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Se mueve el tablero en caso Financoop: reconoce default en pago de $ 15 mil millones e Interventor da una mano al gobierno Caso tiene al Ministerio de Economía en una encrucijada política

Se mueve el tablero en caso Financoop: reconoce default en pago de $ 15 mil millones e Interventor da una mano al gobierno

Héctor Cárcamo
Por : Héctor Cárcamo Periodista El Mostrador Mercados
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La cooperativa ha jugado sus cartas para revertir el avance de proceso judicial que podría llevarla a la liquidación. Sus depositantes y socios, que no han podido retirar sus dineros, han presionado a la autoridad para que libere el ‘corralito’ impuesto tras el rechazo de la solicitud de reorganización judicial. Un duro recurso de queja en la Corte de Apelaciones contra la jueza que rechazó dicho proceso y la solicitud de no innovar sobre los procesos judiciales que tienen paralizada a la firma, pusieron a la cartera de Economía contra la pared. A última hora, el interventor le dio aire a dicha secretaría de Estado, aunque siguen las dudas sobre lo ocurrido en los últimos meses.


Entre la espada y la pared está el Gobierno a raíz del caso Financoop. Luego que a mediados de agosto pasado pidieran y obtuvieran de los tribunales de justicia el congelamiento de las operaciones de la cooperativa y en paralelo el rechazo a la solicitud de reorganización concursal de la misma, hoy la situación se le ha vuelto en contra y tiene al Ministerio de Economía en una encrucijada política.

El Departamento de Cooperativas (Decoop) de la cartera que hoy dirige el DC Jorge Rodríguez Grossi, ha justificado su accionar aduciendo el engaño por parte de la administración de Financoop en la entrega de sus estados financieros, en particular, que ocultaban la real situación de la cartera de créditos, la cual tendría al menos un tercio de sus préstamos vencidos.

A juicio de la autoridad, si se sinceraran las cifras de la cooperativa ligada a ex ejecutivos, directivos y socios de los ex controladores de Banco del Desarrollo, deberían reconocer pérdidas de casi $ 10.000 millones, que dejarían sin patrimonio a la compañía.

La empresa ha negado esta situación, asegurando de vuelta que el Gobierno estaba enterado incluso desde fines del año pasado de la situación que enfrentaban y que de hecho tenían un acuerdo conjunto para darle una salida a la firma, traspasando la cartera morosa a una fundación. De paso, Financoop era –según reveló Ciper– parte de un proyecto mayor de los ex controladores del Banco del Desarrollo, hoy propiedad de Scotiabank, con el objeto de crear una nueva entidad bancaria, idea –liderada por Vicente Caruz– que se ha visto truncada.

Sin embargo, el factor más complejo para el Ejecutivo se abrió justamente a propósito de las medidas que consiguió ante los tribunales. Más de 2 mil personas tienen depósitos en la cooperativa y han comprobado desde mediados de agosto que no solo no les pagan los intereses por dichas captaciones sino que tampoco puede retirar su dinero.

En ese contexto, este jueves, el interventor designado Juan Manuel Valenzuela ingresó al 23° Tribunal Civil un escrito donde “aclara” que las medidas prejudiciales requeridas en agosto pasado no incluían la prohibición de que la cooperativa pudiera ingresar el pago de créditos ya cursados por la empresa, abriendo así la posibilidad de que se generen ingresos que permitan mantener el pago de las acreencias de Financoop.

Según explica en su escrito, la prohibición de celebrar actos y contratos “no contempla o incluye que la cooperativa no pueda recibir pagos por conceptos de créditos otorgados a sus socios y que se encuentren cursados y vigentes; de igual manera no afecta la medida a aquellos créditos que se pagan vía descuentos por planilla y/o por medio de convenios de pago que se encuentren vigentes, debiéndose realizar los pagos en las cuentas corrientes de Financoop».

La solicitud es clave, pues –según informó la propia cooperativa al 30° Juzgado en su recurso de reposición ante este– ya suman casi $ 15.000 millones los depósitos a plazo que no han podido pagar a sus clientes, a causa de la paralización de la cooperativa, reconociendo así un default de facto, una insolvencia “al menos potencial”, como la definió la propia cooperativa. En todo caso, el propio Gobierno señaló esta semana que la prohibición de retirar los depósitos de la cooperativa viene del hecho de que no exista claridad sobre la situación financiera de la compañía, en particular su cartera de créditos vencida.

Escenario inmanejable

Luego de perder en primera instancia ante el 30° Juzgado la solicitud de reorganización judicial, el abogado de la cooperativa, Rodrigo Zegers, ingresó un recurso de reposición el que tampoco fue acogido por la jueza suplente Claudia Salgado Rubilar, asegurando que no había agregado antecedentes nuevos.

Frente a ello, el profesional recurrió esta semana a la Corte de Apelaciones de Santiago con un recurso de queja contra Salgado, reiterando sus argumentos. Por un lado, reclama que el tribunal no debió analizar si había mérito de fondo para acoger la reorganización –echando abajo la arremetida gubernamental– sino simplemente verificar que todos los antecedentes legales requeridos fueran adjuntados, incluyendo para ello un informe encargado al abogado Juan Esteban Puga Vial que suscribe dicha posición.

