Opinión
El potencial efecto negativo en el empleo formal que puede traer la reforma previsional del Gobierno resulta doblemente relevante: no se trata solo de los perjuicios para el país y para los hogares de perder puestos de trabajo, sino que la fórmula escogida por nuestras autoridades dañaría con alta probabilidad una de las claves más importantes para mejorar la densidad de cotizaciones y así aumentar las pensiones.
Resulta difícil refutar que una de las principales razones de por qué las pensiones son bajas radica en que ahorramos poco. Los datos de la Superintendencia de Pensiones así lo revelan: 4 de cada 10 pensionados por vejez ahorraron por menos de 15 años y solo 1 de cada 10 ahorró por más de 30 años. Por su parte, el promedio de densidad de cotizaciones en junio recién pasado fue de 53%, lo que en simple significa que, en un año, quienes estamos afiliados al sistema de AFP cotizamos solo por cerca de 6,4 meses.
Esta realidad se relaciona directamente con lo que ocurre en nuestro mercado laboral: lagunas previsionales producto de largos periodos de inactividad, sobre todo en el caso de las mujeres, e informalidad que afecta en mayor medida a sectores más vulnerables, son solo algunos ejemplos de ello. Por esto, existe cierto consenso en cuanto a que cualquier cambio en nuestro sistema previsional debe procurar abordar este problema, y buscar mecanismos que minimicen las lagunas e incentiven la cotización.
Lamentablemente, las conclusiones del Informe de Productividad del proyecto de ley recientemente ingresado por el Gobierno dan cuenta de que la reforma previsional que discutimos por estos días va justamente en sentido contrario. Dicho Informe señala que, de implementarse el aumento de 5 puntos en la cotización que propone el proyecto, el efecto negativo en el empleo formal podría oscilar “entre 2.200 y 394.000 empleos, con efectos intermedios de 60.000 a 124.000 empleos”.
Las autoridades rápidamente reaccionaron a este resultado señalando que cualquier aumento en la tasa de cotización tendría un efecto negativo en el empleo formal, aludiendo a la propuesta presentada por Sebastián Piñera, que también plantea un aumento en la tasa de cotización, pero de 4 puntos porcentuales que se destinarían por completo a las cuentas individuales de los trabajadores.
Además del monto del mayor ahorro y de la gradualidad con la cual este sea implementado, el potencial efecto negativo en el empleo depende también de la valoración que realicen los trabajadores del beneficio futuro de aumentar hoy la cotización (a menor valoración, mayor impacto negativo). Respecto a este último punto, la propuesta del Gobierno presenta una gran desventaja, al destinar parte del mayor ahorro de los trabajadores al financiamiento de otros pensionados (actuales y futuros).
En concreto, el Gobierno plantea que en principio toda la mayor cotización y en régimen hasta 40% de esta (2 de los 5 puntos) financie un incremento en las pensiones de otras personas, diferentes de quien aportó. Esto rompe la relación que sí existe cuando la cotización se destina a las cuentas individuales: a mayor ahorro, mayores beneficios futuros. La menor “apropiabilidad” del mayor ahorro presente en la propuesta del Gobierno acentúa la probabilidad de que el trabajador no valore el incremento en la cotización y que existan incentivos a la informalidad. En este escenario, los efectos negativos sobre el empleo formal pueden acercarse a los límites máximos establecidos en el Informe de Productividad.
Por el contrario, si la mayor cotización se destinara íntegramente a las cuentas individuales de los trabajadores (manteniéndose así la relación “mayor ahorro, mayor pensión”) y se administrara con la máxima eficiencia y competencia (lo cual tampoco es claro en la reforma del Gobierno, que eligió que todo el mayor ahorro fuese administrado por un nuevo ente estatal), es más probable que se valore su beneficio futuro, y que, por ende, el efecto negativo sobre el empleo formal se atenúe.
El potencial efecto negativo en el empleo formal que puede traer la reforma previsional del Gobierno resulta doblemente relevante: no se trata solo de los perjuicios para el país y para los hogares de perder puestos de trabajo, sino que la fórmula escogida por nuestras autoridades dañaría con alta probabilidad una de las claves más importantes para mejorar la densidad de cotizaciones y así aumentar las pensiones, pudiendo resultar el remedio peor que la enfermedad.
Alejandra Candia
Directora del Programa Social de Libertad y Desarrollo
