Fin a la impunidad fiscal

La cascada de revelaciones de los “Paradise Papers” nos acaba de recordar esta brutal realidad: no todos somos iguales ante los impuestos. Los 13,5 millones de documentos revisados por cientos de periodistas en todo el mundo subrayan la facilidad con la que los individuos más ricos y multinacionales pueden ocultar sus activos. Y estos paraísos fiscales no solo se encuentran en islas lejanas: para las multinacionales americanas como Nike o Uber, los Países Bajos se han convertido en un paraíso fiscal aún más atractivo que las Bermudas.

Desde hace unos días, los protagonistas señalados por la prensa multiplican las declaraciones, asegurando que en ningún momento han violado la ley, que sus inversiones estaban en línea con la lógica de la optimización fiscal, y no con la evasión fiscal. De hecho, los «Paradise Papers» revelan la profesionalización del sistema global de evasión fiscal. Precios de transferencia, préstamos dentro de un mismo grupo: las empresas que tienen sucursales en varios países tienen la posibilidad de aprovechar las diferencias en la legislación entre ellos, poniendo a todas las naciones en competencia. Estos montajes complejos son indescifrables a los ojos de la mayoría de las administraciones fiscales, sobre todo porque la austeridad fiscal obligó a estas a una fuerte reducción de personal en la última década.

Si todo esto es «legal», entonces las leyes tienen que ser cambiadas. Continuar tolerando la impunidad fiscal es optar por la concentración de la riqueza contra el mantenimiento de servicios públicos de calidad o la preservación del medio ambiente. La cuestión no es solo moral, se trata de mucho dinero. Globalmente, más del 40% de los beneficios obtenidos por las multinacionales son trasladados artificialmente a paraísos fiscales, y el 8% de la riqueza financiera de los individuos está oculta allí, según los cálculos del economista Gabriel Zucman. Se trata de un déficit de 350 mil millones de euros al año, de los cuales 120 mil millones de euros corresponden a la Unión Europea y 20 mil millones de euros a Francia.

En el mundo entero, la gente está enfadada por seguir pagando sus impuestos, bajo pena de demandas judiciales, mientras que Apple solo paga el 0,01% de los beneficios en impuestos gracias a un acuerdo fiscal secreto con Irlanda. Ahora tenemos la oportunidad de combinar esta indignación popular con la voluntad política. Porque sabemos qué hacer. Esto comienza, como proponemos en la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), con la tributación unitaria de las multinacionales.

Algunas tienen cientos de sucursales, y cada sucursal está sujeta a impuestos por separado, lo que provoca esta carrera para conceder patentes o regalías en un paraíso fiscal, y así evitar el pago de impuestos donde tiene lugar la actividad económica, alegando que operan legalmente. La realidad económica es que se trata de un grupo único y debe ser gravado como tal. Las multinacionales deben ser gravadas primero como una sola unidad, y luego los ingresos fiscales distribuidos entre los países dependiendo de la actividad y de los empleos.

Cambiar las reglas del juego también significa atacar a los intermediarios financieros, regular sus acciones, exigirles que expliquen por qué utilizan estructuras offshore. Cada país debe también declarar la realidad de las actividades económicas de las sucursales que alberga, crear registros de los beneficiarios finales de las empresas y, por último, legislar para proteger a los lanzadores de alertas. La tarea es enorme, pero no imposible. La impunidad fiscal no es una fatalidad.

Eva Joly
Diputada al Parlamento Europeo, vicepresidenta de la Comisión de Investigación sobre Evasión Fiscal y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT)