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Acusan a la autoridad de levantar cortina de humo para eludir responsabilidad

Crisis de Financoop: ahora son los aportantes los que critican con dureza actuar de Economía

por 17 noviembre, 2017

Crisis de Financoop: ahora son los aportantes los que critican con dureza actuar de Economía
La demanda de disolución presentada por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía recibió duras contestaciones por parte de los ahorrantes de la fallida compañía, conocida por sus vínculos con Norte Sur y la Democracia Cristiana. Estos acusan a la autoridad de haber eludido su responsabilidad al no haber fiscalizado a tiempo a la cooperativa y, al mismo tiempo, denuncian la existencia de “conversaciones secretas e impropias” entre la administración de la firma y el regulador.
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La historia de Financoop todavía se sigue escribiendo en los tribunales civiles. Ayer se realizaron las contestaciones a la demanda de disolución que el Departamento de Cooperativas, dependiente del Ministerio de Economía, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentó hace meses. Lo hizo tras detectar una profunda crisis financiera en la compañía.

Financoop, firma que se fundó bajo el alero del grupo Norte Sur y que hasta su crisis mantenía estrechos vínculos con ex ejecutivos del grupo y también con la Democracia Cristiana, ha reclamado –a través de sus abogados– en varias oportunidades por las medidas prejudiciales precautorias que levantó Economía; pero ahora fueron sus aportantes, representados por el abogado José Tomás Fabres, quienes levantaron la voz.

Por medio de un escrito presentado ayer, Fabres no solo cuestionó la pertinencia de la demanda de la autoridad, la cual busca paralizar las funciones de la compañía y congelar el uso de sus recursos, sino también sus actuaciones previas a la medida prejudicial. Todo esto, tras detectar una pérdida patrimonial en Financoop que alcanzaría al 171% de su patrimonio al 30 de junio de este año.

A juicio de Fabres, representante de cerca del 70% de los aportantes ajenos a la administración de la empresa, dicha pérdida patrimonial repercute directamente en la autoridad, pues esta “olvida que la confianza en una institución de ahorro y crédito la generan principalmente quienes las fiscalizan, es decir, en el caso presente, la propia actividad fiscalizadora del Departamento de Cooperativas. De este modo, la falta de información fidedigna para el mercado es responsabilidad del fiscalizado, por cierto, pero también y muy principalmente del fiscalizador”.

Para los aportantes, que también presentaron una propuesta de conciliación con tal de ir recuperando sus dineros, la demanda de Economía es una “reacción totalmente desproporcionada y destemplada”, ya que “intenta ocultar su más absoluta y total negligencia, o bien su incapacidad técnica para ejercer las facultades de fiscalización y control que la asignan las reglas vigentes en resguardo de los intereses de los socios de la cooperativa y de los terceros inversionistas (como lo reconoció en el Parlamento la actual Subsecretaria de Economía, doña Natalia Piergentili), o, en último término, la desidia o inacción en el ejercicio de las acciones previas que la propia legislación establece para evitar la disolución”.

La contestación presentada ayer profundiza en las críticas hacia la autoridad y advierte que su demanda es un intento “por tender una suerte de cortina de humo sobre la responsabilidad funcionaria de quienes han ejercido las funciones de fiscalización y control (incluida por cierto la propia Jefa del Departamento de Cooperativas que comparece en autos como demandante), para eludir la responsabilidad civil de esas personas y del propio Fisco de Chile para con los terceros afectados por la actuación negligente de sus agentes, como lo son todos mis representados”.

Todas, cuestiones que en algún grado fueron reconocidas por los propios funcionarios del ministerio.

A mediados de octubre, la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili, fue invitada a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para dar explicaciones. Allí reconoció abiertamente que no sabían de los problemas contables y financieros de Financoop y que, si no hubiese sido por los propios ejecutivos de la firma, quienes le revelaron que no estaban cumpliendo con estándares de provisiones, “no hubiésemos sabido y hubiera continuado esta bicicleta”.