Pero además argumenta que, si la jueza considera necesario que se evidencie la insolvencia de la empresa (punto de fondo planteado por Salgado), ya había elementos suficientes para demostrarlo. Según lo indicado por Zegers, entre el 16 de agosto y el 15 de septiembre de este año, “surgieron 1.679 depósitos a plazo por la suma de $ 14.773 millones que no pudieron ser pagados y/o renovados, por las razones ahí explicadas”, aludiendo a la paralización en que se encuentra la compañía tras la orden judicial.

Según indica el recurso, para sustentar esa información entregaron un CD-ROM con detalle de todos los más de mil depósitos a plazo que no se pagaron o que no fueron renovados, incluyendo montos, fechas de vencimiento e identidad de los tomadores, todo aquello enviado por el gerente de operaciones y finanzas de Financoop, Sergio González.

No es el único pelo en la sopa para el camino tomado por el Gobierno. Además del caso en el 30° Juzgado, tienen otro en el 29° Juzgado Civil, donde originalmente obtuvieron el congelamiento de bienes de la entidad y la orden de no suscribir contratos y ya iniciaron el juicio sumario para determinar si se lleva a efecto la disolución forzada que pide la autoridad. El tribunal llamó a ambas partes a audiencia en no menos de tres semanas más, mientras, en paralelo, al menos tres depositantes reclamaron el pago de sus depósitos, por un total de casi 250 millones de pesos.

Pero también se suman dos aristas judiciales más. Por un lado, una que ya ganó el Gobierno y el CDE y por la cual Financoop se verá obligada a revelar la identidad de todos los depositantes de la cooperativa, información que Economía considera clave para determinar con claridad la situación financiera de la empresa, dado que una parte importante de quienes toman créditos con Financoop también es socia de la misma o incluso es asimismo depositante, es decir, acreedor. El cruce de activos y pasivos parece ser un elemento clave para la autoridad, aunque Zegers afirma que la información sorprenderá, pues los depositantes son principalmente personas comunes y no grandes empresarios o ex socios de Norte Sur, la ex controladora del Banco del Desarrollo.

La otra vertiente puede cambiar todo el escenario actual. El miércoles pasado, la depositante Carolina Arellano, representada por la abogada Margarita González, ingresó un recurso de protección en el que requiere orden de no innovar contra todos los procesos que se siguen sobre liquidación forzada de Financoop y el que se disputa sobre reorganización judicial de la misma.

Según explicó la afectada, la justificación de tal requerimiento es porque, si se aprueba la liquidación de la sociedad, definitivamente sus casi $ 60 millones en depósitos no podría utilizarlos, lo que –su juicio– vulnera sus derechos constitucionales (propiedad privada).

El Gobierno ha sentido la presión. Son más de 2 mil las personas con depósitos en Financoop y así lo han ido haciendo ver a la autoridad y la cooperativa en distintas instancias.

Reuniones con la autoridad el 22 de septiembre pasado, requerimientos a la cooperativa por parte de los afectados, en forma individual en algunos casos y de manera organizada en otros, además de numerosas presentaciones en tribunales y cartas a las Seremi de Economía en las cinco regiones donde funcionaba Financoop, han puesto en evidencia el gran número de afectados por el caso.

De hecho, el 26 de septiembre pasado la Cámara de Diputados –a solicitud del diputado Jaime Bellolio– ofició al Ministerio de Economía para que informara de la situación de la cooperativa y de las consecuencias que está teniendo para la compañía, lo cual no habría sido contestado aún.

Y es que –de acuerdo a los cálculos de la cooperativa y también de los depositantes– la reorganización judicial permitiría recuperar al menos dos tercios de las acreencias, monto que bajaría a menos de la mitad si se optara por el camino que hasta hoy está consiguiendo la autoridad por la vía de la liquidación forzosa.

Frente a ello, el Ejecutivo ha reiterado que sigue a ciegas respecto de la situación financiera de la compañía y que así lo ha ratificado la justicia en los casos donde ha recurrido y hasta ahora tiene completo éxito. En esa línea, afirmó el lunes pasado que “hasta la fecha, se desconoce el real estado financiero de la entidad, específicamente el porcentaje de su cartera dañada y, por ende, las pérdidas patrimoniales efectivas”, lo cual explica que la justicia mantenga las cautelares y se impida así que las personas retiren sus depósitos.

Esta versión es absolutamente rechazada por la cooperativa, la cual asegura que lo dicho por el Gobierno es falso. “Mensualmente el Decoop ha recibido de la Cooperativa todos los archivos de procedimientos de información y supervisión que están establecidos en su normativa. Con fecha 31 de enero la autoridad recibió los estados financieros del año 2016, complementados en marzo con el dictamen de los Auditores independientes de KPMG, que certificaban que estos Estados Financieros cumplían cabalmente con las normas del Decoop. Adicionalmente, la cooperativa ha informado electrónicamente la información mensual y completa de sus estados financieros, cartera de créditos, garantías, etc., para el año 2017”, indicó.

De paso, ayer el interventor Juan Manuel Valenzuela –el mismo que estimó que un 75% de la cartera de créditos de la cooperativa está vencida– requirió al 23° Juzgado Civil la determinación de sus honorarios por la labor que está realizando. En su escrito, pide se le reembolse $ 12 millones por el trabajo de septiembre y que en adelante se la cancele líquido 6 millones mensuales, recursos que son financiados por la propia cooperativa.

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