Uber, Google y Facebook: cómo subirse al carro de las plataformas digitales

La discusión sobre un cambio de estrategia de desarrollo es un tema recurrente. Los vaivenes en el precio del cobre y la incertidumbre que implican, hacen necesario buscar un camino de desarrollo alternativo. Una nueva estrategia debe considerar cuáles son las tendencias globales en cuanto a tecnología y determinar cuál es el papel que Chile quiere cumplir en ese escenario futuro.

Está claro que el futuro va a estar marcado por nuevas formas de producción y consumo sobre la base de las tecnologías de redes; las plataformas digitales son un ejemplo de ello. Estas iniciativas hacen uso de la tecnología de redes para coordinar agentes en pos de algún objetivo en particular. Las hay con fines de lucro (Google) o sin fines de lucro (Wikipedia), hay aquellas que transan información (Spotify), bienes (Mercadolibre) o servicios (Airbnb), aquellas que se desarrollan colaborativamente (Linux) o aquellas fundadas en empresas privadas (Apple). Las hay de todos tipos.

Han irrumpido no solo en el panorama económico, donde la capitalización de sus más grandes exponentes se ha duplicado en los últimos 6 años (2,3 billones de dólares en 2010 a 4,2 billones en 2016), sino que plataformas como Google y Facebook son parte de la cotidianeidad de todos nosotros. En Chile en particular se ha sentido la aparición de Uber, que ha sido la primera plataforma en impactar de forma sustancial variables económicas reales; en términos de empleo, existen 49 mil conductores activos en 7 regiones del país.

La particularidad de estas plataformas es que son sus usuarios (o “colaboradores”) los que las dotan de contenido, son ellos quienes producen y consumen la información, bienes o servicios. Por su parte, las empresas no necesariamente se dedican de forma directa al rubro de la plataforma (viajes en el caso de Despegar.com, libros en el caso de Amazon, etc.), sino que se enfocan en facilitar la interacción entre los usuarios dentro de ella. Las empresas tienen distintos métodos para monetizar la participación de los usuarios que en principio es gratuita. Entre ellas: cobrar un margen sobre las transacciones que se llevan a cabo (Mercadolibre), prestaciones extras para miembros de pago (Couchsurfing), publicidad (Facebook), venta de bases de datos (Google), entre otros.

En la medida en que la economía de las plataformas digitales va desarrollándose, irrumpe en nuevas industrias y entra en conflicto con los demás actores. La irrupción es aún más violenta cuando se trata de países subdesarrollados con marcos regulatorios anticuados. Los cambios ocurren tan abruptamente que la política pública no puede seguirles el paso y, por si fuera poco, también existe el desafío de distinguir cuáles de estos cambios tecnológicos se cristalizarán y serán duraderos (justificando el costo de legislar al respecto), y cuáles serán solo modas pasajeras. La discusión se toma a destiempo y de forma apresurada, lo que muchas veces culmina en regulaciones (o desregulaciones) que perjudican a agentes sensibles. El impacto de las nuevas tecnologías es multidimensional y en la discusión sobre cómo las incorporamos deben participar todos los actores pertinentes.

Mientras algunos como Luis Larraín de Libertad y Desarrollo plantean un laissez faire tecnológico, modestamente propongo 3 puntos que considero deberían ser parte de una discusión pública en cuanto a políticas tecnológicas en Chile:

1. Asimetrías globales

Las grandes plataformas digitales se concentran en Estados Unidos. Según datos de la CEPAL, en términos de capitalización, EE.UU. cuenta con el 75% del valor de las plataformas digitales a nivel mundial, mientras que América Latina solo con el 0.3% (CEPAL, 2016). Existen 3 grandes plataformas en Latinoamérica: Mercadolibre, B2W Global (retail brasileño) y Despegar.com, comparadas con al menos 174 empresas estadounidenses que superan los mil millones de dólares en capitalización (Microsoft, eBay, Twitter, entre otros). La brecha tecnológica es enorme y la adopción en la vida cotidiana de estas plataformas digitales genera una dependencia hacia mercados extranjeros.