Como publicamos hace algunas semanas, según la funcionaria, Financoop venía en un ejercicio de “bicicleteo” financiero desde hacía tiempo, captando cada vez más inversiones de personas y sociedades (pasivos), mientras mantenía al día (vigentes) al menos casi un tercio de sus créditos vencidos. Esto, imitando parte de lo que ocurrió con La Polar, es decir ,creando nuevas líneas de créditos y otras fórmulas de refinanciamiento muy ventajosas que permitían mantener la cartera vigente, pero ponían en riesgo la generación de liquidez (efectivo) necesaria para pagar los intereses ganados por sus ahorrantes.

“Creemos que, a diferencia de otros organismos fiscalizadores, la estructura de fiscalización del Departamento de Cooperativas es más débil que otros. No tenemos una estructura tan robusta como quisiéramos. Nuestro rol no es solo fiscalización sino también fomento. Y a partir de algunos hechos suscitados con cooperativas justamente por fiscalización es que algunas pasaron a control de la Sbif. Tenemos clara conciencia de que las 38 cooperativas que fiscalizamos, aparte de las de agua potable, etc., sobrepasan por más la capacidad institucional que tenemos para fiscalizar”, dijo la funcionaria ante la Cámara.

Conversaciones impropias

Los ejecutivos que llegaron hasta Economía para hacerles ver dicha situación eran Daniel Albarrán y Ernesto Livacic. El primero preside la compañía, es PPD y fue subsecretario durante el Gobierno de Lagos; mientras Livacic es un conocido DC, con vínculos en Norte Sur y ex superintendente de Bancos.

Cabe recordar que el plan que habían diseñado los ejecutivos de Financoop era crear una fundación que absorbiera parte de la cartera de créditos deteriorada. Se llamaría “Fundación para la Acción Cooperativa” y fue presentada a la autoridad.

Con ese trasfondo, Fabres expuso en su escrito que “sin previo aviso, y tras conversaciones secretas e impropias entre la administración de la Cooperativa y los agentes fiscalizadores, a espaldas de los ahorrantes y del mercado en general, se plantea derechamente una demanda de disolución”.

“¿Se aplicaron previamente multas u otras sanciones a partir del mes de abril de 2017, fecha en que dicen los actores haber tomado conocimiento de los hechos en que justifican su demanda, como se hizo con la Cooperativa Abate Molina? Nada de nada. En lugar de informar al público en general, y en especial a los inversionistas, nuestros funcionarios públicos prefirieron ‘jugarse la personal’ y tratar de arreglar este asunto políticamente. Los resultados de esta muy mala jugada han sido desastrosos para aquellos cuyos intereses declara defender los demandantes: los intereses de ahorrantes y socios”, continúa.

A juicio del abogado, el actuar de Economía fue arbitrario porque, en caso de que Financoop hubiese perdido el 50% de su patrimonio, su administración tenía que haber llamado a una junta de socios en 30 días para que se acuerde un aumento de capital dentro de 90 días, como lo establece la norma.

“Lo verdaderamente desconcertante es que el demandante nunca ha pedido la celebración de una Junta con el objeto de dar cumplimiento a lo prescrito por el inciso 1° del art. 68 de la RAE 1321, destinada como está a resolver precisamente los problemas de detrimento patrimonial de una Cooperativa. Esa petición sólo la formuló mi parte en su escrito de contestación de traslado de fecha 11 de noviembre de 2017 en el cuaderno de precautorias (prejudicial)”, plantea.

Finalmente, el representante de los depositantes sostiene que el “mayor mal que se ha podido provocar a la Cooperativa, a sus socios y a los acreedores a los que represento, ha sido el hecho de que la autoridad fiscalizadora haya mantenido en reserva –oculta a los inversionistas y al mercado en general– la información de la que tomó conocimiento en abril de 2017 (reconocida en la demanda) y de la que el público se enteró por la iniciación de este juicio mediante las medidas prejudiciales precautorias impetradas que han incrementado sustantivamente el daño causado a mis representados”.

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