Opinión
La pregunta que surge es qué podemos hacer para revertirlo. Para ello, es necesario que tanto las autoridades gubernamentales, los gremios pesqueros tanto industriales como artesanales y los consumidores tomen conciencia del problema y se le dé prioridad a las medidas que buscan dar sustentabilidad a los recursos pesqueros. Establecer tallas mínimas y vedas, regular el comercio estableciendo protocolos de trazabilidad e implementar los planes de manejo para las pesquerías chilenas son algunas de las más importantes.
Ad portas de terminar un nuevo mes dedicado al mar, es importante hacer una reflexión respecto a la situación actual de nuestro océano.
Por su larga costa, Chile es el décimo país con mayor Zona Económica Exclusiva del mundo, lo cual le hace acreedor, por una parte, de una enorme disponibilidad de recursos pesqueros, y por otra, de un mayor riesgo de sobreexplotación.
Hemos vivido por décadas dándole la espalda a nuestro mar, a sus productos y a las comunidades costeras. Según las estadísticas nacionales, consumimos muy pocos pescados, apenas 7 kilos per cápita, por debajo de los 12 kilos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los pueblos costeros constituyen un polo turístico y cultural en donde confluyen la hermosura paisajística y el consumo de productos del mar, extraídos por los pescadores artesanales locales. Actualmente existen alrededor de 11 mil inscritos en el registro artesanal.
Los recursos pesqueros del país están siendo cada vez más escasos desde hace décadas. A mediados de los 90, la pesca industrial y artesanal llegó a desembarcar casi ocho millones de toneladas, en una época donde esta actividad estaba escasamente regulada; hoy la pesca artesanal e industrial en conjunto no supera los tres millones. A pesar de la baja, esta cifra es aún muy elevada y esconde una realidad grave: el 60% de las pesquerías nacionales se encuentra en estado crítico, es decir, sobreexplotadas o agotadas.
Ante nuestros ojos el deterioro de las pesquerías es evidente. Si hasta hace algunos años el pescado más popular en las mesas de los chilenos era la merluza común, la que abundaba en nuestro mar, hoy con suerte, encontramos filetitos de pequeños ejemplares que no alcanzaron a reproducirse. Como no hay merluza, ahora vemos cada vez más reinetas y jibias en los mercados y ferias, lo cual obedece a que a medida que las especies se van agotando, se reemplazan por otras. Estudios afirman que de no tomarse medidas concretas y a la brevedad, la merluza común se extinguirá en 10 años.
Frente a este alarmante escenario, la responsabilidad recae en todos los involucrados, desde el gobierno, pasando por los pescadores industriales, los artesanales y también en los consumidores. La cadena de comercio de los recursos del mar es sumamente compleja y los altos precios de venta no reflejan la realidad de un país pesquero. El costo de estos productos es casi prohibitivo, desincentiva el consumo de alimentos reconocidos por su aporte nutricional en un país en el que existe un 63% de obesidad en adultos.
La pregunta que surge es qué podemos hacer para revertirlo. Para ello, es necesario que tanto las autoridades gubernamentales, los gremios pesqueros tanto industriales como artesanales y los consumidores tomen conciencia del problema y se le dé prioridad a las medidas que buscan dar sustentabilidad a los recursos pesqueros. Establecer tallas mínimas y vedas, regular el comercio estableciendo protocolos de trazabilidad e implementar los planes de manejo para las pesquerías chilenas son algunas de las más importantes.
El deterioro de nuestro océano no solamente se ve reflejado en la sobreexplotación pesquera, sino también en los ecosistemas. En Chile quedan pocas áreas que no se encuentren altamente intervenidas por el ser humano. Si bien el país ha avanzado de manera importante en la protección de ecosistemas, aún existen zonas ricas en biodiversidad que han sido desplazadas por el poder económico, lo que culmina con la instalación de industrias contaminantes, y sus consecuentes impactos medioambientales y socioeconómicos.
La conservación de lugares relevantes puede traer consigo un desarrollo económico sustentable con actividades de bajo impacto ambiental como el turismo y la pesca artesanal. Existen evidencias científicas y técnicas que avalan los enormes beneficios de la creación de áreas marinas protegidas en diversas partes del país como en el Archipiélago de Juan Fernández, en Caleta Tortel en la Patagonia, y en La Higuera, en la región de Coquimbo, en donde son las propias comunidades costeras las que han liderado los procesos de conservación en sus localidades tomado esta bandera por el resto de los chilenos.
Liesbeth van der Meer
Directora Ejecutiva Oceana Chile