Esto implica flujos de dinero desde economías emergentes hacia países desarrollados. A modo de ejemplo, Uber cobra alrededor de un 25% de comisión sobre cada viaje realizado, dinero que ni siquiera se tributa en Chile sino que va a parar a una filial en Holanda.

Sin embargo, la implicancia va más allá de la desviación de recursos, representa inconvenientes también en cuanto a soberanía. La información que se recolecta a través de redes sociales es de propiedad de las empresas que las gestionan. Dicha información es valiosísima (contiene, por ejemplo, patrones de transporte, intereses como likes en Facebook, historial de búsquedas, etc.), se transa a precios altísimos y tienen usos inimaginables. Se dice que la efectividad de la campaña presidencial de Donald Trump está ligada a una gestión inteligente de las bases de datos de Facebook.

2. Conflictos con instituciones vigentes

Las plataformas digitales actúan de forma distinta a las empresas tradicionales, por lo mismo, sus características no se encuentran tipificadas en las leyes locales y a menudo existen vacíos legales que estas nuevas compañías aprovechan. De esta forma logran aventajar a la competencia que sí tiene que someterse a regulaciones. El mismo gerente de Uber Chile ha dicho, en entrevistas, que dicha empresa se “trata de un modelo completamente innovador que no cabe dentro de las categorías establecidas, sino que responde al modelo de la economía colaborativa” y que, por lo mismo, no tiene por qué someterse a las regulaciones que sí deben cumplir los taxis tradicionales. Es necesario actualizar los marcos normativos para garantizar la sana convivencia o, al menos, una paulatina adopción de estos nuevos servicios, que no signifique un impacto en la subsistencia de otros actores sociales.

3. La propiedad de las plataformas

Como mencioné anteriormente, las plataformas tienen sustancia y contenido gracias a sus colaboradores, mientras que la empresa que gestiona la plataforma se preocupa de facilitar las interacciones entre usuarios. A pesar de este esquema, en la mayoría de las plataformas las decisiones las toma un directorio privado, en el cual los colaboradores no tienen voz ni voto. En principio, estas son ajenas a los intereses de los colaboradores e incluso pueden ser contrarias a ellos. Las decisiones están ligadas a un afán de ganancia y no a (aunque puedan llegar a coincidir en ocasiones) el bienestar de los participantes.

¿Se justifica? El hecho de que en muchas de estas plataformas el capital físico pertenezca a los colaboradores y no a la empresa (millones de autos en el caso de Uber, millones de cámaras de video en el caso de YouTube), nos hace pensar que quizás las decisiones deberían tomarse de forma más participativa. En Chile el conflicto entre colaboradores y plataformas existe: la AGETRAPP (Asociación Gremial de Transporte Privado de Pasajeros) es la figura legal bajo la cual se agrupan cerca de mil socios conductores de Uber, quienes decidieron organizarse para hacer contrapeso a la arbitrariedad de la empresa. Decisiones como cambios de tarifas, o la incorporación del pago en efectivo, no se discuten, sino que se imponen, obligando a los colaboradores a aceptar los nuevos términos para poder seguir haciendo uso de la aplicación.

En un principio, democratizar las decisiones de una empresa privada puede parecer una exageración, pero considerando que estas influyen en temas sensibles como la seguridad salarial o la privacidad, es necesario empezar a discutir sobre ello. Alternativas pueden ser el desarrollo de plataformas de forma colaborativa (experiencias tales como el software de código abierto, que operan de forma similar a cooperativas) o, bien, establecer regulaciones desde el aparato legal.

Chile, como economía emergente, debe ser estratégico en cómo adopta estas nuevas tecnologías, viendo con cautela el actuar de las potencias tecnológicas. En este momento, presionado por el matonaje comercial de Donald Trump, nuestro país está adoptando medidas nocivas, como fortalecer las leyes de propiedad intelectual, lo cual puede obstaculizar la innovación tecnológica. Es urgente que esta discusión sea parte de un debate abierto, en donde participen todos los actores pertinentes.

La matriz productiva de un país es un asunto de interés público, por lo mismo, no debe dejarse al arbitrio del mercado ni a decisiones de tecnócratas.

Emilio Bravo
Economista
Miembro de Estudios Nueva Economía