se encuentra en una compleja situación inicial. La compañía estaría generando recurrentemente pérdidas a nivel operacional, lo que implicaría una necesidad significativa de recursos en el corto plazo. En base a parámetros de industria, las necesidades de caja adicionales estimadas serían significativas dentro de los próximos 3 años. Estos recursos son adicionales a los necesarios para satisfacer el pago de saldos de pasivos actuales de IMV. Por otro lado, de agravarse la situación judicial que enfrenta IMV, se aceleraría la inviabilidad de la compañía”, consigna el documento, al que tuvo acceso este medio.
El análisis lo hizo Sotomayor y su equipo a pedido de Sebastián Pavlovic, superintendente de Salud, y se lo entregaron a fines de la semana pasada. Pavlovic también recibió de Sotomayor el informe que realizó PWC luego de tener acceso, por primera vez, a la base de datos de la isapre.
Ese due diligence complementario (DDC) es igual de lapidario. Concluye que los costos de salud reales incurridos por Masvida para los años 2014, 2015 y 2016 son significativamente mayores a los reportados por la misma, tanto en los informes de gestión como en las distintas Fichas Económicas y Financieras de Isapre (FEFI).
El análisis que preparó PWC revela que las diferencias, con respecto a los datos informados en FEFI, ascienden a $1.891.740 en 2014, $7.661.412 en 2015, $6.157.438, en 2016; y $12.450.885 y $13.481.184, para los períodos de ocho y nueve meses terminados el 31 de agosto y el 30 de septiembre de 2016, respectivamente.
Una fuente que tuvo acceso al documento sostiene que los resultados ponen nuevamente en cuestión la labor que hizo E&Y respecto a auditar rigurosamente las cifras de la empresa. Ernst & Young es señalada como la auditora que no advirtió anomalías en sus balances. La misma fuente agrega que un análisis profundo de las cifras y la base de datos de Masvida sugiere que había una demora sistemática para contabilizar los costos y que esto era “a propósito”.
Cabe recordar que Sotomayor y su fondo habían realizado un proceso de due diligence a Empresas Masvida entre los meses de junio y octubre de 2016. La oferta para comprar control de la empresa se hizo sobre la base de ese proceso, pero ella eventualmente caducó a raíz de las interrogantes que comenzaron a aparecer acerca del verdadero estado del negocio del holding.
Pero con posterioridad a la designación del administrador provisional, entre los días 13 y 24 de marzo recién pasados, Southern Cross y PWC, sus asesores, tuvieron acceso directo por vez primera a la base de datos de la isapre, con el objeto de evaluar la formulación de una nueva oferta.
Y es con esa información que se elaboraron los nuevos informes que le fueron entregados a Pavlovic y que también están en manos de Robert Rivas, el administrador provisional.
En la reunión con Rivas, Southern Cross le reveló su conclusión de que la isapre está en «riesgo inminente de inviabilidad» y que por ello se ve imposibilitado de presentar una nueva oferta.
Parte de esta información apareció en El Mercurio y La Tercera el 25 de marzo pasado.
