El 5% adicional de la cotización fue la piedra de tope entre el oficialismo y la oposición
Hacienda promete que la Presidenta tomará una decisión en breve, pero el consenso es que no habrá reforma a las pensiones en este gobierno. La mesa técnica discutió durante 7 meses una reforma a las pensiones que no llegó a acuerdo, ni hizo propuesta. Y esas discusiones fueron precedidas por la Comisión Bravo. La oposición denunció que primaron criterios “ideológicos». Ninguna de las opciones en discusión tocan el fondo del negocio de las AFP, a pesar de las críticas que la industria ha hecho acerca de la decisión de que la cotización adicional no sea administrada por ellas. Ahora la reforma a las pensiones queda en manos de la Presidenta Bachelet, quien definirá el envío o no un proyecto de ley antes que termine su mandato.
Pese a las frecuentes protestas de la ciudadanía para que se reformara el sistema previsional y los siete meses de discusión, que mantuvieron en la misma mesa a personeros del oficialismo y la oposición analizando las distintas propuestas, la mesa técnica constituida para llegar a un acuerdo nacional en esta materia, simplemente naufragó y Hacienda chuteó la decisión a La Moneda.
Esos 7 meses de discusiones fueron precedidas por la Comisión Bravo. Ahora, a menos de un año del término de este gobierno, crece el escepticismo de que se pueda hacer algo relevante para mejorar las pensiones.
Y aunque el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés dice que la Presidenta Bachelet tomará una decisión en breve, el consenso en el mercado, la industria y en el mundo político es que no habrá reforma al sistema de pensiones en este gobierno.
Lo que ya se rumoreaba hace días lo confirmaron esta mañana el ministro Valdés y la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss.
Ayer se reunieron por última vez los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria en el Ministerio de Hacienda, para consensuar una postura. El palo en la rueda sigue siendo el destino del 5% adicional de cotización y su administración por parte de un ente estatal.
La propuesta del Ejecutivo apuntaba al alza gradual, en un plazo de 5 a 6 años, de 5 puntos en la tasa de cotización, de cargo del empleador. Este porcentaje adicional sería gestionada a través de un administrador estatal o una licitación a privados, tal como lo planteó el ministro Valdés hace unos días. Aunque se plantea dividir dicho porcentaje, con el objetivo de que 2,5 puntos se dirijan a las cuentas individuales de las personas. Así, 1 punto se destinaría a un pilar de reparto intergeneracional, otro punto iría a mejorar las pensiones actuales y el restante 0,5 punto a subsidiar incrementos en las pensiones de las mujeres.
Algunos entendidos en la materia, señalan que para aumentar las jubilaciones la nueva entidad estatal, que administraría el 5% adicional de cotización, podría dedicarse a la recaudación e inversión de los recursos, mientras que los pagos podrían realizarse a través de un organismo ya existente, como el Instituto de Previsión Social.
Mientras que otros mirarían como ejemplo la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), que tiene un costo de gestión inferior a $ 5 mil por persona, muy por debajo del costo de las AFP, considerando que estas últimas realizan gestión de cartera y proveen una serie de servicios adicionales.
Pero independiente de estos ejemplos, Hacienda promueve la creación de una entidad nueva, sin dependencia de otros organismos existentes como BancoEstado, y que siga un modelo de gobierno corporativo similar al del Banco Central, con directores designados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado.
Otro punto polémico a tratar y que fue resistido por parlamentarios de la Nueva Mayoría fue el de subir la edad de jubilación, lo cual habría sido descartado por Hacienda.
En el plano político, los diputados de la derecha, Felipe de Mussy (UDI) y Alejandro Santana (RN), contaron al Diario Financiero que no se llegó a acuerdo con el gobierno respecto a que el Estado administre el 5% adicional de cotización, porque primaron criterios “ideológicos” y no se establecieron garantías de que no se “expropiarán” los fondos previsionales que estarán en manos del Estado. Mientras que el socialista, Juan Pablo Letelier, deslizó que se necesitaba apuntar a una reforma más profunda del sistema de pensiones, que involucre que el trabajador pueda elegir si un ente estatal o la AFP administrará el 10% que cotiza.
Pese a esas objeciones, la reforma a las pensiones queda ahora en manos de la Presidenta Bachelet, quien definirá el envío o no de un proyecto de ley para hace cambios al cuestionado sistema previsional.
Aunque previamente cada colectividad deberá presentar sus informes a Valdés, para que así el Ejecutivo esté en condiciones de redactar un proyecto de ley, que vería la luz recién a partir de mediados de mayo.
