La disputa por la frontera

Hace unos días tuve la suerte de escuchar a un ex consejero del Banco Central, quien a partir de los datos de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional (la famosa Casen) de 1987 mostraba que en ese entonces el 80% de la población del país estaba a “una desviación estándar” de la canasta mínima de consumo. En otras palabras, que prácticamente no existía la clase media, teníamos un país con unos pocos ricos (cerca de un 7% de la población) y una gran masa que estaba en torno a esta canasta mínima, es decir, o eran pobres o muy vulnerables.

En esa situación, el foco de las políticas públicas y de la política partidista era evidente, el enemigo a derrotar estaba clarísimo, y era la pobreza. Cuando escuchamos una y otra vez la frase ya cliché de que Chile cambió, tiene que ver justamente con esto. Hoy, esos mismos datos nos señalan que los ricos y muy ricos siguen siendo los mismos en términos relativos (obviamente no absolutos), pero ahora la gran masa de la población, ese 80%, está bastante más lejos de esa canasta básica de consumo, es decir, es una nueva clase social, distinta a la de sus padres. Nada de esto es nuevo, pero parece ser que a la hora de diseñar las políticas aún estamos pensando en una lógica más parecida al Chile del pasado.

Por una parte, tenemos la visión del Estado. Sus principales clientes ya no son los pobres –lo que viven los cerca de dos millones de chilenos aún en estas condiciones es una tragedia, y para los dieciséis millones restantes un imperativo ético– sino la clase media. ¿Qué puedo entonces como político ofrecer? El llamado “progresismo” ha querido mover la frontera de provisión de bienes y servicios públicos tradicionales hacia la clase media. De las becas de alimentación escolar para prevenir la desnutrición infantil, a la universidad gratis. El problema es que parece ser que al hacer eso no consideran varios elementos. Uno –lamentablemente siempre inevitable– es la restricción presupuestaria. Es mucho más caro entregar servicios y bienes a la clase media, y el costo alternativo es desplazar en la fila a los más pobres. Lo segundo es que el progresismo pone un peaje a la clase media: bienes y servicios estatales (subsidiados y/o gratuitos), pero con una oferta capturada por el mismo Estado.

La visión de la empresa privada parece igualmente miope. Quieren mover su frontera de provisión de servicios desde la población de ingresos altos a la nueva clase media. Es un mercado potencial que les hace agua la boca, millones de nuevos clientes para vender salud, educación, zapatillas o celulares. Durante varios años creyeron que satisfacer las necesidades aspiraciones de la clase media era suficiente, y que poco faltaba para que estos clientes tuvieran que estar agradecidos de ser parte del club. Nunca entendieron que detrás de esas aspiraciones materiales había cambios y necesidades más profundas, como la seguridad, la dignidad, el respeto e igualdad en el trato, o la confianza.

Estado y empresa privada (y sus contrapartes en el mundo político) han estado peleándose en esta nueva frontera, disputándose a clientes. Uno tal vez por votos y los otros por utilidades. Pero ambos se han equivocado brutalmente en entender que con quienes tratan son ciudadanos, que no quieren, por una parte, sentirse apadrinados por el Estado, ni trivializados por la empresa. Tal vez lo que está buscando decir este nuevo Chile es que quiere libertad para tomar sus decisiones, que se le trate con respecto y dignidad, y que no es un botín para nadie.

Pablo Correa
Economista