Recomendaciones tributarias al futuro Presidente de Chile

Aunque las elecciones, como los partidos de fútbol, son siempre inciertas, pues hay imponderables de último minuto que pueden cambiar completamente el juego, y consecuentemente el resultado, existen ciertos elementos que permiten anticipar lo que va ocurrir. En el fútbol se utilizan parámetros como: los resultados previos; el momento en que se juega; el talento deportivo de quienes intervienen; lo que se está jugando; el premio comprometido, etc. Lo mismo, pero con otros criterios, se utiliza para prever quién ganará una elección.

Lo relevante en ellas es quién participa y su historia, porque sobre la base de esos elementos el electorado define. Dado que, tal como ocurrió con el partido de Chile con Brasil, en el que incluso los más optimistas asumían que nuestra selección perdería, en las elecciones de noviembre pasa algo parecido. Pocos apuestan a que Piñera pierda. Más bien dan por hecho que ganará.

Asumiendo que esa conjetura se hará realidad, es que me permito, en el ámbito de mi especialidad, hacer algunas sugerencias específicas al futuro Presidente de Chile, que, salvo alguna circunstancia extraordinaria, será Sebastián Piñera.

Mi primera recomendación es que no solo se mantenga al actual director nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, por todo el tiempo que fue elegido por la Alta Dirección Pública (ADP) –termina en agosto del 2018– sino que además le prorrogue su mandato por otros tres años.

Las razones:

1) Porque es un funcionario de carrera, lo que le ha permitido conocer el funcionamiento del SII, y hacer frente en forma inteligente a la problemática no menor que dicho organismo arrastraba –financiamiento de la política–.

2) Porque ha generado un excelente clima interno. No ha habido paros ni movilizaciones.

3) Porque conformó un equipo de excelencia, integrado por profesionales que, además de ser especialistas destacados y registrar en su historia personal una innegable vocación pública, han sido capaces de administrar eficientemente y en tiempo récord dos reformas significativas: leyes 20.780 y 20.899.

4) Porque el nuevo Gobierno debe dar una señal en orden a que el Estado no es el Gobierno y que, por lo mismo, sus órganos –tal como el mismo Barraza lo señaló al diario El Mercurio– no pueden estar expuestos a los ciclos políticos.

Ojalá que Piñera, si resulta elegido Presidente, proceda como sugiero, porque el SII es un órgano clave en nuestro sistema.

Mi segunda recomendación es que, en vez de plantear una nueva Reforma Tributaria, Laboral y/o Educacional, destine los recursos que sean necesarios para contratar a los mejores centros de estudios del mundo, para que le propongan al país varias alternativas de reforma en los ámbitos referidos.

Centraré mi opinión en lo impositivo. Puedo señalar, y con propiedad, que el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet no aprovechó la coyuntura política que habría permitido aumentar significativamente la recaudación por medio de normas simples y equitativas. Optó por hacerse eco de lo que propuso Hacienda y un equipo cerrado. Lamentablemente lo que propusieron fue muy complejo de implementar y particularmente regresivo. No ayudó a la economía, la que se contrajo y se llenó de dudas. La suma de las críticas que se hicieron y que vinieron de todos los sectores, permitió que en la Comisión de Hacienda del Senado, dirigida por el honorable senador Ricardo Lagos Weber, se suscribiera un protocolo de acuerdo, que morigeró un poco lo malo del proyecto. Tanto, que fue necesario promover una segunda Ley. Las Circulares que el Servicio ha dictado luego han sido varias decenas y suman miles de páginas. Me pregunto si alguien en sus cabales puede estar de acuerdo en un sistema así.

Mi opinión es que simplemente debe hacerse un cambio completo, sobre la base de lo que se proponga por el centro internacional que el Gobierno elija. Debiera optarse por aquel sistema que sea compatible con nuestra cultura, y a partir de la experiencia comparada, combine el resultado de igual recaudación con los principios que informan un buen sistema impositivo.

