Proyecto se dividirá en dos y entrará al Congreso el 7 de agosto
La entidad pública que se creará para administrar el 5% adicional tendría una estructura similar al sistema del seguro de cesantía y cobraría por saldo acumulado, a diferencia de las AFP, que lo hacen respecto de la renta imponible. Se estima que el nuevo ente estatal recaudaría US$ 620 millones durante el primer año.
El Gobierno se prepara a enviar el muy anticipado proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones de Chile.
Hay consenso en que será el más radical desde que se instaló el sistema de las AFP durante la dictadura, ya que introduce por primera vez un pilar de reparto.
La semana pasada La Moneda informó que la iniciativa entrará al Congreso el próximo 7 de agosto. Hasta ahora no se habían filtrado detalles, pero ayer domingo El Mercurio publicó alguno de sus aspectos claves.
El más revelador es que la entidad pública que se creará para administrar el 5% adicional tendrá una estructura similar al sistema del seguro de cesantía –Administradora de los Fondos de Cesantía (AFC)– y en 40 años, se anticipa, manejaría fondos por el 35% del PIB.
El organismo público tendría una estructura «liviana» y cobraría por saldo acumulado, a diferencia de las AFP, que lo hacen respecto de la renta imponible.
De acuerdo al reportaje, esa estructura le permitiría al Ejecutivo cobrar comisiones más bajas que las AFP. Y explica que el organismo administraría un solo fondo, versus los cinco que manejan las administradoras actuales. No tendrá fuerza de ventas ni sucursales, ya que usarían las del Instituto de Previsión Social (IPS).
El matutino cita a fuentes gubernamentales que revelan que la comisión promedio sería similar a la de la AFC ($6.500 por cotizante), mientras que en las AFP este monto se ubica en alrededor de $30 mil.
Aunque desde el gremio de las AFP cuestionaron esas cifras.
El Gobierno también propondrá que las AFP asuman una parte –en un rango de entre 5 y 15 por ciento– de las comisiones de intermediación. Eso viene en respuesta a las críticas por las supuestas «comisiones fantasmas». El objetivo sería dar mayor transparencia.
Según lo publicado por El Mercurio, que cita una minuta del Ejecutivo, a diciembre de 2015, el 44% de la cartera total de los fondos de pensiones se encontraba invertida en activos sujetos al pago de este tipo de comisiones. Y el total que pagaron por ese tipo de comisiones fue US$ 420 millones.
El reportaje también revela que el Gobierno dividirá el proyecto en dos para facilitar su trámite en el Congreso.
La institucionalidad de la nueva entidad estatal que administrará los 5 puntos porcentuales adicionales de cotización individual a cargo del empleador se definirá en una Ley Orgánica Constitucional (LOC), de modo de asegurar su continuidad en el tiempo. Ese proyecto de ley ingresaría por el Senado.
Hacienda quiere que el nuevo ente esté «blindado» de eventuales cambios dependiendo del Gobierno de turno. Aunque cabe recordar que la Nueva Mayoría no cuenta con los votos para la aprobación de una LOC en el Parlamento.
La segunda parte de la reforma, que incluiría las modificaciones a la regulación de las AFP, la obligación de cotización a los trabajadores independientes y el aumento del tope imponible, ingresaría a través de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, informa diario.
El reportaje afirma que la cotización adicional se iría incrementando en 0,8 pp. cada año. El primer año nada irá a las cuentas personales. Se estima que el nuevo ente estatal recaudaría US$ 620 millones durante el primer año.