Desde ya, y aunque parezca obvio, el gasto asociado a la fiscalización y la recaudación debiera ser muy marginal en relación con lo que significa la carga impositiva. Las leyes que lo regulan debieran reducirse y sintetizarse en normas claras y precisas que den certeza al ciudadano. Debiera privilegiarse la conciliación en sede administrativa, incluso cuando hay juicio. Con los litigios no ganan ni el fisco ni el contribuyente.

El Estado debe recoger los impuestos cuando el contribuyente tiene ingresos suficientes para pagarlos. Facilita esto el que se puedan pagar por parcialidades (PPM) y que la obligación nazca cuando el ingreso o la renta se perciban. No ayudan los intereses expropiatorios ni los abusos administrativos, el excesivo celo en la aplicación de la ley termina por degradar al ciudadano. Lo que se recauda debe derivar siempre de la correcta y equitativa aplicación de la ley. Los súbditos de un Estado, decía Adam Smith, “deben contribuir al mantenimiento del Gobierno, cada uno lo más posible en proporción a su facultad, es decir, en proporción a la renta de que gozan bajo la protección del Estado”.

Neutmark agregó después lo siguiente: “Todas las personas naturales y jurídicas con capacidad de pago deben someterse al impuesto, salvo que se excluya por motivos basados en los fines del Estado”. Las personas, cuando están en la misma posición jurídica, deben recibir el mismo trato impositivo, concediéndose un trato diferenciado solo a las personas que están en una situación distinta. Las cargas fiscales deben fijarse en proporción a los índices de capacidad de pago, de forma que la imposición resulte igualmente onerosa, en términos relativos, a cada contribuyente. Los beneficios que se establezcan, salvo que tengan por objeto provocar externalidades positivas, como, por ejemplo, favorecer el desarrollo de la filantropía o la instauración de empresas en zonas estratégicas, no debieran incidir en que se desarrollen actividades que, de no mediar esos beneficios, no se realizarían. Los impuestos deben aplicarse reconociendo la intimidad económica y la libertad que le asiste al dueño del capital para disponer de él a su arbitrio.

No deben traducirse en ventajas para ciertas industrias. Deben estructurarse de tal forma que los ingresos que el Estado obtiene por ellos sea capaz, no solo de financiar sin necesidad de deuda los gastos ordinarios, sino también permitir el ahorro o el pago de gastos extraordinarios. El sistema debe ser suficientemente flexible como para reaccionar inteligentemente a las fluctuaciones del mercado y de la actividad económica.

Un factor relevante y que está ausente en la reforma introducida por el Gobierno actual, y que ya cuestionamos, es que las normas sean susceptibles de ser cumplidas oportuna y fácilmente por los contribuyentes y aplicables del mismo modo y para todos de la misma forma por la administración fiscal. Dificulto que la administración actual que fiscaliza hoy, aplicando leyes que no están vigentes –porque fueron derogadas, pero que aplican a ejercicios susceptibles de ser revisados–, tengan la capacidad para mutar y aplicar la leyes nuevas y que, cuando lo haga, no se generen problemas que los tribunales no tienen la capacidad física de abordar.

Sugiero que estos cambios respondan a una propuesta internacional que sea elaborada técnicamente y por especialistas con probada experiencia, para evitar que sean influidas o cruzadas por intereses personales. Sugiero también que sean revisadas por el poder político, en función de los resultados prácticos que han tenido en otros países, y siempre con una mirada de Estado, que reconozca el compromiso colectivo de no intervenirlas por un prolongado espacio. Hay normas que en 10 años han sido 3 o más veces modificadas, lo que resulta injusto y del todo irracional.

Sería también muy conveniente, para lograr una mayor adhesión social, que el sistema introduzca variables democráticas. Por ejemplo, que se autorice a los contribuyentes para que en su misma declaración establezcan que una parte de lo que paguen se destine a ciertos fines o instituciones. Como, por ejemplo, actividades culturales (Teatro Municipal o Teatros Regionales) o de caridad (Teletón, Hogar de Cristo, Fundación las Rosas, Coaniquem), etc.

Christian Aste
Abogado